García considera que la sentencia del TSJ no condena la gestión de la Junta en prevención de incendios forestales

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso contencioso-administrativo de ASAJA y APAG a la resoución de la Junta que establecía limitaciones de uso de maquinaria agrícola entre las 12.00 y las 20.00 horas de los días 11 y 12 de julio de 2021

 

El delegado de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, Rubén García, señala que el Gobierno regional obró de manera consecuente en julio de 2021, en un contexto de una ola de calor extremo, con unas condiciones especialmente desfavorables y un riesgo muy alto de incendios forestales, por lo que se establecieron limitaciones a la utilización de maquinara agrícola entre las 12.00 y las 20.00 horas de los días 11 y 12 julio, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que anula la resoluciónd de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que establecía dichas limitaciones.

 

El TSJ ha estimado el recurso contencioso-administrativo de APAG y ASAJA, al considerar que “las medidas adoptadas no se encuentran previstas entre las reguladas para su aplicación durante las campañas de prevención de incendios forestales”.

 

Para García, este fallo no viene a decir que se trate de “una decisión política mal tomada” sino que la normativa de 2006 que se aplicó entonces era “insuficiente para llevar a cabo ciertas restricciones” y por lo tanto, la gestión fue adecuada y “por suerte no hubo que lamentar ningún incidente en ese verano de 2021”.

 

Desde entonces, según ha informado, ese marco legislativo se ha actualizado “y tenemos nueva normativa, incluida la Ley de Montes, el Plan Infocam y los índices IPP y por lo tanto, desde 2022 estamos trabajando con un marco legislativo nuevo, de la mano de los agricultores y de las empresas de cosechadoras, para seguir avanzando y seguir conservando nuestro patrimonio natural y, por su puesto, el campo que es importante para nosotros”.

 

Por otro lado, ha señalado que los servicios jurídicos del Gobierno regional están estudiando la sentencia para valorar la posibilidad de recurrir.

 

En este sentido, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible entienden que las campañas de extinción y prevención de incendios y su regulación han evolucionado dentro de la normativa vigente y siempre contando con el sector primario para hacer compatibles al máximo sus labores agrícolas y ganaderas con la seguridad de la ciudadanía y el medio natural frente a los incendios forestales.

 

En estas circunstancia, han informado que la Consejería actuó como le correspondía adoptando medidas preventivas y excepcionales, limitadas en el tiempo y orientadas a proteger la seguridad de las personas, del sector agrario y del medio natural, puesto que Castilla-La Mancha se encontraba en un escenario de riesgo real e inmediato de incendios forestales que podían afectar a explotaciones agrarias, infraestructuras y zonas habitadas y consideramos que era necesario actuar en base a criterios estrictamente técnicos.

 

Evolución consensuada en la normativa de prevención de incendios forestales

Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que precisamente, decisiones como la que tuvieron que tomar por aquel entonces han servido para ir aplicando nueva normativa preventiva frente a los incendios forestales que se ha ido adaptando y evolucionando en base a la Ley estatal de Montes, integrando un modelo avanzado basado en el Índice de Propagación Potencial (IPP) y el Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción 2025.

 

Además, han puesto en valor que en la actualidad se están aplicando medidas graduadas, objetivas y proporcionadas según el nivel de riesgo en cada zona, con total seguridad jurídica y con un procedimiento claro para excepciones, autorizaciones y siempre en coordinación con el sector agrario.

 

Estas medidas han culminado, tras el consenso alcanzado entre las diferentes organizaciones agrarias y la Consejería, en la resolución de julio de este año 2025 que ha flexibilizado la actividad de cosechado y empacado de cereal en la región los días en los que el IPP ha sido muy alto y extremo, circunscribiendo su aplicación a los terrenos forestales y a la franja de 400 metros próxima, siempre que estas labores se llevaran a cabo con las correspondientes medidas de seguridad en una determinada franja horaria.

 

Con este tipo de regulación, Castilla-La Mancha ha reducido los incendios y su normativa ha servido de ejemplo al resto de comunidades autónomas que han decidido implantar limitaciones temporales similares, como se ha podido comprobar durante la ola de incendios que ha sacudido España este verano.