PSOE y PP sellan un pacto histórico por el Estatuto de Castilla-La Mancha mientras Podemos lo tilda de “bipartidista” y Vox se opone

El debate parlamentario evidenció distintas visiones: el PSOE habló de pacto social, el PP de igualdad, Podemos de austeridad encubierta y Vox de rechazo al modelo autonómico
 

El debate sobre la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados ha evidenciado un amplio respaldo político a un texto que, según sus promotores, pretende abrir una nueva etapa de progreso, igualdad y fortalecimiento institucional en la región. Con 288 votos a favor, la iniciativa superó su primer trámite parlamentario y fue calificada por los socialistas como “un día grande para Castilla-La Mancha”.

 

Gutiérrez: “Castilla-La Mancha recupera el pacto político y social de su democracia”

El diputado socialista Sergio Gutiérrez destacó en el Congreso que la reforma del Estatuto “recupera el mejor capítulo de la génesis de nuestra democracia: el pacto político y el pacto social para un proyecto compartido de región”.

 

Aseguró sentirse “orgulloso” de que la diferencia entre la Castilla-La Mancha de hoy y la de hace cuatro décadas “no sea fruto del paso del tiempo, sino de la suma de Constitución, autonomía y Europa”.

 

Gutiérrez reivindicó la labor de los presidentes Bono, Barreda y Page, “que han sabido aprovechar la autonomía para crear igualdad de oportunidades y bienestar”, y puso en valor que el nuevo texto “blinda los derechos sociales, garantiza la igualdad de servicios públicos en todo el territorio y obliga al diálogo social antes de iniciar cualquier proyecto legislativo”.

 

El socialista remarcó que apoyar la toma en consideración del Estatuto significa “fortalecer la democracia española, abrir una ventana de oportunidades para nuestra tierra y ser coherentes con los valores progresistas y constitucionales”.

 

Godoy: “288 votos a favor reflejan un día grande para Castilla-La Mancha”

El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, celebró el “amplio respaldo” obtenido en el Congreso, con 288 votos favorables a la toma en consideración de la reforma. “Fue un día grande para Castilla-La Mancha y demuestra que es posible llegar a acuerdos entre los partidos políticos”, afirmó.

 

Godoy subrayó que “el Estatuto no es del PP ni del PSOE, es de los castellanomanchegos”, elaborado con la participación de la sociedad civil, y defendió que el texto “blinda los servicios públicos, especialmente en el medio rural, frente a la despoblación y con una financiación justa”.

 

Asimismo, reprochó la posición de Vox, único grupo que votó en contra, y señaló que “estar en contra de un Estatuto de Autonomía aprobado en las Cortes es estar en contra de la Constitución”.

 

En su calidad de portavoz de Sanidad, Godoy destacó además que la región “ha pasado de tener 26.000 profesionales sanitarios con el PP a 38.000 con el Gobierno de Page”, y que “Castilla-La Mancha cuenta hoy con tecnología puntera y unas infraestructuras sanitarias modernizadas”.

Núñez: “Castilla-La Mancha no pide privilegios, pide igualdad”

Por su parte, el presidente del PP regional, Paco Núñez, defendió que Castilla-La Mancha “no pide privilegios, pide igualdad; no reclama agravios, reclama oportunidades”. Afirmó que el nuevo Estatuto es “el pilar de un tiempo nuevo” para la región, con un texto “moderno, ambicioso y comprometido con la libertad, la igualdad y el progreso”.

 

Núñez insistió en que “el tiempo de las excusas ha terminado” y llamó a “creer en Castilla-La Mancha y construir juntos su futuro”.

 

Entre los ejes principales del Estatuto, destacó “la mejora de los servicios públicos, el impulso al empleo y la economía, la igualdad territorial con una financiación justa, el diálogo con los ciudadanos y el compromiso con el campo y el mundo rural”.

 

El líder popular subrayó también la necesidad de abordar “la cuestión del agua como prioridad inaplazable”, porque “hablar de agua en Castilla-La Mancha es hablar de solidaridad, desarrollo y justicia”.

 

El diputado popular Enrique Belda resaltó el consenso político y social alcanzado en torno a la norma, que calificó de “ejemplo de madurez y sentido institucional”. Felicitó a Núñez por anteponer “el interés general al partidista” y advirtió que “romper el consenso sería contribuir a la polarización y al discurso del odio”.

Podemos: “El acuerdo PP-PSOE resucita el austericidio y mantiene el pucherazo de Cospedal”

Desde Podemos, el diputado Javier Sánchez Serna explicó la abstención de su grupo, argumentando que “el texto es fruto de un pacto bipartidista cerrado en falso entre PP y PSOE”.

 

El parlamentario criticó que el proyecto “resucita el austericidio con un artículo 135 a la castellanomanchega que subordina los derechos sociales a la estabilidad presupuestaria”, y denunció que mantiene “el pucherazo electoral de Cospedal”, al posponer cualquier reforma del sistema electoral hasta después de 2027.

 

Sánchez Serna auguró que “el PP volverá a dejar tirado al PSOE, como ya hizo en 2008 o con el Consejo General del Poder Judicial”, y anunció que su grupo presentará enmiendas “para que los derechos no sean papel mojado y se recupere la democracia en la región”.

 

La coordinadora adjunta de Podemos Castilla-La Mancha, Irene Arcalá, defendió la creación de una sexta circunscripción autonómica y un incremento del número de diputados “para garantizar una representación justa y que no se pierda ni un solo voto de las izquierdas”. También pidió “blindar lo público y los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI frente a los recortes y los macroproyectos especulativos”.

 

Un consenso amplio con una excepción

El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha ha superado su primer trámite parlamentario con un amplio consenso entre PSOE y PP, el voto en contra de Vox y la abstención de Podemos, que promete presentar enmiendas.

 

El texto inicia ahora su recorrido en el Congreso con la promesa de consolidar los derechos sociales, garantizar la igualdad territorial y reforzar el autogobierno de una comunidad que busca, cuarenta años después de su primera norma básica, renovar su pacto político y social.