Por María de la Cruz Roa
La plaza de discapacitados que tengo frente a mi domicilio me está haciendo la vida imposible debido a mis vecinos y a la alcaldesa de mi localidad, Alovera. Como persona con una discapacidad permanente del 37% de movilidad reducida, esta plaza resulta esencial para mi día a día y debe cumplir con las condiciones adecuadas para garantizar mi accesibilidad y autonomía.
En su momento, dicha plaza sufrió una reducción en su longitud a raíz de la queja de una vecina que aparcaba detrás de ella, invadiendo incluso su propio vado. Como consecuencia de este recorte de espacio, se me dificulta enormemente el acceso a mi vehículo, en particular la apertura del maletero cuando otro coche está estacionado detrás. Ante esta problemática, solicité en su momento la implementación de un cebreado que permitiese la maniobra adecuada, solicitud que, tras diez meses, fue aprobada en octubre de 2024.
Sin embargo, cuando los trabajadores acudieron para proceder con la pintura del cebreado, algunos vecinos interfirieron en el proceso, lo que llevó a la alcaldesa, la señora Purificación Tortuero, a paralizar el trabajo. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2024, acudí a solicitar información sobre el estado de la obra y se me confirmó que había sido detenida por esta razón. En respuesta, presenté un escrito solicitando la reanudación de los trabajos, pero hasta la fecha no he recibido contestación alguna, a pesar de que se me aseguró que la respuesta sería rápida. Además, he intentado obtener explicaciones directamente de la alcaldesa, quien se ha negado a recibirme.
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