Lo que parecía una buena noticia para los conductores de Guadalajara se ha convertido en una fuente de frustración y sanciones económicas. A pesar de que el Ayuntamiento anunció en su página web la gratuidad del estacionamiento en Zona Azul durante las tardes del mes de agosto, numerosos vecinos han recibido multas de hasta 100 euros por aparcar en ese horario.
La confusión se origina en dos comunicados oficiales publicados en julio y octubre de 2024, donde el concejal de Infraestructuras,Santiago López Pomeda, aseguraba que las tardes de agosto serían gratuitas en las zonas de estacionamiento regulado. Sin embargo, esta medida estaba supeditada a la adjudicación de un nuevo contrato de gestión de la ORA, que aún no ha sido licitado.
“El Ayuntamiento pone en su web que no se paga por la tarde en agosto, pero luego te multan. Llamamos y no se hacen responsables”, denunció un vecino en redes sociales, acompañado de una captura de pantalla de la noticia oficial.
Otro ciudadano denunciaba: “Aunque el Ayuntamiento de Guadalajara ponga en su página web que la ORA de las tardes de agosto son gratuitas, no es así. Andad con ojo que la multa es de 100 euros. Hemos llamado al ayuntamiento y no se hacen responsables de sus propias noticias”.
Desde el Grupo Municipal Socialista, el concejal Juan Flores ha calificado la situación como “publicidad engañosa” y ha criticado al equipo de Gobierno de Ana Guarinos por generar confusión que termina afectando directamente al bolsillo de la ciudadanía.
Además, el nuevo contrato de estacionamiento limitado contempla un aumento de 1.500 plazas de Zona Azul y una subida del 20% en el precio del ticket, sin que los ingresos repercutan en mejoras para los servicios públicos, ya que irán directamente a la empresa concesionaria.
Otra medida polémica es la apertura de la zona roja de residentes a cualquier conductor, siempre que pague una tarifa más alta. El Grupo Socialista propuso reducir el coste de la tarjeta para residentes, pero la enmienda fue rechazada.
Mientras tanto, los vecinos siguen pagando las consecuencias de una gestión que, según la oposición, prioriza los intereses privados sobre el bienestar ciudadano.
