Los trabajadores de la factoría de Caobar en Taracena se concentrarán nuevamente este viernes a las puertas de la planta para protestar por el impago de sus salarios y por la “situación insostenible” que atraviesa la compañía, en concurso de acreedores voluntario desde hace varios meses.
Según ha explicado a El Decano de Guadalajara Antonio Jiménez, empleado de la factoría, la plantilla arrastra retrasos acumulados que incluyen el 30% de la nómina de julio, la paga extra del mismo mes y el salario completo de agosto. A esta situación se suman los “Ertes progresivos” aplicados desde diciembre “a las categorías salariales más bajas”, que, según denuncia, “solo han servido para empobrecer al trabajador”.
La compañía, que cuenta con más de 60 años de trayectoria en Guadalajara en la producción de caolín y sílice, cuyo destino principal son sectores tan diversos como el cerámico, químico, farmacéutico o industrial, cuenta con dos plantas: la de Taracena, donde trabajan alrededor de 60 personas, y la de Poveda de la Sierra, junto a las explotaciones, con otros 26 empleados.
Tras un cambio en la gerencia, la compañía admitió una deuda de 35 millones de euros “por la mala gestión de la fábrica”. En agosto de 2024, anunció a través de un comunicado la renegociación de esa deuda y la puesta en marcha de un Plan de Reestructuración que contemplaba la renovación del Órgano de Administración, la destitución del director comercial, la sustitución del operador de mina y proveedores, así como la creación de un Comité de Dirección para establecer una nueva estrategia y controlar gastos.
Sin embargo, para la plantilla estas medidas no resuelven el problema de fondo. El núcleo de la producción se encuentra en las minas de Peñalén y Poveda, donde la explotación de la materia prima se ha visto gravemente afectada por errores de una de las compañías mineras contratadas. En la mina del Machorro, donde se extrae el material de mayor calidad, se ejecutaron taludes de grandes dimensiones en lugar de terrazas, lo que comprometió la seguridad y obligó a paralizar la actividad. La reanudación requeriría una inversión millonaria para la reestructuración de la mina, inasumible con la actual situación financiera.
En diciembre se declaró un ERTE que afectó a 36 trabajadores de Taracena, con las bases salariales más bajas, excluyendo a encargados, miembros del comité, personal de dirección y administración. En junio se aplicó otro expediente de cuatro meses a la planta de Poveda, que continúa inactiva.
“Cada vez se va vendiendo menos, pero como la fábrica está muy anticuada y en muy malas condiciones, lo poco que se produce se hace a un coste desorbitado”, denuncia Jiménez, que recuerda que durante años las plantas fueron muy rentables, pero no se invirtió nada en su modernización.
La situación, resume el trabajador, es insostenible: “No hay liquidez, no hay materia prima, no puedes producir, no puedes vender y no tienes ingresos” y lanza un mensaje contundente: “La gente que tiene familia no puede subsistir. Si han hecho una mala gestión, que cierren la fábrica o hagan lo que tengan que hacer, pero que no nos tengan en la agonía por salvar los intereses de la gerencia”.