Desarrollo Sostenible pone trabas a los proyectos que pretenden buscar oro en la Sierra Norte de Guadalajara

La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara ha publicado los informes de impacto ambiental de  los proyectos para la obtención de permisos de investigación minera GUA, DALA y JARA. Las respectivas resoluciones obligan a la empresa Oroberia SLU a unificar las actuaciones en un único proyecto y a someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, en lugar de la simplificada

 

Los proyectos para buscar oro en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara han recibido un nuevo varapalo, que podría ser el definitivo. Tal y como publicaba El Decano de Guadalajara en el mes de septiembre, las solicitudes de los permisos de investigación minera por parte de Oroberia S.L.U despertaban el contundente rechazo de ayuntamientos, asociaciones y particulares del territorio, que han presentado en su conjunto cerca de 800 alegaciones a los respectivos informes de impacto ambiental de dichas solicitudes para los proyectos denominados GUA, DALA y JARA. Ahora, ha sido la Administración, en este caso, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara la que, con sus resoluciones, ha sembrado de obstáculos el proceso de tramitación administrativa de estos permisos.

 

El proyecto GUA comprende las localidades de San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque y Medranda. El proyecto DALA afecta a Congostrina, Robledo de Corpes, La Bodera, Atienza, Hiendelaencina y Pálmaces de Jadraque; y el denominado JARA abarcaría La Miñosa, La Bodera, Atienza, Riofrío, Sigüenza y la Olmeda de Jadraque.

 

Desarrollo Sostenible ha resuelto que “dado que que se trata del mismo tipo de proyecto y el mismo promotor”, GUA, DALA y JARA “deberán unificar las tres actuaciones en un mismo proyecto, con el fin de tener una valoración conjunta de los efectos sobre el medio ambiente”, lo que permitirá "evaluar los impactos sinérgicos y evitar la fragmentación de proyectos”. Además, señala que deberán “someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ordinaria -en lugar de simplificada, que es más ágil y menos exigente- por tener efectos significativos en el medio ambiente”.

 

“Valoramos estas resoluciones de manera positiva, porque han tenido en cuenta parte de las alegaciones que hemos presentado, no sólo desde Ecologistas en Acción (EA), sino también del resto de ayuntamientos y particulares”, señala Alberto Mayor, representante de EA, una de las organizaciones que encabeza el movimiento crítico en contra de los proyectos mineros.

 

Para Alberto Mayor las resoluciones de la Delegación de Desarrollo Sostenible demuestran “que la preocupación y la respuesta social han hecho que la Administración reaccione y eso nos da más tiempo y un mayor plazo para poder seguir trabajando en la línea de evitar que esto siga adelante” y añade que, a partir de ahora, si Oroberia quiere seguir adelante, “tendrá que presentar un nuevo proyecto con las 14.600 hectáreas que comprenden los tres proyectos e incluir algunas cuestiones relacionadas con la flora y la fauna que la empresa había obviado, como es la presencia de especies en peligro de extinción, vulnerables o de especial interés”.

 

Sondeos a 300 y 400 metros de profundidad

Según  se desprende de los documentos de las resoluciones, cada uno de los proyectos, que afectan a una amplia zona del noroeste provincial y la Serranía de Guadalajara, solicitaba permiso de investigación por un periodo de tres años, con una metodología común: Recopilación documental; cartografía detallada (mapas geológicos y mineros a escala 1:10.000); campañas geoquímicas y geofísicas; integración en el Sistema de Información Geográfica (SIG) y una primera campaña de sondeos con recuperación de testigo a desarrollar en dos fases: Una fase inicial de seis sondeos por permiso y una posible segunda fase con otros seis.

 

El método de perforación que plantean es a rotación con recuperación de testigo con wire-line desde la superficie, para disponer una muestra completa de todo el macizo rocoso atravesado para, además del estudio de la mineralización, también poder realizar estudios geológicos y geotécnicos

 

Las perforaciones proyectadas alcanzarían profundidades estimadas entre 300 y 400 metros con diámetros HQ/PQ (denominaciones estándar de diámetros de perforación para sondeos con recuperación de testigo): En HQ el testigo mide unos 6,3 cm de diámetro, mientras que el agujero que queda en la roca tiene un diámetro de 9,6 cm, suficiente para ver bien la roca y hacer un número significativo de análisis, al tiempo que ocupa menos espacio y el coste es menor; mientras en PQ el testigo mide unos 8,5 cm de diámetro y el agujero unos 12,3 cm, lo que significa una muestra más grande y representativa, útil para ensayos más completos, pero implica más material removido y mayor gestión de residuos

 

La superficie afectada por el emplazamiento de la perforadora y elementos auxiliares será de aproximadamente 200 metros cuadrados.

Los proyectos afectan a varios espacios protegidos

En sus resoluciones, la Delegación señala cuestiones como la proximidad e interacción con figuras de conservación de la Red Natura 2000, Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), por ejemplo, en el Valle del Río Cañamares, Riberas del Henares o en el Valle y Salinas del Salado, entre otras, así como la presencia de múltiples Hábitats de Interés Comunitario, algunos de ellos prioritarios donde la actividad minera no sería compatible; La existencia o posible afectación de especies protegidas y de interés como la alondra ricotí, el milano real, el lobo, el águila real, nutrias, diversas especies de murciélagos o trucha común, entre otras y de áreas de campeo y expansión de manadas de lobo que se solapan con puntos de sondeo propuestos; Interrelación con Lugares de Interés Geológico (LIG), microrreservas  como la Cueva de los Murciélagos (Ríofrío del Llano) o los Saladares de la Cuenca del río Salado y elementos geomorfológicos protegidos, cuya alteración estaría sujeta a restricciones legales; así como la afectación de vías pecuarias de la Red Nacional y Montes de Utilidad Pública, supuestos que requieren autorizaciones, expropiaciones y, en su caso, indemnizaciones.

 

El informe señala que los trabajos de sondeo pueden generar impactos significativos sobre los suelos y la hidrología, principalmente por la remoción de tierras y el riesgo de arrastre de sedimentos a los cauces, la posible contaminación de aguas subterráneas por filtración de fluidos con aditivos químicos, y la afección al suelo por derrames o mala gestión de lodos con metales pesados o hidrocarburos. También existe riesgo de acidificación por sulfuros, alteración de acuíferos, zonas húmedas y escorrentías, así como compactación del terreno. La Confederación Hidrográfica del Tajo exige autorización previa para cualquier actuación en Dominio Público Hidráulico, prohíbe vertidos sin autorización y obliga a mantener la extracción siempre por encima del nivel freático, además de garantizar que los caminos y viales no afecten la capacidad hidráulica ni la calidad de las aguas.

 

Además, se señala la carencia de elementos clave en los documentos ambientales presentados, específicamente protocolos arqueológicos preventivos y evaluaciones suficientes sobre salud pública y riesgos acumulados.

 

Por otro lado, la Delegación de Desarrollo Sostenible valora la gran oposición social e institucional que existe a los proyectos de investigación minera, lo que se ve  reflejado en las cientos de alegaciones presentadas, cerca de 800, y en la negativa de la mayoría de los ayuntamientos consultados. Además, de manera unánime, las alegaciones advierten de que este tipo de proyectos entra en conflicto con los valores ambientales, culturales y económicos de la zona, y contradice los principios de sostenibilidad y desarrollo rural establecidos en la legislación de Castilla-La Mancha.

 

 

Un único proyecto de 14.600 hectáreas, pera cerca de 500 cuadrículas mineras

Con este telón de fondo y desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, la empresa tiene dos opciones: Entender que estas nuevas exigencias suponen complicaciones añadidas a la obtención del permiso de investigación minera, pero seguir adelente o directamente, valorar que son un motivo de peso para abandonar sus pretensiones en el territorio: “El presentar un único proyecto con las 14.600 hectáreas y alrededor de 500 cuadrículas mineras es un inconveniente porque, si la Junta estima que el desarrollo de la minería es icompatible, por ejemplo, con el proyecto de Declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco del Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza, el permiso se podría ir al traste sólo con un argumento. En cambio, con los tres proyectos, que es una práctica común de las empresas en los macroproyectos de granjas, renovables, minería, etc...cabía la posibilidad de obtener permiso en alguno de ellos”, aclara. Los tres poyectos presentados por Oroberia suman un total de 485 cuadrículas mineras: 94 en el proyecto JARA; 151 en DALA y 250 en GUA

 

Nuevas exigencias, condiciones y desventajas

Si la empresa optara por presentar de nuevo un proyecto unificado se reiniciaría todo el proceso, con nuevas exigencias: La apertura del expediente de Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria implica la obligación de presentar estudios ambientales complementarios de carácter técnico y específico: evaluación de impacto sobre fauna y hábitats, análisis hidrogeológico y de calidad del agua, plan de gestión de lodos y prevención de drenaje ácido, estudios arqueológicos preventivos, evaluación de efectos acumulados entre los tres proyectos y planes de medidas correctoras y restauración. Asimismo, la unificación de los tres permisos (GUA, DALA, JARA) facilitará una evaluación conjunta de sinergias y efectos acumulados que, según la Delegación, no pudo desarrollarse en trámites separados. Una vez presentado todo esto, se abriría un nuevo plazo de 30 días para presentar alegaciones.

 

En este sentido, desde Ecologistas en Acción entienden que el proyecto viene acumulando demasiados inconvenientes, lo que convierte en cada vez más factible la opición de que Oroberia desista de sus intereses mineros en la Sierra Norte de Guadalajara: “Con estas resoluciones y las cuestiones que les plantean, con determinados sondeos que no se pueden llevar a cabo, porque se encuentran en zonas protegidas y montes de utilidad pública, creo que ya de partida la empresa lo tienen un poco negro”, apunta.

 

Por ejemplo, en el proyecto JARA, la Delegación de Desarrollo Sostenible resume las condiciones recogidas en el informe emitido por el Servicio de Medio Natural "para garantizar la adecuada conservación de los recursos naturales" que excluyen del área de estudio la cuadrícula minera ubicada dentro de los límites legales de la Microrreserva de la Cueva de los Murciélagos, en Riofrío del Llano y establece límites en otros puntos. En los sondeos “JARA”-07 y “JARA”-09, en la Zona B (“Uso compatible”) del ZEC (ES0000165) y ZEPA (ES0000489) Valle y Salinas del Salado, permite la fase de investigación, pero la fase de explotación se consideraría no compatible con la normativa ambiental y en el sondeo “JARA”-01, por su proximidad a un crestón cuarcítico relevante en la Cuerda de la Sierra de la Bodera, la fase de investigación no implicaría afección significativa, pero la explotación sería difícilmente compatible con la normativa de protección medioambiental.

 

Por otro lado, señala la necesidad de extremar las medidas de precaución en el sondeo “JARA”-06, dado que se ubica dentro del área de expansión de la Alondra ricotí, especie catalogada como “En peligro de extinción” y en los sondeos “JARA”-02 y “JARA”-10, por su cercanía a formaciones geológicas de interés.

 

Es más, para Alberto Mayor sólo el rechazo unámime que ha encontrado la amenaza de investigaciones mineras en el territorio debería ser una cuestión de peso para que la empresa decideiera no seguir adelante y, en este sentido, valora la rápida y ágil reacción del tejido social: “Desde la primera reunión que hubo en Naharros ha habido una coordinación y una respuesta súper rápida, que ha surtido efecto. Ha sido un éxito total porque se han presentado cerca de un millar de alegaciones, entre ayuntamientos, particulares y asociaciones”.

 

Conscientes de que han ganado esta batalla, pero que la guerra está aún por dirimir, el representante de Ecologistas en Acción señala que continuarán activos y pendientes del proceso. “La Delegación de Desarrollo Sostenible nos tiene que comunicar sí o sí a las asociaciones y ayuntamientos afectados si se presenta un proyecto único al que se voverán a presentar alegaciones (...) Al mismo tiempo, estamos pensando, sobre todo los ayuntamientos, qué medidas se podrían adoptar, con la creación de ordenanzas municipales que regulen, no ese tipo de actividad minera, porque no está dentro de sus competencias, pero sí otras cuestiones que podrían generar trabas a la actividad minera o incluso en las licencias de obras para este tipo de actividades”.

 

El Ayuntamiento de "La Toba" destaca la fortaleza de la colaboración

El Ayuntamiento de La Toba, también ha mostrado su satisfacción tras la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de la Resolución sobre las alegaciones presentadas al Proyecto Minero GUA.

 

Tal y como explica a través de un Bando Municipal, la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible recoge y amplía las alegaciones formuladas por los ayuntamientos de San Andrés, La Toba, Pinilla de Jadraque, Medranda y Jadraque -este último, aun sin estar directamente afectado, también presentó alegaciones-, además de las de asociaciones deportivas, culturales y vecinales de los pueblos implicados. En total, se han contabilizado 373 alegaciones vecinales y las consideraciones de diversos organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo, las Delegaciones de Cultura y Turismo y la Sección de Medio Ambiente de la Delegación Provincial.

Desde el Ayuntamiento valoran las conclusiones de la Delegación Provincial, que considera que el proyecto minero “genera un enorme rechazo social y que presenta incompatibilidades con las actividades tradicionales y el futuro de la zona” y señalan que este resultado es una “batalla ganada”, fruto de la organización y la unión entre municipios, asociaciones y vecinos. “Esta resolución nos da tiempo para seguir trabajando juntos, armándonos de herramientas legales y continuando en la defensa de nuestro territorio”, subraya el comunicado municipal.

 

El Consistorio tobeño ha querido felicitar a todos los vecinos y colectivos por su implicación y esfuerzo en un proceso que, según destacan, demuestra la fortaleza de la colaboración ciudadana frente a proyectos que puedan comprometer el entorno natural y el modo de vida de la comarca.