El DOCM ha publicado este miércoles la ley. Las cuentas se elevan a 12.000 millones de euros, un 15% más que este año

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, defendió el proyecto de Ley que hoy ha visto la luz.

El Decano

La Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2021 entra en vigor el próximo 1 de enero, con los objetivos fundamentales de fortalecer los servicios públicos fundamentales, recuperar la senda de crecimiento de la riqueza y el empleo e impulsar la modernización de los sectores productivos.

La entrada en vigor se producirá tras la publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el próximo año, que fue aprobada por las Cortes regionales el pasado 22 de diciembre.

Los presupuestos del próximo año son el instrumento con el que cuenta el Ejecutivo de Emiliano García-Page para, además de las metas mencionadas, atender a los sectores más afectados por la crisis, acelerar la transformación digital, promover la sostenibilidad ambiental y avanzar en la lucha contra la despoblación.

Cuentas expansivas

El Gobierno regional ha elaborado un presupuesto para 2021 que supera los 12.000 millones, por lo que se trata del presupuesto más elevado de la historia de Castilla-La Mancha, al incrementarse un 15,2% con respecto a las cuentas públicas de este año.

Las cuentas para el próximo ejercicio son expansivas, tanto en lo social como en las políticas orientadas a incentivar el desarrollo económico y el empleo, destinando 1.600 millones más que en 2020 a fortalecer el Estado del Bienestar y a recuperar la senda del crecimiento en Castilla-La Mancha.

Además, se trata de un presupuesto inversor sin precedentes en la historia presupuestaria de la Junta de Castilla-La Mancha, ya que se duplica su cuantía con respecto a 2020, con 765 millones más, hasta alcanzar los 1.400.

Todo ello sin aumentar los impuestos en 2021, cumpliendo de esta forma con el compromiso adquirido por el presidente García-Page con los agentes económicos y sociales.

Al Estado de Bienestar se destinan 6.600 millones

En gasto social, el año que viene se destinarán prácticamente 6.600 millones para los servicios públicos fundamentales. Eso supone que el gasto social crecerá cerca de un 18% respecto a 2020, 2,5 puntos más que el incremento del conjunto del presupuesto.

De esta forma, el gasto social supone en torno al 70% del gasto total de carácter no financiero y permite dedicar cada día 18 millones al Estado del Bienestar.

Serán cerca de 1.000 millones más que en 2020 para disponer de más sanitarios, más docentes, más y mejores infraestructuras y equipamiento de carácter social para mejorar la capacidad de respuesta de los servicios públicos fundamentales.

Dentro del conjunto del gasto social, Sanidad será la partida más alta, con más de 3.600 millones. Educación superará el próximo año la barrera de los 2.000 millones, apostando por la contratación de personal, las infraestructuras y la digitalización. Respecto a Servicios Sociales, el próximo año se destinarán 881 millones, dedicando cada día 2,4 a políticas sociales.

En relación a las políticas de gasto orientadas al desarrollo económico y a la creación de empleo, el próximo año supondrán más de 1.700 millones, prácticamente 600 millones más que este año, lo que representa un incremento del 48%, que triplica el crecimiento del presupuesto en su conjunto para 2021.

Estas políticas presupuestarias permitirán favorecer el mantenimiento, la viabilidad, el robustecimiento y la expansión del tejido empresarial, así como la creación y consolidación de nuevas empresas. Este objetivo está muy entrelazado con otra de las prioridades del Presupuesto para el próximo año, que es reducir el desempleo e incrementar la estabilidad y calidad del mismo, favoreciendo la integración laboral de las personas con más dificultades de acceso al mercado de trabajo y en riesgo de exclusión.

Igualmente, en el ámbito económico el presupuesto está orientado a favorecer la reactivación económica de la región y una transformación de la estructura productiva, que debe sustentarse en la innovación tecnológica y el desarrollo de la sociedad de la información para que la economía de Castilla-La Mancha pueda adaptarse a los nuevos retos del siglo XXI.

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