Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones al borrador del nuevo Reglamento de Caza impulsado por el Gobierno regional, al considerar que “empeora el contenido del texto anulado por el Tribunal Superior de Justicia” e incorpora medidas “contrarias a la legislación estatal básica” y “que suponen un riesgo grave para la salud y la seguridad de las personas”.
En un comunicado, la organización ecologista ha solicitado la retirada del proyecto “para que sea objeto de un debate plural” y ha denunciado que el Ejecutivo autonómico “quiere aprobar el decreto por la vía exprés, despreciando cualquier opinión que no sea la del lobby cinegético”.
Ecologistas en Acción critica además la forma en que se está tramitando el reglamento. “En su primer trámite, el decreto salió a participación pública en verano, intentando ocultar la iniciativa a la opinión pública”, señalan. Ahora, durante el proceso de información pública, “solo se han dado 20 días para alegar”, mientras que el Gobierno regional “ha reunido de forma precipitada a los consejos provinciales de caza y al consejo regional”, celebrado el martes, 21 de octubre.
Según la organización, el Ejecutivo autonómico “no ha querido convocar otros órganos de participación en los que estuvieran representados sectores distintos al cinegético”. En estos consejos —añaden— “hay mayoría de organizaciones pro-cinegéticas y miembros de la administración, mientras que las entidades ambientales solo cuentan con un representante y la comunidad científica con otro”. De esta forma, aseguran, “el Gobierno regional se garantiza un informe favorable y opaca cualquier debate con los múltiples sectores que pueden verse afectados por esta norma”.
En cuanto al contenido, Ecologistas en Acción considera que el borrador “lejos de corregir los errores del anterior reglamento, incorpora nuevas medidas que ofrecen privilegios al sector de la caza en detrimento del resto de la ciudadanía y de las actividades en el medio rural”. Entre las disposiciones más controvertidas, la organización señala que “se permitirá cazar en vías públicas y pecuarias” y que “se prorroga tres años más el uso de la munición de plomo en zonas cinegéticas de gestión pública”.
“El uso de la munición de plomo ha sido relacionado científicamente con la contaminación de la carne de caza con este metal pesado, cuyo consumo puede ocasionar graves daños en la salud, especialmente en las personas vulnerables”, alerta la entidad ecologista.
El colectivo asegura que el reglamento “profundiza en la intensificación de la caza y en el perjuicio que esta ocasiona al medio ambiente, las especies y los espacios naturales, especialmente los protegidos”, además de poner “en riesgo la salud, la seguridad de las personas y el bienestar animal”.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha presentado numerosas alegaciones que abordan cuestiones como “la custodia de la riqueza genética de las especies autóctonas, la reducción del número de especies cazables, la restricción de modalidades de caza especialmente dañinas o sanguinarias, la prohibición de las sueltas y tiradas y la declaración de un periodo mínimo de parada biológica por coto de ocho meses”.
Asimismo, la organización solicita “la exclusión de los animales domésticos de la normativa cinegética”, que “no se facilite a los cazadores realizar controles en espacios protegidos como los parques nacionales” y que “se prohíban los métodos de control basados en el uso de lazos o cajas trampa”. También piden “la prohibición total de la munición de plomo, dado que existen alternativas seguras”, y que “se tomen medidas adicionales para evitar riesgos a la seguridad de las personas no cazadoras”.