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Antonio Marco

Hace tiempo que me resisto a participar directa y públicamente en debates sobre la situación política actual. En el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el “estado de alarma”, primero decretado al principio de la pandemia del covid y luego sucesivamente prorrogado por el Parlamento, me detenía también hasta ahora el no conocer la sentencia íntegra, todavía no publicada cuando escribo esta reflexión. De los fragmentos que conocemos y del debate que se va generando estos días se deduce ya suficiente información. Dado que el fondo de la sentencia se presenta por algunos, sobre todo por los votantes positivos de la sentencia o coincidentes con ella, como “un debate conceptual” y no político, me siento autorizado y animado para participar en el “debate de ideas”, aunque sea un simple ciudadano sin especial formación jurídica y sin transgredir mi inicial propósito.

En resumen y en mi entender, la sentencia viene a decir que las medidas de “rescisión de altísima intensidad” de derechos fundamentales impuesta por el Decreto no están amparadas por la declaración del “estado de alarma”; para tomar esas medidas se debía haber decretado el “estado de excepción”, que era posible según los jueces que aprueban la ponencia, y parece que aconsejable, porque se había producido “una alteración del orden público” que lo justificaba al excederse el ámbito meramente sanitario. Y este parece haber sido el debate conceptual: sobre el concepto de “orden público” que da pie a la sentencia.

Sobre el debate jurídico nada opinaré. El debate está en los medios de comunicación. Desgraciadamente no todos los medios recogen todas las opiniones, sino en general y faltando a su función, solo recogen o resaltan las que resultan coincidentes con su ideología e intereses políticos, porque los medios de comunicación, ¡oh revelación!, tienen ideología e intereses políticos. Tan solo haré un apunte sobre la dificultad de medir la “intensidad” de la restricción o limitación de derechos hasta convertirla en suspensión, dado que no hay un aparato, ni analógico ni digital, ni un criterio definido que mida tal intensidad, a diferencia de los aparatos que miden la velocidad de un vehículo o la tasa de alcohol u otras sustancias en sangre de los conductores; esa medición, hoy por hoy, como tantas cosas y veces en derecho, es una apreciación subjetiva y en este caso parece que seis miembros del conjunto de once del alto Tribunal Constitucional han apreciado un nivel de altísima intensidad y otros cinco miembros del mismo Tribunal otro distinto de menor intensidad. La opinión contraria de Conde Pumpido, miembro del Tribunal, que ha expresado un voto particular, que ha sido recogida en algunos de esos medios, me parece altísimamente interesante.

El debate que me interesa en este momento es el conceptual. Es cierto que los conceptos, que los genera la mente humana, cambian con el tiempo, algunos incluso se olvidan y otros incluso son absolutamente novedosos. Y con la modificación de conceptos se produce el cambio de significado de una palabra, cuando no ha sido necesario generar otra nueva.

La palabra “orden”, derivada de la latina “ordo”, en principio significa “el orden, la disposición o línea de los hilos en la trama textil”. Pocas palabras existirán en nuestra lengua con un mapa léxico tan variado, rico y complejo: decenas de significados, matices y usos. El Diccionario de la RAE, instrumento de autoridad no cuestionado, le asigna 21 significados directos y relaciona otros 41 limitados por algún adjetivo o preposición, entre ellos el de “orden público”. Así que mucho ha ido engordando y cambiando el término y el concepto.

En el caso de “orden público”, el Diccionario de la RAE le asigna en primer lugar la definición, no técnicamente jurídica, de “Situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en la que las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades.” La situación contraria sería la de “desorden público” o “funcionamiento anormal de las instituciones y el comportamiento no pacífico de las personas”. Pues bien, el problema radica en ¿“cuánto desorden público o funcionamiento anormal” se dio? ¿Con cuánta intensidad?, ¿alta, altísima? ¿Cuántos comportamientos no pacíficos hubo?

Como muchos ciudadanos, sin yo creía que el “desorden público” importante, el de altísima intensidad desde luego, es el que viene producido por una fuerte o generalizada violencia particular o social, por una desobediencia claramente enfrentada a la norma. Evidentemente, durante el duro y largo confinamiento en los domicilios particulares, con restricciones muy duras de derechos fundamentales tales como el de movimiento y de reunión, hubo un “funcionamiento anormal de las instituciones” y una restricción y limitación temporal, que no una suspensión, de determinados derechos con numerosísimas excepciones que no la hicieron absoluta, pero desde luego no hubo enfrentamientos violentos ni de altísima, ni de alta ni de baja intensidad, ni desobediencia generalizada, antes bien aceptación generalizada, y además con la ratificación primero y luego sucesivas aprobaciones del Parlamento. Estos hechos niegan por tanto la realidad de la “altísima intensidad de desorden” que ha debido ser apreciada por seis jueces frente a cinco, que se han basado en una apreciación mental o conceptual subjetiva, (admitamos que meramente intelectual y no espuriamente interesada).

Disonantes con el comportamiento cívico de muchos millones de ciudadanos prudentes y asustados por una pandemia mortal de comportamiento desconocido, que han permanecido durante unos cuantos meses encerrados pacíficamente en sus casas, estos jueces han ampliado el concepto de “orden público”. Este nuevo concepto ampliado a la mera “anormalidad” en el funcionamiento de las instituciones como consecuencias de una pandemia, ciertamente cuestiona la actuación profiláctica del gobierno exigida por toda la comunidad científica para hacer frente a la enfermedad y garantizar la vida. Ahora bien, en aras de una presunta mayor defensa constitucional de los ciudadanos y sus derechos y del debate parlamentario, lo que hace en realidad la sentencia es amenazar en el futuro esos derechos, porque si una mera alteración como la vivida, exige estado de excepción, situación conceptualmente mucho más dura que el estado de alarma, para actuar con eficacia, aunque sea innecesaria, según han demostrado los hechos, los derechos cívicos quedarán más comprometidos y al albur del gobierno y su simple mayoría parlamentaria por exigua que sea, puesto que podrá reclamar en el Parlamento “estados de excepción” con mayor facilidad cuando aprecie funcionamiento anormal de las instituciones y anormalidad en el ejercicio de los derechos.

El “debate conceptual” podía haber servido al menos para sugerir adaptar el estado de alarma, que por cierto es el que se refiere a los casos de pandemia y emergencia sanitaria y no el de excepción que para nada se refiere a ello, a la realidad vivida y dotarlo de las capacidades ejecutivas suficientes e incuestionables para hacerle frente. No se ha optado por ello sino, al contrario, por elevar conceptualmente la intensidad del desorden como mero y general funcionamiento anormal de las instituciones para justificar el estado de excepción, para justificar a su vez formalmente un confinamiento necesario para salvaguardar el primer derecho de los ciudadanos, el de la vida. Y esto me parece una errónea apreciación intelectual y un despropósito. Si es suficiente con aplicar una dosis de medicación al enfermo, ¿por qué hemos de aplicarle la máxima posible, sabiendo que los efectos secundarios son mucho más perniciosos, sólo porque supuesta y subjetivamente así lo dice el prospecto del medicamento contra la evidencia del proceso real?

Me parece finalmente poco acertado también que decisiones de tanta importancia como la modificación de un concepto jurídico que afecta a derechos fundamentales pueda ser aprobada por un tribunal, por muy alto que sea, por la mínima diferencia de un voto, y ello además, para mayor desorientación ciudadana, después de un “debate conceptual” en el que en realidad se produce una diferencia por la mínima, equivalente en realidad a un empate técnico.

Así que en consecuencia acato porque es mi deber de ciudadano, pero no comparto esta importante sentencia porque en el debate de conceptos mi mente me impone otra opinión. Y no entro, de momento, en consideraciones políticas por mantenerme fiel, de momento también, a mi propósito actual de no participar en el debate directamente político, no porque me fueran a faltar argumentos a propósito de un tribunal cuyos miembros de entrada se encuadran, o son encuadrados, como conservadores o progresistas en función de las fuerzas políticas que les propusieron o apoyaron.

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