Convocada una concentración para exigir el derecho real al aborto en la sanidad pública en la región

Organizaciones feministas, sociales y sindicales denuncian que casi el 100% de las intervenciones se realizan en clínicas privadas y que el 60% de las mujeres de Castilla-La Mancha se ven obligadas a abortar en otras comunidades

 

Treinta y siete organizaciones feministas, sociales y sindicales han convocado para hoy lunes concentraciones en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, en el marco del Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro, para denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno regional "de su obligación de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública".

 

En Guadalajara, la concentración tendrá lugar a las 19 horas, en el paseo de las Cruces, a la altura del edificio de la Subdelegación del Gobierno.

 

Según afirma Amnistía Internacional en una nota de prensa, más de dos años y medio después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "no ha adoptado medidas efectivas para garantizar el derecho al aborto en el sistema público y poner fin a las desigualdades territoriales y a depender exclusivamente de clínicas privadas. Esta dejadez institucional impone graves obstáculos al ejercicio efectivo de este derecho, que impacta de forma desproporcionada en las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad".

 

Las organizaciones convocantes se han dirigido en diversas ocasiones, incluso a través del Portal de Transparencia, al Consejero de Sanidad y a la Consejera de Igualdad a lo largo de los últimos dos años, expresando sus preocupaciones sobre el incumplimiento de la Ley, demandando datos e información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno regional para garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Castilla-La Mancha y solicitando reuniones a ambas consejerías.

 

Sin embargo, desde AI se denuncia que la respuesta oficial de la Consejería de Sanidad, que fue emitida a principios de este verano sólo tras una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia por incumplir los plazos legales, lo que según su opinión, "confirma la falta de voluntad política".

 

Según los datos facilitados por los convocantes, cada año más del 60% de las mujeres que abortan en la región tienen que desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho al aborto. De los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha entre 2010 y 2023, tan solo 18.895 lo fueron en la región

 

Además, el 99,94% de los abortos se realice en clínicas privadas o concertadas con tan sólo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en 14 años en centros públicos, "lo que evidencia un patrón de objeción de conciencia que en ningún caso puede ser institucional. La negativa a practicar abortos debe ser individual, nunca colectiva ni de los centros", se afirma en la nota.

 

Asimismo, se señala que la información pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo se reduce al teléfono Salud Responde, lo cual resulta insuficiente: "falta información accesible (protocolos, folletos, web…) y queda a la voluntad de cada profesional informar y cómo hacerlo".

 

La organización añade que no se informa de cómo se está implantando el registro de objetores ni de cómo se van a organizar los servicios públicos para asegurar el derecho al aborto, como obliga el artículo 19 bis 2 de la Ley 1/2023: "La ley establece claramente que el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia. A estos efectos, los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo".

 

Por último, acusan al Gobierno regional de "eludir cualquier responsabilidad frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos en la puerta de las clínicas con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión, pese a que la Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar".

 

"Los colectivos convocantes denuncian la falta de voluntad de la Junta para dialogar con la sociedad civil, tras diversas solicitudes de reunión con las Consejerías de Sanidad e Igualdad", concluye la nota.