EDITORIAL. De mal en peor

Los usuarios de los autobuses urbanos de Guadalajara están que trinan. 

Por si ya no tenían bastante con padecer un servicio caduco y pésimo, con continuos retrasos, falta de líneas suficientes que conecten con los nuevos desarrollos y los polígonos industriales y las continuas averías de los autocares, que les obligan a bajarse a medio trayecto y llegar tarde a sus puestos de trabajo, al colegio o a citas médicas, a partir del 15 de febrero, ya no podrán recargar sus tarjetas de transporte. 

Según se informaba desde el Ayuntamiento a través de redes sociales, carteles y una nota de prensa la pasada semana, la empresa Prepay Technologies, que gestiona los puntos de la red de recarga tanto en terminales como en comercios, cesará su actividad, lo que implica que a partir de esa fecha estos servicios quedarán totalmente inoperativos. Es decir, que no habrá posibilidad de recargar los abonos de transporte y, lo que es peor, sin fecha de recuperación del servicio.

El Decano de Guadalajara ha comprobado que este problema viene motivado poque la empresa está en pleno proceso de liquidación, ya que entró en concurso de acreedores en septiembre de 2024. Es decir, hace cuatro meses. 

Ante esta situación, ni la empresa Alsa -concesionaria del servicio- ni el Ayuntamiento -que es el que paga con el dinero de los contribuyentes muchos cientos de euros a esta mercantil- no han sido capaces de adelantarse a un problema que se veía venir. Vamos, lo que se viene llamando una buena gestión de lo público. 

La ‘solución’ que se da a los viajeros deja mucho que desear. Se ofrecen varias alternativas. Los usuarios de las tarjetas ordinarias que tengan el saldo agotado deberán presentarla al conductor y abonar en efectivo un billete sencillo con tarifa reducida de 0,70 euros. A los portadores de la Tarjeta X Guada y de la Universidad de Alcalá se les aconsejó recargar con saldo suficiente o hacerlo en efectivo en los parquímetros, con un máximo de carga de 8 euros. 

En la práctica, esto va a suponer un perjuicio para los usuarios quienes, primero, tendrán que encontrar un parquímetro que funcione y eso ya es toda una proeza en esta ciudad. Además, deberán llevar siempre efectivo. Sus ocho euros en moneditas contantes y sonantes porque los citados parquímetros no admiten billetes. Y no digamos el pitoste que se va a montar a la hora de subir al bus, con conductores que tendrán que andar calculando las tarifas a pagar por cada usuario, darles explicaciones y, además, pagar los malos humos de algunos. Por no hablar que esta pérdida de tiempo en las paradas afectará a una frecuencias ya de por sí ‘tocadas’.

En otras ciudades existe la posibilidad de recargar los títulos del transporte público a través de aplicaciones de móvil o bien se cuenta con abonos mensuales que son realmente prácticos y cómodos. Pero en Guadalajara, por desgracia, todavía estamos a años luz de estas ‘modernidades’.

Ante el caos que se avecina, lo mejor hubiese sido que los usuarios pudieran haber utilizado los buses urbanos de forma totalmente gratuita. De este modo, la Administración municipal ya se hubiese encargado de tomar cartas en el asunto para ofrecer una solución con celeridad. No hay nada como tocar el bolsillo a un Ayuntamiento, al que le gusta demasiado atracar el de los demás. 

En resumen, un verdadero desbarajuste que sumar a todos los despropósitos respecto a la gestión del transporte urbano de viajeros por la lentitud de nuestros gobernantes a la hora de reaccionar ante un contrato que dejó redactado el anterior equipo de Gobierno. Un documento que decidieron 'olvidar' en un cajón por aquello de la grima que les produce a PP y a Vox todo lo que huela a Alberto Rojo.

Ni cortos ni perezosos decidieron iniciar todo un proceso administrativo nuevo, con lo que ello conlleva de retrasos. Además de no haber admitido ninguna de las alegaciones presentadas al Plan de Viabilidad por los grupos de la oposición y, lo que es peor, por la empresa y por los trabajadores, que son los que realmente conocen de qué va la cosa. Por no hablar del demoledor informe del interventor, que advirtió que el incremento del gasto por la prestación del nuevo servicio pone en riesgo la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento.     

Es decir que PP y Vox continúan adelante con uno de los contratos más importantes de la ciudad con la oposición, la empresa y los trabajadores en contra. Y con el cabreo de cientos de usuarios que ya no saben cuál será la próxima sorpresa que les espera ante la desastrosa gestión de un servicio que va de mal en peor. 

¡Esto es Jauja!