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Las sesiones arrancan el 20 de septiembre en el antiguo edificio debido al volumen de acusados, 18 personas físicas y tres jurídicas

Edificio de los antiguos juzgados de Guadalajara.

El Decano

El macrojuicio por el incendio de la planta de reciclaje de residuos de Chiloeches, que lleva frente al juez a 21 acusados -18 personas físicas y tres jurídicas- arrancará el próximo 20 de septiembre y reabrirá los antiguos juzgados de Guadalajara, cerrados desde el mes de abril con motivo de su traslado al nuevo Palacio de Justicia junto a los GEO.

Precisamente, es el gran volumen de personas que participarán en el mismo es el que ha provocado la apertura de estas instalaciones. Las sesiones del juicio tendrán lugar de lunes a jueves en horario de mañana.

La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para 18 personas y tres empresas acusadas por el incendio que se desencadenó en 2016 a las que se les atribuye delitos de participación en grupo criminal, gestión ilegal de residuos peligrosos, delito agravado contra el medio ambiente, prevaricación administrativa medioambiental, explotación de instalaciones peligrosas y falsedad documental.

Está previsto que el juicio se extienda hasta 17 de diciembre.

Fue el pasado mes de junio cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura de juicio oral contra un total de 21 acusados, a quienes en algunos casos por parte de la Fiscalía se les reclaman penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que les hacen responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros.

Por un lado, se juzgará a 11 acusados y a las entidades Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina por la gestión, almacenamiento y transporte ilegal de residuos peligrosos que se saldaron con el incendio –probablemente intencionado según la Guardia Civil– de la nave en agosto de 2016.

A estos 11 acusados se les considera participantes de forma concertada en un grupo criminal que acabó con un vertido incontrolado de estos residuos, acompañado de falsificación de documentos para amparar el desvío.

De otro lado, seis ex altos cargos de la Junta están acusados de un delito de prevaricación medioambiental continuada, por los que les piden penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación.

Entre las peticiones de pena se encuentra el exalcalde de la localidad, César Urrea, a quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

La Fiscalía considera probado que se han cometido delitos, además de prevaricación medioambiental, de participación en grupo criminal, delitos agravados de gestión peligrosa de residuos y de explotación de instalaciones peligrosas, delitos contra el medio ambiente y falsedad en documento mercantil.

Tras años de irregularidades en todo lo relativo al trabajo desarrollado en la planta, la Fiscalía observa que en abril de 2016 dos de los acusados acordaron dejar en las instalaciones unas 15.000 toneladas sin especificar ni distinguir entre residuos peligrosos y no peligrosos a cambio de 300.000 euros pagados por Grupo Layna.

Entre el 6 de abril y el 17 de junio, fecha en que se produjo la clausura de las instalaciones por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, se siguió adelante con la recepción de residuos, aumentando así la ya manifiesta acumulación y almacenamiento.

Con fecha 6 de junio de 2016 y con el cambio de los miembros de la Corporación Local, el nuevo alcalde electo constató la explotación de las instalaciones en Chiloeches «al margen de toda legalidad» por Kuk y Grupo Layna. Tras la inspección se propuso la clausura inmediata de la nave.

El 20 de junio el Servicio de Medio Ambiente constató que las instalaciones «eran un auténtico caos». Se apreció almacenamiento masivo a la intemperie de residuos peligrosos y en lugares de pavimento no impermeabilizados, falta de etiquetado en recipientes de residuos peligrosos, escapes de residuos peligrosos en envases deteriorados, vertidos de residuos peligrosos de las balsas de retención que se encontraban colmadas directamente al barranco de Los Chorrillos.

El 7 de julio, se tomaron ocho muestras en el entorno de la nave que acreditaron altas concentraciones de metales pesados de carácter tóxico, concretamente plomo, zinc, cromo, arsénico y cadmio. Esta contaminación generó afecciones significativas para los ecosistemas y para la salud de las personas.

Pero el 11 de julio se constató que cinco de los acusados mantuvieron la recogida de residuos en la planta pese a su clausura en el mes anterior, por lo que se inició una inspección cuatro días después en la que se detectó el empeoramiento del estado de las instalaciones.

El acopio de residuos en estos momentos supuso el incremento del riesgo hasta su materialización en el incendio de las instalaciones sobre las 4.49 horas del día 26 de agosto de 2016 de causa y fuente de ignición indeterminadas en el interior de la planta, si bien la Guardia Civil de Madrid constató de que se trató de un incendio provocado de forma intencionada. Se tuvo que desplazar la UME, que trabajó durante seis días con centenares de efectivos y se constataron durante la combustión altos niveles de contaminación derivadas de las llamas.

El auto de apertura de juicio señala provisionalmente como responsabilidad civil la cantidad de 14.920.900 euros, los cuales desgrana por conceptos como la intervención de UME y bomberos o los múltiples daños medioambientales y los gastos de limpieza.

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