La empresa Alvalop Servicios XXI S.L. recibirá de las arcas municipales cerca de un millón de euros por el servicio. En Melilla, los trabajadores de las ludotecas que gestiona sufren retrasos en los pagos de sus nóminas
El Ayuntamiento de Guadalajara ha adjudicado el Servicio del Centro de Atención Integral de acogida temporal para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos a la empresa Alvalop Servicios XXI S.L., que durante los dos próximos años recibirá un total de 980.000 euros (sin impuestos) por la prestación de este servicio municipal.
Se trata de una empresa con domicilio social en Lalín (Pontevedra), que en los últimos meses se ha convertido en noticia por las denuncias de los trabajadores de cinco ludotecas que gestiona en de Melilla y que ha llevado a los empleados a protagonizar movilizaciones, la última de ellas ayer mismo.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Melilla ha denunciado los incumplimientos de la empresa Alvalop, que no ha pagado la última nómina a sus trabajadores. Aunque la empresa alega que los retrasos se deben a impagos por parte de la Administración, desde el sindicato señalan que esto no es excusa. "Los trabajadores tienen derecho a recibir su salario a tiempo, y es inaceptable que esto ocurra mes tras mes", afirmó el secretario general de FSC, José Luis Tormo.
Ante esta situación, el sindicato ha decidido tomar medidas legales y llevará a cabo la correspondiente reclamación de las cantidades adeudadas por vía judicial.
El problema no solo recae en la empresa, sino también en la falta de actuación por parte de la Administración.CCOO ha mantenido varias reuniones con la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, en las que alertó sobre los repetidos incumplimientos de Alvalop. En estas reuniones, el sindicato pidió que se abrieran expedientes sancionadores y se aplicaran las penalizaciones previstas en la ley y en el contrato que vincula a la empresa con la Administración.
Sin embargo, denuncian que no se ha adoptado ninguna medida, a pesar de las advertencias del sindicato. "Llevamos tiempo pidiendo que se actúe contra esta empresa, pero no hemos visto ningún avance", se lamentan desde el sindicato.
La FSC reitera su compromiso con los trabajadores y exige tanto a Alvalop como a la Administración que cumplan con sus responsabilidades. "Vamos a seguir luchando hasta que se paguen las nóminas y se tomen medidas contra estos abusos", asegura el secretario general, quien también denuncia que hay una gran carestía de material en las ludotecas que gestiona la entidad y tampoco se hace cargo de la limpieza, ni de la reparación de las averías, ni se encarga del mantenimiento de los centros. Además el personal que sustituye a las bajas o excedencias contratado por la empresa, no son maestros ni están cualificados para tal fin.
Desde el sindicato CGT, también han mostrado su apoyo y solidaridad con las plantillas de las ludotecas "que vienen siendo víctimas reiteradas de impagos salariales y de la falta de material necesario para desarrollar su labor profesional a manos de la empresa Alvalop, la cual ha sido premiada por el Gobierno de Melilla al otorgarle nuevamente la concesión por cuatro años más". Se añade que "mientras que las personas trabajadoras de las ludotecas se ven obligadas a pagar intereses por no poder abonar puntualmente sus créditos hipotecarios o deudas contraídas para poder hacer su vida cotidiana, Alvalop de la mano de la CAM, sigue retrasando el pago de los salarios, ocasionando múltiples perjuicios y quebraderos de cabeza a su maltratada plantilla. Como ejemplo, los salarios de julio y agosto no se abonaron hasta el 16 de septiembre, y la nómina de septiembre no se ha hecho efectiva hasta el 15 de octubre. Todo esto parece no importar al Gobierno de Melilla, que prefiere mantener a una empresa incumplidora antes que defender los intereses de sus vecinos y vecinas".
Por su parte, el diputado del Grupo Socialista y portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Rafael Robles, ha acusado a Alvalop de "insolvente" debido al incumplimiento de los pagos por parte de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública y denuncia que "hablamos de decenas de trabajadores expuestos a una situación insostenible". El portavoz se ha cuestionado cómo una empresa que carece de material de limpieza e, incluso, educativo puede gestionar las siete ludotecas de la ciudad: "Asistimos a un abandono total de estas instalaciones educativas", afirma.
La formación Somos Melilla también se ha hecho eco de esta problemática. Según denuncia, Alvalop a acumula en esa Comunidad Autónoma 46 denuncias individuales en la Inspección de Trabajo por impago de nóminas, algo que asegura se está convirtiendo en una constante en esta empresa.
El Ayuntamiento de Guadalajara tendrá que estar muy vigilante para que no ocurra lo mismo con el personal del Centro de Atención Integral de acogida temporal para mujeres víctimas de violencia de género, que en los dos últimos años ha sido gestionado por la Asociación de Mujeres Opañel, con sedes social en Madrid. Según los últimos datos publicados, desde enero y hasta septiembre del 2023, se atendió a un total de 12 mujeres y 12 menores. El servicio se adjudicó en 2022 por 878.295 euros (sin impuestos), es decir, alrededor de 100.000 euros menos que la actual adjudicación, que se ha incrementado un 11%.
Cabe destracar que, según se denuncia desde CGT, Alvalop es una empresa gallega heredera de Porsem Consultoría Estratégica S.L., que estuvo implicada en 2015 en la 'Operación Qatedra' por presuntos fraudes en las subvenciones para formación, cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia. En dicha operación estuvieron involucrados varios altos cargos del PP en distintas poblaciones gallegas, así como José Antonio López Alvarellos, administrador único de Alvalop, que cambió el nombre de la empresa tras aquel escándalo, en el que se supuestamente recibieron subvenciones públicas para cursos de formación, a pesar de que se incluía alumnado y profesorado que no habían participado en ellos.
En 2020, el Juzgado de lo Penal Número 1 de Pontevedra absolvió a los tres presuntos implicados por los delitos de falsedad documental continuada en documentos oficiales y pertenencia a grupo criminal por los que fueron juzgados. La sentencia consideraba acreditado que los tres sospechosos organizaban cursos que sí se celebraron y por los que recibieron una subvención pero hacían constar en los mismos alumnado y profesorado que en realidad no había participado en ellos. Sin embargo, se decretó su absolución al considerar que "no consta la incidencia que ello haya tenido en la concesión de las subvenciones".
