Los secretarios interventores interinos ‘somos la solución y no el problema’, que sostiene la administración local en el medio rural

Más del 70% de los secretarios interventores de Guadalajara, que llevan a cabo toda la gestión administrativa de casi el 80% de los pueblos de la provincia, están en situación de abuso de interinidad desde hace años, que en muchos casos suman décadas, a pesar de que una directiva de la Unión Europea obliga desde 1999 a estabilizar su situación.

 

La provincia de Guadalajara tiene 288 municipios y 25 entidades de ámbito territorial inferior al municipio, que suman 313 pueblos. Más del 30% de su población, que según datos del INE de 2024 se sitúa en los 280.225 habitantes, reside en la capital, mientras que el 77,78% de los municipios, un total de 224, tienen menos de 200 vecinos. Muchos se sorprenderán al saber cómo funcionan esos ayuntamientos, en los ni siquiera existe una persona al frente de la gestión administrativa, sino una fracción: El secretario interventor, en el mejor de los casos, acude al Consistorio un día a la semana, cuando no lo hace sólo un puñado de horas.

 

 Además, la mayoría de los secretarios de Guadalajara, más del 70%, se encuentran en una situación laboral inestable. Son funcionarios interinos en situación de abuso de temporalidad por muchos años, que suman décadas, con su plaza sin estabilizar y pendiendo de un hilo, a pesar de que una directiva de la Unión Europea obliga desde el año 1999 a regularizar la situación de todos los funcionarios que se encuentran en estas circunstancias.

 

El Decano de Guadalajara ha conversado con secretarios interventores interinos de las comarcas de la Sierra Norte y el Señorío de Molina para desentrañar algunos de los problemas que arrastra esta profesión en el medio rural.

 

 

“Llevamos muchos pueblos. Si hay cinco días a la semana, yo llevo seis pueblos, pero otros llevan, a lo mejor, cinco municipios y tres entidades menores. A Tierzo, por ejemplo, voy dos horas y tengo que hacer lo mismo que en La Yunta y Campillo, donde voy una mañana y una tarde. Por eso, no somos funcionarios al uso. Es decir, no cerramos el Ayuntamiento y nos olvidamos de él: Nos llevamos la tarea a casa, porque si no, es imposible”, comenta Susana Checa Martín, secretaria interventora de La Yunta, Campillo de Dueñas, Castellar de la Muela, Castilnuevo, Tierzo y Cubillejo de la Sierra.

 

Si nos detenemos un minuto a pensar las necesidades más básicas de un Ayuntamiento: Preparar los Plenos y los Presupuestos, gestionar los permisos y licencias, el Padrón Municipal o solicitar las subvenciones a las distintas administraciones, con sus correspondientes proyectos, memorias justificativas y documentación necesaria, por poner sólo algunos ejemplos, parece cosa de magia que estas administraciones sigan en pie. “Además de toda la vida municipal, al no tener a otro funcionario contigo o a un auxiliar, nosotros somos también los secretarios de los juzgados de paz, los secretarios de las Comisiones Locales de Pastos o los responsables del Registro Civil, o del urbanismo… Son gestiones que te pueden quitar toda tu jornada, quedando pendiente el resto de obligaciones”, continúa Checa Martín.

 

“A estos niveles tan básicos de la Administración Local donde el secretario es el primer eslabón entre la administración y el ciudadano de a pie, no tenemos horario. Yo trabajo mañana y tarde e incluso los sábados y domingos me dan las tantas terminando expedientes, porque materialmente es imposible llevarlo todo el día. Me han llamado vecinos pidiendo, por ejemplo, cambios en los recibos, incluso los sábados”, añade Lorenzo Campillo, secretario interventor de la agrupación de Hiendelaencina, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova y la Mancomunidad del Alto Rey que engloba a 14 municipios, en la Sierra Norte.

 

Ambos admiten que su teléfono personal y correo electrónico son de dominio público en todos los pueblos a los que van, porque es la única manera de llegar a todo y aseguran que no se trabaja menos en un pueblo pequeño: “Vendrá menos gente a pedirte un certificado, por ejemplo, pero tienes que hacer los mismos trámites legales: Los mismos presupuestos, liquidaciones, las mismas cuentas… y hay que presentar la misma información obligatoria a la Junta de Comunidades o a Hacienda en un pueblo grande, que en uno pequeño”.

 

Además, la administración electrónica lejos de facilitar las cosas, ha complicado aún más el trabajo: “Cuando sale una subvención me tengo que meter en el programa Gestiona de cada Ayuntamiento, abrir expediente, rellenar formularios, subir los documentos, etc... Antes tenía un modelo y sólo cambiaba el pueblo, pero ahora se ha multiplicado el trabajo por seis. La Administración electrónica está muy bien cuando todo el mundo está electrónicamente capacitado, pero en los pueblos pequeños eso no es así (…) Ahora todo va por sedes electrónicas: la sede del Ayuntamiento, la de la Junta, la del Ministerio, la de la Confederación… y nadie sabe hacerlo, por lo que el secretario interventor tiene que aprender. Por ejemplo, como todo tiene que ir por sede y lo tiene que pedir el titular o el propietario, en mi caso, en los cotos de caza ya no son los cazadores los que piden los permisos o los precintos y demás documentación, sino que soy yo la que tiene que realizar las gestiones porque no han delegado la representación en los adjudicatarios del aprovechamiento de caza. Así que, de repente, yo tengo un coto en cada pueblo y en algunos dos, y es una cantidad ingente de trabajo y burocracia”.

En el Señorío de Molina las secretarias interventoras han encontrado en la unión la fuerza y han creado un grupo en el que se prestan ayuda de manera mutua para conseguir ser más eficientes y llegar a todo. “Teníamos la sensación de estar trabajando 50 veces, haciendo lo mismo todas, por lo que si sale alguna subvención y piden una memoria justificativa o documentación análoga, lo hace una para todas, para poder agilizar, porque si no es imposible”, relata.

En provincias con una población tan dispersa, como en Guadalajara, esta secretaria interventora valora que podría ser conveniente centralizar el servicio de los secretarios interventores en una única oficina comarcal.

 

Basta con asomarse un poco a los despachos de estos secretarios interventores para darse cuenta de que el hecho de que la administración local se mantenga en pie en la España despoblada es casi un milagro o, más bien, una cuestión de mucho trabajo y voluntad, pero si ya intentamos comprender cómo funciona y se sostiene esta red de secretarios, nos puede estallar la cabeza.

 

 

Los secretarios interventores interinos

Lorenzo Campillo, que además es el presidente de la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) explica que existen tres categorías de habilitados nacionales: el secretario, el interventor-tesorero y el secretario-interventor. Esta última categoría se da, según el secretario, “en aquellos municipios donde las plazas de secretaría e intervención no se pueden separar”.

 

En definitiva, el secretario interventor, trabaja en los municipios de la España despoblada, donde los ayuntamientos no tienen capacidad de sufragar la nómina de un habilitado nacional, “por lo que el legislador agrupa a varios municipios y se hace un estatuto, donde cada municipio tiene un porcentaje, sobre el cual paga la nómina. En mi caso la agrupación la forman Hiendelaencina, que es la cabecera, con el 50 %, y Prádena de Atienza y Gascueña de Bornova, con el 25% cada una. El Ayuntamiento de Hiendelaencina paga la nómina y los otros dos, un porcentaje, aunque en algunos ayuntamientos se lleva todavía como antiguamente, por lo que hay quien varias nóminas diferentes”.

 

 

Campillo señala que los secretarios interventores interinos son “un grupo un poco especial”, ya que es el Estado el que tiene las competencias de esta figura, pero son contratados a través de una bolsa de empleo dependiente de cada Comunidad Autónoma y son los ayuntamientos los que pagan la nómina.

 

Esto ocurre, tal y como explica Campillo, porque el Estado no ha convocado las plazas suficientes, ni siquiera para cubrir la tasa de reposición, es decir, el personal que se jubila, con lo que se genera un déficit, que se salva a través de la convocatoria de una bolsa de personal habilitado por parte comunidades autónomas. “Yo aprobé la bolsa de Toledo en 2011. Nos presentamos aproximadamente unos 3.400 compañeros y pasamos los dos ejercicios 301 personas, por lo que creo que he demostrado los principios de igualdad, mérito y capacidad que tan alegremente utilizan los funcionarios de carrera, cuando dicen que no hemos pasado nuestro proceso selectivo”, se lamenta el presidente de Ansiti.

Al parecer, según el secretario, esa bolsa lleva varios meses agotada. “Llevo diez años en esta agrupación y me consta en Guadalajara hay cuatro o cinco agrupaciones que están vacantes, sin secretario, y los alcaldes tienen que acudir al Servicio de Asistencia al Municipio de Diputación para que les cubra las necesidades básicas, pero si hay una subvención o un expediente importante que tramitar, ahí están esperando”, indica Lorenzo Campillo.

 

En el Señorío de Molina, según la secretaria de la agrupación de La Yunta no existen plazas vacantes, “porque somos todos de aquí y estamos viviendo en la zona. Vino un secretario interventor interino de la bolsa de Castilla-La Mancha a la zona, que era gallego y no duro más que unos meses. En cuanto vio el panorama… Y es que parece muy bonito eso de ser secretario y la gente se cree que va a llegar al Ayuntamiento y se va a encontrar a alguien en la recepción, auxiliares administrativos, personal laboral… Pero la realidad es que es el secretario el que abre el Ayuntamiento, el que enciende la calefacción y barre si está sucio… porque no hay más servicios”, aclara la secretaria de La Yunta.

 

La Directiva de la UE de 1999 y la Ley 20/2021

Una Directiva de la Unión Europea del año 1999 obliga a los estados miembros a bajar la tasa de temporalidad, que según el presidente de Ansiti, en España ronda en 40%; en el caso de los habilitados nacionales, está en torno al 48% y en provincias con un alto índice de despoblación, como Guadalajara, Cuenca o Soria puede llegar al 70%, la mayoría mujeres. Actualmente, indica, la UE está marcando una serie de hitos a España, uno de los cuales pasa por lograr una tasa de temporalidad del 8% para acceder a los fondos europeos

 

En este sentido, Lorenzo Campillo hace hincapié en que el Estatuto del Empleado Público establece un límite de temporalidad de tres años -cuando en la empresa privada son máximo dos años de contrato temporal, antes de pasar a indefinido-. Después de tres años, la plaza se tiene que cubrir con un funcionario, pero la realidad es que no se cubre “y se mantiene la situación de temporalidad de manera muy amplia. En la Sierra Norte de Guadalajara tengo compañeros con hasta 30 y 35 años siendo funcionarios interinos”.

 

Susana Checa, en la zona del Señorío de Molina, empezó en el año 1994 en la agrupación de Alcolea del Pinar; después pasó a la de Taravilla, para suplir una baja. Posteriormente, estuvo dos años en Checa, hasta llegar a La Yunta, donde lleva 23 años. En total, suma 31 años como secretaria-interventora, pero tiene compañeras con 34 años y conoce casos que se han llegado a jubilar sin estabilizar la plaza.

 

Con el fin de poner solución a esta situación, se creaba la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que obligaba a los ayuntamientos a estabilizar a sus trabajadores “y en el caso de Hiendelaencina han tenido que estabilizar al peón de servicios múltiples y al auxiliar de ayuda a domicilio, porque así lo marca la ley”, relata Campillo.

 

No obstante, en el caso del personal con habilitación de carácter nacional, las competencias no dependen de los ayuntamientos, sino del Estado, que lo que hizo, en palabras del presidente de Ansiti, fue sacar dos procesos selectivos, un concurso oposición con 114 plazas, al que concurrieron 1.500 opositores y un concurso de méritos con 563 plazas, al que se presentaron 3.000, “con el correspondiente certificados emitidos por las Comunidades Autónomas que acreditaba el abuso de temporalidad”.

 

Pendientes de dos procesos sin resolver desde hace dos años

Han pasado ya dos años de la convocatoria de estos procesos, que los funcionarios interinos valoran a todas luces insuficientes, teniendo en cuenta los más de 3.000 interinos que acudieron a valorar sus méritos, y todavía están sin resolver, con lo que “el Estado no ha sacado siquiera la resolución provisional de la baremación de los méritos”.

 

Las bases del concurso de méritos están impugnadas porque marcan que solamente ser pueden baremar los diez primeros años, “con lo que una persona que lleve 30 años tiene la misma puntuación que alguien que lleve 10. Eso es una injusticia”. Tampoco se tienen en cuenta los cursos, y solo se valoran los exámenes aprobados de habilitados nacionales a partir de 2018, en adelante, con lo que “a una persona que hubiese aprobado en 2015 no se lo tienen en cuenta”. Por último, en caso de empate, una situación que va a afectar a la gran mayoría, porque llevan más de diez años, el criterio de desempate va a ser el apellido. Es decir, según la letra que se sacó por sorteo en el Instituto Nacional de Administración Pública, que fue la ‘U’. “Hay compañeros que llevan 30 años y se apellidan Martínez y lo más posible es que no entren”, valora.

 

Los secretarios interinos manifiestan que se encuentran contra la espada de Damocles, en una situación límite de completa inestabilidad, sin saber si lograrán quedarse en su plaza o, después de décadas, tendrán que pasar a engrosar las listas del paro, cuando consideran que ellos no son parte del problema, sino de la solución, que pasa  por modificar la Ley 20/2021 para estabilizar las plazas de todos los funcionarios interinos que se encuentran en abuso de temporalidad.

 

También entienden que es la solución más viable desde el punto de vista económico, ya que la Ley marca una indemnización por despido de 20 días por año trabajado y en su inmensa mayoría tendrán dos años de paro por delante. “En estos ayuntamientos donde el remanente de tesorería es más bien escaso ¿cómo les dices que tienen que pagarte el porcentaje que les corresponde de la indemnización, cuando hay una solución práctica al lado que es estabilizar a todo el personal?”

 

 

Asimismo, para ellos es más que evidente que esta medida contribuiría a la estabilidad administrativa de los ayuntamientos pequeños de la provincia. En este sentido, Campillo recuerda que existen ayuntamientos en la provincia en los que, en poco tiempo, han pasado siete u ocho secretarios:“Toman posesión algunos funcionarios de carrera, están unos meses, y luego no les cuadra y se van, porque los destinos en los ayuntamientos pequeños de la provincia no son muy atractivos. Están en todo su derecho, pero el Ayuntamiento no evoluciona porque un secretario que llega de nuevas tiene que estudiarse todos los expedientes”. Todos los años, explica Campillo, salen plazas dentro del concurso unitario para aquellos funcionarios de carrera que quieran cambiar de puesto o acumular más pueblos, desplazando al interino, “pero estas plazas no las quiere nadie porque no son muy golosas”.

 

El año pasado salieron 1.500 plazas libres, la primera gran oferta de plazas del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública, cuyo examen se convocará en 2025, con cargo a la oferta de empleo público de 2022, 2023 y 2024, “porque faltan muchos secretarios y los antiguos se van jubilando y no se van cubriendo las plazas”. Si esas plazas las aprueban los opositores, advierte el presidente de Ansiti, “desplazaran a 1.500 interinos, que junto con las más de 500, ya está reconociendo el Ministerio que, mínimo, existen 2.000 compañeros en abuso de temporalidad”.

 

Para Lorenzo Campillo, no se trata de un problema a futuro, porque exista una necesidad que requiera la convocatoria de plazas para cubrirla: “El problema es a pasado, con un capital humano de profesionales formados con experiencia y con años de trabajo en la administración pública local que están diciendo que hay una directiva del año 1999 que el Estado Español no está cumpliendo. No pedimos ser funcionarios de carrera, sino nuestra fijeza en el puesto de trabajo en el que estamos, para que un funcionario no pueda venir a desplazarnos y tener que volver a la bolsa de Toledo para empezar de cero”.

 

“Nosotros no somos el problema, sino la solución de estas zonas”, añade Susana Checa. “Estas plazas van a estar cubiertas mientras estemos en activo, porque no nos vamos a ir a ningún sitio, porque nuestra casa está aquí”, concluye.

 

La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti)

Con este telón de fondo se crea la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti), en agosto de 2023, con sede en Gascueña de Bornova, en la Sierra Norte de Guadalajara y cerca de 400 socios, de los que 52 son de esta provincia, para defender sus derechos laborales, “con independencia de que individualmente tenemos nuestras reclamaciones judiciales, muchos en recurso de casación en el Tribunal Supremo, para ver si el alto tribunal cambia su doctrina y aplica la directiva de la UE o la última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que marca la obligatoriedad de aplicar el Derecho Comunitario por encima del Derecho Nacional”.

 

La primera asamblea de Ansiti se celebraba el 20 de enero de 2024 en Guadalajara con la presencia de representantes de las distintas administraciones y la segunda, tendrá lugar el próximo 1 de marzo en Licera, un pequeño pueblo de la provincia de Soria, donde además de cumplir con el Orden del Día, celebrarán una mesa redonda con la presencia de Javier Ramón Sierra, que fue magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Juzgados de Guadalajara y ahora es abogado en ejercicio del equipo de Derecho Público y Urbanismo del Despacho BDO Abogados de Madrid; Gerardo Pérez Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de la Laguna de Tenerife; Jaime Carnicero, secretario de Organización y Funcionamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).