El juicio contra las 8 de Caixabank se celebra en ausencia de los imputados y ha quedado visto para sentencia

Publicado por: Marta Perruca
10/02/2025 12:42 PM
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El grupo Caixabank ha retirado su petición de pena, que excedía los dos años de prisión, lo que hubiese impedido la celebración del juicio en ausencia. Más de un centenar de personas han acudido a las puertas de los juzgados de Guadalajara, en apoyo a los imputados por protagonizar una protesta pacífica el 5 de diciembre de 20217, en el interior de la sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo, para evitar el desahucio de una familia con tres menores a su  cargo

 

Más de un centenar de personas han acudido esta mañana a las puertas del nuevo edificio de los juzgados de Guadalajara, convocados por la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, en apoyo a las 8 de Caixaibank, cuyo juicio se ha celebrado hoy después de más de 7 años. Los ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) fueron detenidos el 5 de diciembre de 2017 por una protesta en el interior de la sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo, para evitar el desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad. El juicio se celebraba en ausencia de los ocho imputados y ha quedado visto para sentencia.

 

Los activistas, que se declaran objetores de conciencia y ya habían avisado en múltiples ocasiones de que no comparecerían en un juicio que consideran “político e ilegal”, cuya sentencia está decidida de antemano, esperaban esta mañana a las puertas de la Ciudad de la Justicia, reclamando precisamente eso: justicia.

 


“Hemos venido aquí porque no tenemos ningún miedo a ningún proceso judicial. Estamos convencidos de que lo que hicimos el 5 de diciembre de 2017 era lo correcto. Era defender a una familia que iba a ser desahuciada sin alternativa habitacional, con una grave situación de vulnerabilidad”, afirmaba Diego Herchoren, una de las ocho personas imputadas, en comparecencia ante los medios.




El juicio sólo podía celebrarse en ausencia de los imputados si la jueza contemplaba la petición de pena de la Fiscalía, que pide menos de dos años de prisión, en concreto, doce meses (diez de prisión, por un delito de resistencia a la autoridad, y dos meses de multa, por allanamiento de la sucursal) y desechaba la pena que solicitaba la acusación particular, ejercida por Caixabank, que rebasaba ese límite que impone la Ley y pedía dos años y medio de cárcel por un delito de coacciones, ocho meses por resistencia a la autoridad y 3.000 euros de multa por un desórdenes públicos, es decir, tres años y dos meses de prisión y 3.000 euros de multa para cada uno. “En caso de que el tribunal tomara esta petición en consideración tendría que suspenderse el juicio de hoy, convocarnos a una nueva citación y en caso de incomparecencia, ordenar nuestra detención. Es un riesgo que asumimos. Sabemos las consecuencias, las tenemos estudiadas y en cualquier caso lo volveríamos a hacer”, señalaba Herchoren antes del juicio.

 


Finalmente, tal y como ha podido saber El Decano de Guadalajara, la acusación particular, es decir, el Grupo Caixabank, ha retirado su petición de pena, por lo que el juicio ha podido celebrarse en ausencia de los ocho imputados. Aunque existían dos fechas señaladas, hoy 10 de febrero, y el miércoles, 12 de febrero, en una sola sesión han comparecido todos los testigos y el juicio ha quedado visto para sentencia. Ya antes del mismo, Herchoren avanzaba que no iban a comparecer y tampoco negociar con la Fiscalía, algo que en Guadalajara se suele hacer en los momentos previos a la celebración de la audiencia.

 


La Plataforma considera que la pena que solicitaba la acusación particular, no solamente era excesiva, sino también, aleccionante. “Realmente lo grave es que alguien llegue a la conclusión de que no puede protestar ante el grupo Caixabank porque le pueden caer tres años y medio de prisión”, afirmaba el imputado.

 


Aseguran que lo volverían a hacer, a pesar de que los esfuerzos para obtener un compromiso por escrito del acuerdo verbal que habían alcanzado durante un proceso de negociación, en el que también participaron representantes del Ayuntamiento de Cabanillas, para detener el desahucio, fueron inútiles y la familia de Paola era finalmente despojada de su vivienda. La PAH conseguía paralizar numerosos desahucios, pero en este caso “la presión no fue suficiente”.




“No es nada nuevo que los bancos acuerden y luego desacuerden. Aquí mismo, poco después, con el caso de Safira Sánchez, en el que existía una resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, recomendando a España suspender el desahucio, éste se ejecutó y cuando hablamos de recomendaciones en el Derecho Internacional esto implica obligación, porque España es suscriptora del Tratado de Naciones Unidas y esas resoluciones se tienen que cumplir”, aclara el también abogado.

 


Insisten en que no sólo volvería a hacerlo, sino que, “seguramente lo volveremos a hacer, entre otras cosas porque ayer hubo una gran manifestación en materia de vivienda en Madrid y, precisamente, las problemáticas que nos encontramos aquel 5 de diciembre, siguen a día de hoy, e incluso más grave”, ha declarado Herchoren, al tiempo que recordaba que “el grupo Caixabank es uno de los máximos responsables de que las familias trabajadoras no puedan acceder a la vivienda y no puedan vivir en condiciones dignas”.

 


Desde las puertas, una de las activistas informa de que están teniendo problemas para acceder a la audiencia, que finalmente sería pública y abierta, aunque parece ser que con plazas limitadas, y estaba previsto que se desarrollara bajo la vigilancia de Amnistía Internacional, pese a que en la anterior citación, que fue suspendida, la jueza pidió que la audiencia fuera a puerta cerrada, impidiendo la presencia de los observadores de esta organización, que habían solicitado asistir.

 


Según el portavoz de los activistas, con esta protesta también pretenden reivindicar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación: “A día de hoy, ya nos han indicado algunos periodistas que ha habido dificultades para acceder a la sede judicial y nos han indicado que va a haber alguna limitación de público que será públicamente denunciada por nuestras defensas. Estamos ante una audiencia pública que es un derecho prácticamente universal. El derecho a que la sociedad sea testigo de cómo se desarrollan los procesos judiciales y si son justos”.

 


El juicio se ha aplazado en dos ocasiones, la primera por la huelga de funcionarios de justicia y la segunda, precisamente, cuando el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara fijó la celebración del juicio a puerta cerrada.

 


“Las dilaciones que ha tenido este proceso judicial son más que indebidas, en términos jurídicos. Estamos hablando de siete años de proceso judicial y podemos dilatarnos infinitamente en el tiempo. Hay muchos casos en toda España que les ha pasado exactamente lo mismo. En Alcalá tenemos el caso del Centro 13 Rosas, que llevan 11 años; el caso ‘Rodea el Congreso’, con 12 años; el de las 6 de Zaragoza, cinco años de proceso judicial… La pena de banquillo es algo que entendemos que también está calculado por la Administración de Justicia. Cuando se imputa por tanto tiempo, el factor desgaste contra la gente que se moviliza es más que evidente”, valoraba el también abogado, que agradecía el apoyo de las personas que han acudido a respaldar a los imputados.

 


“Está claro que en Guadalajara la gente, aunque parezca que no, defiende este tipo de derechos y concentraciones y esto demuestra que hay gente comprometida y que están dispuestos a defender derechos como la Libertad de Expresión y el derecho a la vivienda”, añade Sergio Sánchez, otro de los imputados.

 






Afuera, la Policía pedía a los manifestantes que se quedaran en el espacio de la acera, mientras que algunos de los imputados, con el permiso de la Subdelegación de Gobierno en la mano, les manifestaban que tenían autorización para ocupar la vía pública y que no estaban cortando el tráfico, al tiempo que les pedían que nos añadieran todavía más peso al que ya estaban llevando sobre sus espaldas.

 


El juicio por fin se ha celebrado, siete años, dos meses y cinco días después,  y ahora queda saber el fallo de la sentencia. Los imputados consideran que la detención fue ilegal, en tanto en cuanto, entienden que por una protesta pacífica sólo cabría, como mucho una sanción económica y, por lo tanto, este jucio jamás tendría que haberse celebrado.

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