El Senado aprueba la Ley Feijóo que despenaliza el corte de suministros en viviendas ocupadas

El senador del Partido Popular por Guadalajara, y presidente provincial, Lucas Castillo, explica que esta Ley dota a los propietarios de una herramienta legal más efectiva para recuperar su inmueble despenalizando el corte de servicios básicos como la luz o el agua como delito de coacción

El Senado aprobó la denominada Ley Feijóo para modificar el marco legal relativo a la okupación ilegal, con el objetivo de que el corte de suministros como luz o agua en inmuebles ocupados sin autorización no sea considerado delito de coacciones. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, llega en un contexto de creciente debate político y social sobre este fenómeno.

Durante su intervención en la Cámara Alta, el senador del PP por Guadalajara y presidente provincial, Lucas Castillo, denunció el bloqueo de la tramitación de la ley en el Congreso, donde —según afirmó— se han acumulado “casi 70 prórrogas” en el plazo de enmiendas. Castillo atribuyó esta situación a una maniobra del PSOE para evitar posicionarse claramente sobre la propuesta.

El parlamentario popular defendió que la okupación ilegal constituye “una agresión ilegítima contra el derecho a la propiedad” y subrayó que, en 2024, se registraron más de 16.400 casos de usurpación o allanamiento, un 7,4% más que en 2023. A su juicio, el crecimiento de estas cifras confirma que se trata de “una lacra que afecta a propietarios, vecinos y ayuntamientos”.

Castillo destacó también la relevancia del criterio fijado en marzo de 2025 por la Audiencia Provincial de Barcelona, que consideró que cortar suministros en un inmueble ocupado ilegalmente no debía interpretarse como coacción. El PP plantea trasladar ese criterio judicial a la legislación estatal para “dotar a los propietarios de una herramienta más efectiva” en la recuperación de sus viviendas.

El senador mencionó varios episodios de okupación en la provincia de Guadalajara, como el desalojo en 2022 de 96 personas en el edificio “Campus Empresarial Alcarreño” en la capital, las incidencias registradas en Horche o recientes operativos en Chiloeches. Aseguró que reforzar la seguridad jurídica contribuiría a generar confianza y a incentivar que más viviendas salgan al mercado.

Castillo criticó al Gobierno por no priorizar, según su visión, la seguridad, la vivienda o la protección de los propietarios. Atribuyó al Ejecutivo una agenda legislativa centrada en “rebajar penas” en distintas áreas o en promover reformas “en beneficio de condenados o investigados”, mientras —dijo— “los problemas reales siguen sin resolverse”.

La aprobación en el Senado supone un paso significativo para el PP, aunque la norma permanece pendiente en el Congreso, donde continúa el proceso de enmiendas. El debate sobre cómo abordar la okupación ilegal se mantiene en el centro de la confrontación política y social, con posiciones encontradas sobre las medidas más eficaces y equilibradas para afrontar este fenómeno.