Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta para 2026 presentadas por los grupos de la oposición, PP y Vox. Con esta votación, la tramitación parlamentaria de las cuentas autonómicas continúa su curso, abriéndose ahora el plazo para la presentación de enmiendas parciales por parte de los grupos.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, fue el encargado de abrir y cerrar el debate presupuestario, que concluyó con la votación en la que la mayoría socialista tumbó las iniciativas de los grupos opositores. Tras el Pleno, la Mesa de las Cortes se reunió para continuar con la tramitación formal del texto, conforme al calendario legislativo previsto.
El consejero valoró los presupuestos como unas cuentas “vivas y apegadas a la realidad social y económica de la región”, con el objetivo de avanzar en prosperidad y bienestar siguiendo la premisa del presidente García-Page de “no dejar a nadie atrás”
Ruiz Molina destacó que los presupuestos constituyen “el principal instrumento de redistribución de la riqueza” y subrayó la estabilidad política y económica de Castilla-La Mancha frente a la situación nacional. Resaltó indicadores macroeconómicos positivos: la región ha reducido su deuda pública, ha registrado la tercera mayor tasa de crecimiento desde la pandemia, y alcanza el nivel más alto de ocupación histórica, con 940.000 personas empleadas y más de 219.000 empleos creados desde 2015.
El consejero subrayó que los presupuestos de 12.903 millones de euros priorizan el gasto social (72% del total no financiero), destinado a sanidad, educación, servicios públicos, innovación y digitalización, garantizando el equilibrio presupuestario y reduciendo la deuda mediante la condonación de 4.927 millones de euros del FLA. Además, destacó la inversión en desarrollo económico, con 1.475 millones destinados a empresas y 341 millones para fomentar el empleo, así como la financiación de la transición ecológica (538,5 millones) y la transformación digital (211 millones).
Ruiz Molina criticó las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, calificándolas de “vacías, sin alternativa real y alejadas de la realidad”, con errores jurídicos y discursos catastrofistas, y defendió que el proyecto presupuestario refleja un modelo económico y social sólido, centrado en mejorar la vida de los ciudadanos y reforzar el Estado del Bienestar.
Uno de los puntos centrales de la sesión fue el debate general sobre la Política Agraria Común (PAC), impulsado por los grupos Socialista y Popular, con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.
El Pleno aprobó las resoluciones presentadas por PSOE y PP, mientras que la propuesta de Vox fue rechazada. La iniciativa socialista, que contó con la abstención del PP, destacó la defensa del Gobierno regional al sector primario ante las instituciones europeas y reclamó una “PAC fuerte”, sin recortes presupuestarios y con fondos Leader blindados para luchar contra la despoblación.
Por su parte, la resolución popular —aprobada con la abstención socialista— también pidió mantener ambos pilares de la PAC y rechazó el marco financiero 2028-2034 de la Comisión Europea por implicar “un recorte inasumible del 22%”.
Durante el debate, Martínez Lizán criticó duramente el nuevo planteamiento de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, al que calificó de “confuso” y “peligroso para el futuro de la PAC”. “No queremos recortes, no queremos un fondo único, no queremos la eliminación del segundo pilar y todo lo que trae detrás”, afirmó el consejero, advirtiendo de que el nuevo modelo de gobernanza podría obligar a competir a la industria agroalimentaria “con grandes empresas aeronáuticas”, lo que “debilitaría al sector rural”.
Martínez Lizán también recordó que el Ejecutivo regional ya trasladó en mayo al comisario europeo de Agricultura una propuesta consensuada con el sector, y acusó al PP de haber presentado “una copia barata de ese acuerdo”.
“Esta no es la PAC que necesitamos”, insistió, reclamando “unidad” entre los grupos políticos para defender al campo castellanomanchego.
Por su parte, el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, reclamó unidad política para defender una PAC justa y el futuro del campo castellanomanchego. Núñez pidió dejar de lado los tacticismos partidistas y trabajar juntos en una posición unida ante Europa, insistiendo en que los recortes planteados y la desaparición del segundo pilar de desarrollo rural pondrían en riesgo la modernización de explotaciones, los regadíos y las ayudas a jóvenes agricultores. “Una PAC que dé estabilidad, relevo generacional y cohesión territorial, que llegue directamente desde Europa al agricultor, porque sin agricultores no hay futuro y sin campo no hay vida”, enfatizó.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, compareció ante la Cámara a petición propia para hacer balance de la campaña de incendios forestales de 2025. En su intervención, destacó que el Gobierno regional invertirá 126 millones de euros en 2026 en prevención y extinción de incendios, un 8% más que en el ejercicio anterior.
“En un contexto de emergencia climática debemos seguir reforzando los servicios públicos que protegen nuestro patrimonio natural”, señaló Gómez, poniendo en valor la profesionalidad del dispositivo Infocam y su colaboración con otras comunidades autónomas.
La titular de Desarrollo Sostenible detalló que hasta noviembre se han registrado 1.580 incendios en el medio natural, de los cuales 632 han sido forestales. La superficie afectada alcanza las 6.870 hectáreas, una cifra similar a la media del decenio y solo un 2% del total nacional.
Gómez subrayó que “la prevención es un aspecto fundamental” y recordó que en 2024 se realizaron tratamientos selvícolas en más de 13.200 hectáreas, con una inversión superior a los 42 millones de euros.
Sin embargo, el debate sobre incendios forestales estuvo marcado por las críticas del diputado del PP Nacho Redondo, quien calificó el incendio del Pico del Lobo (Guadalajara) como “el espejo del modelo de Page”. “Recortes, rigidez, activaciones tardías y falta de transparencia resumen la gestión del Gobierno regional”, denunció.
Redondo aseguró que el fuego “tardó más de seis horas en recibir los primeros medios terrestres” y que “se redujo personal justo antes del incendio”. Además, criticó la “precariedad laboral” de los trabajadores del operativo Infocam y propuso ampliar la campaña de incendios a seis meses, con contratos más largos y dotaciones completas.
En el bloque de control al Gobierno, el diputado popular Nacho Redondo volvió a intervenir para alertar de las consecuencias del nuevo mapa concesional de líneas de autobús impulsado por el Ministerio de Transportes.
Según explicó, 347 municipios de Castilla-La Mancha se quedarían sin parada y desaparecerían más de 3.000 trayectos, lo que —dijo— “pone en riesgo la cohesión territorial y social de la región”.
“Estamos hablando de pueblos que no pueden permitirse quedarse sin transporte público”, advirtió, pidiendo a la Junta “una respuesta clara y un compromiso firme” para defender a los municipios afectados.
Por otro lado, La diputada del PP-CLM, María Gil, puso sobre la mesa el incremento del acoso escolar en la región. Según sus datos, uno de cada cuatro menores ha sufrido bullying y más del 25% de los casos nunca se denuncia. Criticó la insuficiencia del programa ‘Tú Cuentas’, el protocolo regional de 2017 y el Decreto de Convivencia, que sigue pendiente de actualización. “Las medidas actuales son papel mojado. Los alumnos están pidiendo ayuda y el Gobierno de Page no puede seguir mirando hacia otro lado”, afirmó Gil, reclamando más recursos de orientación y atención psicológica, especialmente en zonas rurales, así como una actualización del protocolo y el decreto con medidas efectivas para prevenir y combatir el acoso escolar.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, fue el encargado de responder a las preguntas de la oposición sobre este y otros asuntos relacionados con la convivencia en centros educativos y la acogida de menores inmigrantes.