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Gracias al Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas que se aprueba desde 2016 y que este año abordará 44 trámites

El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, José Miguel Camacho, presenta el Plan de simplificación y reducción de cargas administrativas para 2021.

El Gobierno de Castilla-La Mancha finalizará 2021 con más de 340 trámites administrativos simplificados gracias a los planes de simplificación y reducción de cargas administrativas aprobados entre 2016 y este año, que tienen como principal objetivo acercar la Administración regional a la ciudadanía y hacerla más accesible.

El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, José Miguel Camacho, ha ofrecido este dato, esta misma mañana, durante una rueda de prensa para presentar el Plan Anual de Calidad y Simplificación de Procedimientos 2021.

Este plan se compone de cinco ejes, que se desarrollan a través de doce programas. A su vez, estos cinco ejes se concretan en 60 medidas, 44 que componen el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas, y otras 16 impulsadas por la Inspección General de Servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Sistema integrado de atención ciudadana, evaluación y mejora de los servicios públicos, plan de simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas, cooperación administrativa y actuaciones de inspección y supervisión son los cinco ejes que lo integran.

Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas

En concreto, el Plan de Simplificación de Procedimientos y Reducción de Cargas Administrativas para 2021, que comprende el eje III, simplificará 44 trámites administrativos, una medida de la que podrá beneficiarse toda la población de Castilla-La Mancha.

Los 44 trámites del plan de este año se suman a los 298 que se han simplificado con los planes aprobados entre 2016 y 2020, de tal forma que, en seis años, el Gobierno de Emiliano García-Page habrá reducido un total de 342 procedimientos que ciudadanos y entidades, como empresas, cooperativas, asociaciones o ayuntamientos, realizan con la Administración regional.

Tal y como ha resaltado Camacho, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por la inspectora general de servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Paula Novo, a fecha de hoy ya se han ejecutado plenamente tres de las medidas de este plan, mientras que el resto está “en avanzado estado de ejecución, en fase, en muchos casos, de definición y posterior implementación electrónica”.

Por consejerías, las 44 medidas del plan de simplificación para este año se reparten entre 18 de la Consejería de Desarrollo Sostenible; 14 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; cinco de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo; tres del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM); dos de la Consejería de Bienestar Social; una de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y también una de la Consejería de Sanidad.

Por otra parte, las 44 medidas que se incluyen en el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para 2021 se pueden dividir dependiendo del tipo de mejora que incorporan. En función de esta clasificación, 30 medidas, el 68 por ciento del total, supondrán la incorporación de la tramitación electrónica completa de los procedimientos; siete medidas, el 16 por ciento, implicarán el impulso de la simplificación de trámites; otras seis medidas, el dos por ciento del plan, están dirigidas a la modificación de normas para la simplificación procedimental y una medida, a la reducción de los plazos de resolución.

Objetivos de los planes de simplificación

El Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para 2021, además acercar la Administración regional a la ciudadanía, haciéndola más fácil y accesible, trata de avanzar en una gestión más eficaz y efectiva a través de la economía de trámites; de reducir costes económicos y temporales y de seguir con la digitalización y la interoperabilidad, al tiempo que se apuesta por los principios de inclusión, accesibilidad y seguridad.

También pretende acelerar la implantación integral de la administración electrónica con el consiguiente ahorro para las personas y entidades que se relacionan con la Administración regional y una mayor productividad de ésta.

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