El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina ha defendido hoy, que el proyecto de Presupuestos para 2025 consolida el crecimiento económico y el bienestar de la región, frente a las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, según ha recordado, más por rutina que por convicción y que “no plantean ninguna alternativa presupuestaria”.
Así lo ha destacado durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, en una sesión que ha comenzado, con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la DANA que ha azotado Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Andalucía. El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha dado lectura a una declaración institucional consensuada por los tres grupos parlamentarios, PSOE, PP y Vox.
El consejero ha remarcado, durante su discurso, que son unos presupuestos que tienen un marcado carácter continuista porque “mantienen la senda del crecimiento económico y social que iniciamos hace diez años, teniendo un hilo conductor clarísimo que es promover la prosperidad de la región”. Un empeño presupuestario, ha explicado, que ha supuesto incrementar desde 2015 su partida en más de 4.500 millones euros y que cuando finalice su ejecución, va a suponer “devolver a la sociedad en forma de infraestructuras, prestaciones y servicios público un total de 110.000 millones”.
Se trata, por tanto, de un proyecto de presupuestos “riguroso en su elaboración y ambicioso en sus fines”, que se centra en: incentivar la actividad económica de Castilla-La Mancha, para generar riqueza y empleo; reforzar el Estado del Bienestar y seguir protegiendo a las familias y sectores más vulnerables; promover la transición ecológica y la transformación digital; y en hacer frente, de manera efectiva al reto demográfico.
Unos presupuestos, que como ha indicado Ruiz Molina, tienen “un suelo firme” que es el clima de estabilidad del que goza Castilla-La Mancha y que es “un oasis en el panorama político español”, que va a permitir sacar adelante el principal instrumento que tiene el Gobierno regional para “cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía”, y que se van a aprobar “en forma y plazo para que entren en vigor el 1 de enero del próximo año”.
En esta línea de estabilidad, Ruiz Molina ha resaltado que estas cuentas se enmarcan en un “escenario económico favorable”, cumpliendo así las previsiones que los principales servicios de estudios económicos han confirmado, con un “crecimiento sostenido” del Producto Interior Bruto (PIB) regional que tiene un impacto positivo en los indicadores de empleo y en la actividad económica de la región.
A estos datos de crecimiento del PIB, se suma una contención de la inflación, que, según el último dato publicado hoy por el INE, la cifra interanual es del 1,4 por ciento, que está por debajo del dato nacional, siendo “nuestra Comunidad Autónoma la que, en octubre, en términos interanuales, menos ha subido la inflación”.
Contando con estos mimbres, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha detallado en las Cortes que el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio asciende a 12.716 millones de euros, con una variación del 1,9 por ciento y 242,9 millones más con respecto a 2024. Unas cuentas que están condicionadas a una “reducción sustancial del 35 por ciento en los ingresos que proceden de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), como consecuencia del alto grado de ejecución de estos recursos extraordinarios por parte del Gobierno regional, siendo la segunda o tercera mejor comunidad que más y mejor están gestionados estos fondos”.
Unos “presupuestos coherentes, reales y enfocados a las necesidades que tenemos en Castilla-La Mancha”, ha apuntado, poniendo el énfasis en que esta afirmación no la ha hecho el Gobierno regional, sino el presidente de CECAM cuando se le informó de las líneas presupuestarias fundamentales de la región para 2025 en una reunión que mantuvo ayer con el titular de Hacienda.
En relación con el estado de ingresos, Ruiz Molina ha resaltado que se ha diseñado “con el máximo rigor y prudencia” para garantizar, un año más, el compromiso adquirido por el presidente García-Page con los agentes sociales de “mantener congelada la presión fiscal”. Una prudencia que ha llevado a elaborarlo siguiendo la información oficial aportada y que garantiza la “certeza de que se va a recibir prácticamente la totalidad de los ingresos recogidos en el proyecto de presupuestos”.
En relación con el desarrollo social, se van a destinar 7.125 millones de euros, 2.625 millones más que lo presupuestado en 2015 para financiar los servicios públicos que sustentan el Estado del Bienestar. Es decir, el 72 por ciento del gasto no financiero se destinará a fortalecer el sistema del bienestar y la protección social que se ha dotado a Castilla-La Mancha.
De esta manera, siete de cada diez euros tienen como destino los servicios fundamentales, para aumentar los profesionales sanitarios y docentes; invertir en equipamiento e infraestructuras y avanzar en innovación y digitalización. Esto va a permitir consolidar la modernización del sistema de salud, mejorar la calidad educativa y fortalecer la atención a los colectivos más vulnerables.
En relación con las políticas dirigidas al desarrollo económico, Ruiz Molina ha detallado que se destinarán más de 3.000 millones de euros. Esta cuantía irá encaminada a impulsar el empleo en la región; a la modernización del tejido productivo y empresarial; al incentivo de la transición ecológica; a la modernización de la tecnología de los servicios públicos; al fortalecimiento del sector primario y a la promoción de la vivienda y al refuerzo del transporte.
Por su parte, las inversiones cuentan con 1.459 millones de euros. Este volumen de recursos va a permitir incidir en la modernización del tejido empresarial, la transición ecológica y la transformación digital; invertir en infraestructuras dirigidas a la mejora de la calidad de los servicios públicos e incentivar la competitividad empresarial.
Durante su exposición, el consejero se ha detenido en el apartado dedicado al reto demográfico y ha especificado que la Estrategia Regional frente a la Despoblación va a disponer de 2.037 millones, un seis por ciento más que la dotación prevista en el presupuesto del presente ejercicio.
Ruiz Molina ha lamentado que, por parte de la oposición, tanto PP como Vox, “no dedican ni una sola línea” de sus enmiendas a la totalidad a informar de cómo distribuirían el presupuesto para mejorar el bienestar de la ciudadanía.
En relación a la presentada por el Grupo Parlamentario Popular, vuelven a mostrar una región catastrofista y lo hacen “tergiversando los indicadores económicos” incluso hablando mal del Índice de Confianza Empresarial, que como ha recordado el consejero, “seguimos siendo la Comunidad Autónoma que mayor confianza da a los empresarios”. En ese sentido, “han vuelto a mostrar que no tienen un modelo de sociedad para ofrecer a la sociedad castellanomanchega”.
En relación con la enmienda a la totalidad de VOX, el consejero ha indicado que dedican gran parte de su contenido a cuestionar las políticas de consenso en la región, como es la lucha contra la violencia de género, contra el cambio climático o contra la xenofobia. Y se centran, fundamentalmente, en cargarse el presupuesto de del Instituto de cla Mujer y la Consejería de Igualdad.
Por su parte, el portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha afirmado que Emiliano García-Page ofrece “menos sanidad, educación, infraestructuras o bienestar social” y “más deuda pública” en sus décimos presupuestos como presidente autonómico.
Así lo ha indicado durante su intervención en el debate de la enmienda a la totalidad que ha presentado el PP al Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2025, donde ha señalado que “sube la recaudación prevista para 2025 en casi 300 millones de euros”, lo que supone un 14,88 por ciento más con respecto al año anterior.
Además, los impuestos directos aumentan un 13,53 por ciento con respecto al año 2024, lo que supone un montante total de 288 millones de euros; así como lo impuestos indirectos experimentan una variación al alza de un 30 por ciento con respecto al año anterior.
Serrano ha lamentado que también habrá 16 millones de euros menos en beneficios fiscales, así como un nuevo impuesto al agua que pone de manifiesto “el afán recaudatorio del Gobierno regional”, que “hace caja” a costa de la inflación manteniendo los tipos del IRPF.
El diputado regional del PP ha censurado la “discriminación política” con su “persecución a las entidades locales”, ya que el PP gobierna en 392 municipios, lo que supone un 43 por ciento del total, en los que vive el 61 por ciento de la población de la Comunidad Autónoma, cuyas transferencias a la Junta “aumentan en un 537,84 por ciento con respecto al pasado ejercicio”.
Serrano ha recordado que ya desde 2023 se viene produciendo un retroceso en las inversiones en la región, pasando de los 370 millones de euros de entonces a los 301 millones de euros del actual presupuesto.
“Muchas de las inversiones consignadas en este apartado se reiteran cada año, sin que su reiteración signifique nada, ya que son muchas las que no se realizan o tardan desmesuradamente en concluirse”, ha dicho.
El PP ha valorado negativamente que en sanidad no exista ni posibilidad, ni dotación presupuestaria, para poner en marcha la Carrera Profesional; ni tampoco la intención de modernizar la Atención Primaria, ni un Plan para la Eliminación de las Listas de Espera.
En cuanto al área social, ha afirmado que “se demuestra absolutamente insuficiente” el presupuesto para Ayuda a Domicilio o la reducción en las ayudas a la integración social; así como la mínima recuperación de las comidas a domicilio o la reducción del presupuesto de servicios sociales en Atención Primaria.
En educación, ha dicho, “brilla por su ausencia” el compromiso de la Junta con la educación infantil de 0 a 3 años, así como ha censurado la “drástica reducción de casi un 50 por ciento en las inversiones en los centros educativos”. También, destacan “los cero kilómetros de autovías” en la Consejería de Fomento o la gran bajada en el presupuesto de la Consejería de Agricultura.
El diputado autonómico del PP ha aseverado que el Gobierno de Emiliano García-Page “va a emplear menos dinero” en seguridad y protección social, en promoción social, en urbanismo y vivienda, en infraestructuras básicas y transporte, en comunicaciones, en agricultura, ganadería y desarrollo rural y en turismo, comercio y artesanía. Por el contrario, “gastará más” en deuda pública, en alta dirección de la Comunidad Autónoma y en relaciones exteriores.
Serrano ha aseverado que la legislatura, tras los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, “obliga” a todos los grupos políticos a “realizar un ejercicio de entendimiento y altura de miras”, ya que el partido mayoritario de la oposición en las Cortes regionales pasaba “a ser Gobierno en la mayoría de los ayuntamientos de la región”.
Por ello, ha lamentado que de las 801 enmiendas al presupuesto que presentó el PP “todas fueran rechazadas”, ya que, a juicio del PSOE, “ninguna mereció ni si quiera una posible negociación”.
“La mayoría parlamentaria del PSOE ignora al grupo parlamentario que representa a un partido político como el PP que gobierna en el 43 por ciento de los municipios en los que vive el 61 por ciento de la población, que aporta 2.693 concejales y 55 diputados provinciales, gobernando dos diputaciones”, ha concluido.
