El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha alertado sobre el incremento de los delitos graves contra la libertad sexual y la ciber-delincuencia en la región. Fernández ha acudido este jueves a las Cortes regionales para informar a los grupos parlamentarios en Comisión de Asuntos Generales, presidida por Fernando Mora, sobre el contenido de la Memoria Anual 2024 (correspondiente al ejercicio 2023) de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Previamente, ha hecho entrega de una copia al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y al presidente del Parlamento Autonómico, Pablo Bellido y ha compareciedo ante los medios de comunicación.
Durante la rueda de prensa, Fernández ha incidido en la lentitud de la justicia en la región y en las suspensiones de juicios y ha señalado la necesidad de incrementar el número de fiscales y de funcionarios para disminuir la sobrecarga de trabajo.
El fiscal ha llamado la atención en que dos de cada tres delitos graves - con penas de más de 9 años de cárcel- que se producen en Castilla-La Mancha son delitos contra la libertad sexual, que representan el 65%, y que la mayoría se producen dentro del ámbito familiar contra menores de 16 años. El perfil de los delincuentes suele corresponderse con la pareja sentimental de la madre de la víctima y los abusos suelen ser continuados en el tiempo.
Respecto a los delitos de violencia de género, el fiscal superior de Castilla-La Mancha ha recordado que a lo largo de 2023 se produjeron dos asesinatos y ha llamado la atención sobre el descenso de las órdenes de protección emitidas, teniendo en cuenta el incremento de los procedimientos de violencia machista registrado el año pasado.
En lo que se refiere a los ciberdelitos, Emilio Fernández ha señalado que suponen un 25 por ciento de la criminalidad a nivel nacional. El 90% se corresponde con delitos contra el patrimonio, generalmente estafas, y el otro 10%, con otro tipo de delitos como acoso, amenazas o distribución de pornografía, conductas que el fiscal ha calificado como “muy graves”, principalmente dirigidas a menores.
En este sentido ha mostrado su preocupación en el “descontrol” que existen en las redes sociales, tanto en el el acceso de menores a contenidos pornográficos, como recurso o herramienta para pederastas y depredadores sexuales. También para la difusión de mensajes lesivos que incitan a la anorexia, la bulimia, a autolesionarse o incluso al suicidio, por lo que opina que es necesario establecer un mayor control por parte de la comunidad educativa y las familias.
También se ha referido a la accidentalidad laboral, recordando que Castilla-La Mancha sigue en “el grupo de cabe encabeza” de la estadística de víctimas mortales a nivel nacional y ha recordado la vulnerabilidad de la población inmigrante en materia laboral, que son a menudo víctimas de explotación y trata.
Asimismo, ha anunciado que, próximamente, mantendrá una reunión con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Berta Chust, en la que estará acompañado por el fiscal de sala responsable de siniestralidad o salud laboral, para abordar la situación de Castilla-La Mancha en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.