OPINIÓN. Se rompe el espejo de la pobreza

Los números nos muestran lo que queremos ignorar. La pobreza tiene edad, rostro y también acento castellano-manchego. Estos días, la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza) ha publicado el XV Informe 'El Estado de la pobreza' y la realidad nos vuelve a golpear. Nuestra región es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa AROPE en España -ese índice que mide la proporción de la población en riesgo de pobreza o exclusión social- y que afecta al 34,2% de nuestra población, 1 de cada 3 personas. Suman 719.000 personas, y crecen 58.000 personas más que el año pasado. Son casas donde se apagan las luces porque no hay dinero para pagarlas, donde las neveras están vacías y donde lo urgente no se puede afrontar porque no hay para lo necesario.
 

La tasa de pobreza supera el 27%, que es la tercera más alta de España, y que son 576.000 personas con ingresos inferiores a la media nacional, 11.584 euros al año. Crece en 44.000 personas más que el año pasado, y de una forma estructural: familias con menores a cargo (31%), a quienes viven de alquiler (44%) y a las personas desempleadas (40%). También afecta a quienes trabajan, que una de cada cinco sigue siendo pobre. Si hablamos de pobreza severa, la infancia es la más castigada, con un 40% de pobreza, frente a un 24% entre personas mayores.
 

Casi el 9% de la población tiene carencia material y social severa. Son 180.000 personas. Expliquémoslo con ejemplos, son personas que no pueden permitirse siete o más bienes básicos, desde pagar la calefacción o irse una semana de vacaciones. Casi el 20% no puede encender la calefacción y casi el 10% acumula impagos en los suministros. La pobreza energética de los últimos años, con la subida de los precios de los suministros, hace que se haya duplicado la cifra en los últimos 4 años, acarreando consecuencias en la salud y el bienestar.
 

La desigualdad sigue creciendo. Las personas con menos ingresos representan el 41% de la población, y el 11% forma parte del grupo con mayor renta. Si analizamos los datos del índice de Gini, que cuantifica la desigualdad de ingresos en una población, se estabiliza en los 29,7 puntos, mejorando la media nacional, pero sin poder optar al acceso a la vivienda, a un empleo digno o a una educación que luche contra la pobreza. Casi el 11% de la población tiene una baja intensidad laboral, que crece un 57% respecto al año anterior. El mercado laboral castellano-manchego tiene contratos precarios, sueldos bajos y jornadas laborales insuficientes.
 

Nuestra región se sitúa la quinta más baja respecto a la menor cobertura de ayudas de garantía de ingresos y la tercera más baja en la protección familiar. Las aportaciones que se reciben de las administraciones, fundamentalmente pensiones, no sirven porque un tercio de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza. Todo ello acaba siendo sustituido por redes familiares, comunitarias, vecinales, que remplazan lo que no consiguen las políticas públicas, pero resulta alarmante para quien gestiona.
 

Estos datos deben preocuparnos. Si no planteamos políticas realmente estructurales, que incluya empleo, apoyo a la infancia, vivienda, protección a las familias, esta región tiene el grave riesgo de cronificar la exclusión. No sirve con que la economía crezca, nuestro aumento de las rentas medias es el más débil de España.
 

La pobreza no es falta de dinero, es perder el horizonte, a no pensar en el futuro, y esto nos tendría que preocupar mucho.

Alejandro Moreno Yagüe. Educador social.