El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que evalúe el cambio o retirada de la nueva cartelería instalada por el Ministerio de Justicia en las sedes judiciales de la región, incluida la Audiencia Provincial de Guadalajara, al considerar que puede inducir a confusión y afectar a la imagen de independencia del Poder Judicial.
La medida se produce con motivo de la entrada en funcionamiento, el próximo 31 de diciembre de 2025, de la tercera fase de los Tribunales de Instancia, que afectará a los partidos judiciales de las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha. En este contexto, el Ministerio de Justicia ha procedido a instalar nueva señalética y rotulación en los edificios judiciales de la comunidad, entre ellos las Audiencias Provinciales y el propio Tribunal Superior de Justicia.
El Pleno de la Sala de Gobierno del TSJCLM, reunido este viernes 7 de noviembre en Albacete, ha constatado que la nueva cartelería sigue el modelo utilizado por el Gobierno de España para los servicios de la Administración General del Estado. Según el acuerdo aprobado, esta rotulación es “improcedente”, ya que sitúa a los Tribunales como espacios del Ejecutivo y “devalúa, a los ojos del ciudadano, la apariencia de independencia de Juzgados y Tribunales”.
El Tribunal subraya que la confusión se agrava en lugares donde la denominación de los órganos no cambia con la implantación de los Tribunales de Instancia, como ocurre con el propio Tribunal Superior de Justicia o las Audiencias Provinciales, así como en edificios históricos, entre ellos la Audiencia Provincial de Toledo, donde la nueva señalética afecta incluso a la fachada.
En su acuerdo, el TSJCLM reconoce que el Ministerio de Justicia es el encargado de dotar de medios materiales a los órganos judiciales en comunidades autónomas sin competencias transferidas en materia de Justicia, como es el caso de Castilla-La Mancha. No obstante, insiste en que la instalación de esta cartelería es inadecuada, al poder “fomentar una imagen de dependencia del Poder Judicial respecto del Gobierno”.
El acuerdo será elevado al Consejo General del Poder Judicial, para que valore la situación y, si lo considera oportuno, requiera al Ministerio de Justicia la modificación o retirada de la señalética. Además, el Ministerio recibirá comunicación directa del acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJCLM.