El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno este jueves a los dictámenes de las cuentas generales de la Junta de los ejercicios de 2016 a 2020, en una sesión en la que también ha aprobado una resolución socialista sobre discapacidad y, por unanimidad, una proposición no de ley (PNL) del PP sobre la autopista R-5. Mientras, en la ronda de votaciones se ha rechazado tramitar una Proposición de Ley de Vox sobre ayudas a víctimas del terrorismo.
El Pleno presidido por Pablo Bellido ha votado este jueves en el Convento de San Gil de Toledo los cinco dictámenes elevados por la Comisión de Economía y Presupuestos de la semana pasada correspondientes a las cuentas de la Junta de Castilla-La Mancha de los años 2016 a 2020, con idéntico resultado en la votación, favorable en el caso del grupo mayoritario socialista y contrario en el caso de las bancadas de la oposición de PP y Vox. En el debate ha intervenido el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.
El Parlamento ha dado el visto bueno también con los votos de los tres grupos parlamentarios a una PNL presentada por el Grupo Popular sobre la gratuidad de la autopista R-5 durante el periodo de tiempo en el que duren las obras de soterramiento de la autovía A-5 “para mitigar los efectos que estos trabajos tendrán en la movilidad de miles de castellanomanchegos”, con un coste que proponen que asuma el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Rechazada la proposición de ley de Vox
El primer punto del orden del día ha consistido en el debate de la ‘Proposición de Ley de apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo de Castilla-La Mancha’, impulsada por el Grupo de Vox, y que en la ronda de votaciones ha caído, al haber obtenido el respaldo de 15 escaños -también del PP- y la oposición de los 17 del PSOE. De este modo, queda frenada la tramitación de esta iniciativa legislativa en el Parlamento Autonómico.
El orden del día de este jueves ha incluido también un debate general sobre la política general del Gobierno Regional en relación con la atención a personas con discapacidad, un punto que acumulaba una interpelación del Grupo Popular y un debate general del PSOE sobre el mismo asunto, en el que ha intervenido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García-Torijano.
Este debate se ha saldado con la aprobación de una resolución del Grupo Socialista en la que se pide al Ejecutivo Regional que continúe reforzando los recursos y servicios de atención a personas con discapacidad, tanto en centros públicos como de entidades privadas; a la vez que reclama al Gobierno de España que “articule mecanismos para agilizar el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad tras la entrada en vigor del nuevo baremo operado” por Real Decreto.
Ya en el bloque de control al Gobierno, la oposición ha formulado preguntas orales sobre “las medidas concretas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno Regional con el fin de fomentar el autoempleo en la región” y sobre “la situación asistencial del complejo hospitalario universitario de Albacete”, en el caso del PP, y relativa a “las medidas para garantizar que todas las familias de la región tengan acceso a una vivienda digna y adecuada”, en el caso de Vox. Estas cuestiones han sido respondidas por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando.
Serrano lamenta la falta de "rendición de cuentas y transparencia de Page"
El portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha lamentado la “absoluta falta de seriedad, de cumplimiento de la legalidad y de respeto por el Parlamento del Gobierno de Emiliano García-Page “al no haber aprobado una sola cuenta general” de su desastrosa gestión.
Así lo ha indicado durante su intervención en el Pleno del Parlamento autonómico, donde ha criticado la “falta de información y de transparencia”, así como su intento de evitar el control parlamentario de cuestiones básicas como los convenios y las subvenciones.
Serrano ha incidido en que la seña de identidad del Gobierno de Page “es el déficit y el aumento de la deuda”, con un incumplimiento del objetivo de déficit “todos los años”. Además, a lo largo de estos cinco años se ha incrementado la deuda en cerca de 1,3 millones de euros, pero “más adelante hay más, con más de 3.000 millones de deuda en la etapa Page”.
El diputado regional del PP ha incidido en la desastrosa gestión de organismos como Geacam o la Fundación Impulsa; así como las adjudicaciones sin consignación ni contrato; además de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que “se ignoran y se suceden ejercicio tras ejercicio”; la altísima cuantía de modificaciones de crédito y las convalidaciones del Consejo de Gobierno millonarias “año tras año por no haber tenido fiscalización previa”.
El parlamentario popular ha reseñado cómo es costumbre en el Ejecutivo autonómico que las secciones que presentaban un mayor incremento de obligaciones reconocidas eran la deuda y Presidencia de la Junta, mientras que la Consejería con menor ejecución presupuestaria era la de Empleo y Economía, lo que “revela las prioridades de Page”.
Fundación Impulsa y GEACAM
Serrano se ha referido a la Fundación Impulsa, donde la Junta "creó dos puestos de trabajo sin contar con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y formalizó dos contratos temporales para cubrir necesidades ordinarias y permanentes de la actividad de la Fundación, por lo que estarían constituidos en fraude de ley".
Además, "Impulsa concedió ayudas monetarias sin contar con la autorización previa del Consejo de Gobierno, en contra del Reglamento de Subvenciones, ya que esta Fundación no cuenta con un procedimiento reglado para la concesión de las mismas".
En cuanto a GEACAM, Serrano ha señalado que, en plena pandemia, con cargo al fondo de contingencia se tramitó, indebidamente, una transferencia de crédito para realizar una aportación extraordinaria por 2.100.000 euros, para una entidad que ha incurrido dos años en causa de disolución.
En relación con 2020, ha subrayado cómo el informe del Tribunal de Cuentas refleja que la información sobre los efectos de la crisis del Covid “es insuficiente y no refleja la evolución de la misma en los hechos posteriores”.
El parlamentario ‘popular’ ha destacado que ha habido deficiencias en entidades como los Consorcios del Parque Arqueológico de Carranque y Parque Arqueológico de Alarcos, RTVCM, Infraestructuras del Agua de CLM, el Patronato de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca, el Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes, GICAMAN, GEACAM, CLM Tierra de Viñedos, o Fundación Colección Roberto Polo
Por todo ello, Serrano ha esperado esperamos “que no se vuelva a repetir en el futuro: ni la falta de rendición de cuentas información y transparencia; ni la desastrosa gestión, aunque sabemos que, con los socialistas en el Gobierno, eso es difícil”. “Dicen que están razonablemente satisfechos; les recomendamos menos autoestima y más seriedad”.
"La actual gestión ha permitido reforzar el Estado del Bienestar, consolidar el empleo público y estimular el crecimiento económico, sin subir la presión fiscal ni aplicar recortes”
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que los informes del Tribunal de Cuentas reflejan una gestión financiera y presupuestaria “rigurosa, seria y responsable” en relación con los más de 43.000 millones de euros que se han gestionado durante el periodo 2016-2020, cumpliendo con los principios de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el pleno de las Cortes regionales, donde ha señalado que estos informes reflejan que, a diferencia de la etapa en la que gobernaba el Partido Popular en Castilla-La Mancha, la actual gestión ha permitido “reforzar el Estado del Bienestar, consolidar el empleo público y estimular el crecimiento económico, sin subir la presión fiscal ni aplicar recortes”, al mismo tiempo que se ha logrado “contener el déficit, reducir el peso de la deuda pública y mejorar los plazos de pago a proveedores, situándolos por debajo de la media nacional”.
Solidez financiera de Castilla-La Mancha
En este mismo debate, el consejero, ha indicado que los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas confirman la solidez financiera de Castilla-La Mancha y el cumplimiento de los compromisos presupuestarios. En relación con esos informes, ha destacado, en primer lugar, que las cuentas se han rendido en “plazo, estructura y contenido” ante las Cortes Generales y el Tribunal de Cuentas, cumpliendo así lo que señala la Ley de Hacienda, siendo el plazo el 31 de octubre; en segundo lugar, según señala este órgano colegiado, “hemos cumplido con los principios contables”, lo que ratifica una gestión adecuada del gasto público regional y con la “máxima transparencia”; en tercer lugar, se ha hecho un esfuerzo para contener el déficit en un marco presupuestario enfocado a recuperar todos los recortes del Gobierno de Cospedal, dejando claro que “reconstruir no es lo mismo que recortar”, a lo que se
suma que “somos una comunidad autónoma que está infrafinanciada”.
En este sentido, el consejero ha señalado que se ha hecho un “enorme esfuerzo de contención del déficit” y ha recordado que “tan sólo en el 2016 reducimos el déficit a la mitad, respecto a 2015 e, incluso, en el 2020 llegamos a tener superávit”. Una contención que tiene su reflejo en la evolución de la deuda pública y ha recordado que “Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda en relación con el Producto Interior Bruto (PIB)”, pasado del 36 por ciento en 2015 al 30,3 por ciento en 2024, una reducción por encima de la media nacional, lo que ha supuesto un crecimiento “muy superior al del resto de regiones”.
En cuarto lugar, el Tribunal de Cuentas ha mencionado el “alto grado de ejecución” del presupuesto de Castilla-La Mancha, tanto en lo que se refiere a los ingresos, de los cuales “siempre hemos sido rigurosos y conservadores en nuestras previsiones”, como en los gastos. También ha indicado que el Gobierno de García-Page ha hecho no sólo una buena gestión de la tesorería, sino que ha destinado el dinero al pago a los proveedores de la Administración regional.
Y ha señalado que, en estas cuentas generales se pone de manifiesto como “fuimos capaces de atender las necesidades de la ciudadanía generadas con la pandemia” y cumplir a rajatabla el mandato del presidente Emiliano García-Page de “no dejar a nadie atrás”. Unas cuentas que reflejan que entre 2016 a 2020 la gestión de los recursos por parte de Ejecutivo autonómico ha sido “rigurosa, seria y responsable”, y que se ha elaborado, “sin recortes, aumentando y consolidando el empleo público, reforzando el Estado del Bienestar, contribuyendo al crecimiento económico, sin subir la presión fiscal, a la vez que contenemos el déficit y reducimos el peso de la deuda, y con unos plazos récord de pago a los proveedores”.
Sistema de financiación autonómica
Durante su intervención en el parlamento autonómico, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se ha referido al sistema de financiación autonómica para instar al Partido Popular regional a que estén aliados con el Gobierno en esta materia; máxime teniendo en cuenta que se mantuvieron reuniones con este partido en enero de 2022 donde se les hizo entrega de toda la documentación que elaboró el Ejecutivo autonómico en base al documento del Ministerio de Hacienda en relación con la población ajustada.
En esas reuniones, ha indicado, se explicó la posición del Gobierno regional y se invitó a la oposición a que hicieran sus aportaciones, pero, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna. Por eso, Ruiz Molina ha lamentado que hagan críticas sobre la defensa de los intereses de la región y ha reiterado que recuperen la documentación y, si lo consideran, hagan aportaciones para que, llegado el caso, ayuden a negociar un nuevo modelo de financiación.
El consejero ha concluido el debate agradeciendo el trabajo que se está haciendo en esta materia financiera-presupuestaria, que es consecuencia del “enorme esfuerzo realizado por los empleados públicos de la Administración”, al usar esos recursos públicos para contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar del conjunto de la ciudadanía y a impulsar la actividad económica para generar empleo y riqueza en la región. Objetivos, como ha dicho, “que son los que están ratificados en los informes del Tribunal de Cuentas”.