A propuesta del Ministerio del Interior, el Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil 63 comarcas que entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre de 2025 han sufrido episodios catastróficos de distinta naturaleza, en su mayoría inundaciones, en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra.
En la provincia de Guadalajara se han declarado tres zonas, todas ellas por incendios forestales: el de Loranca de Tajuña, declarado el 29 de agosto; el de El Cardoso de la Sierra, el 22 de septiembre y el de Luzaga, el 26 de septiebre. En el conjunto de la región también figuran varios incendios forestales, todos ellos en la provincia de Toledo, en Sonseca, el 31 de agosto, en Polán,el 13 de septiembre, en Almorox, el 9 de octubre y en Talavera de la Reina, el 23 de octubre.
Entre otras emergencias, el texto del acuerdo gubernamental recoge el temporal de lluvias torrenciales que, el pasado 30 de septiembre, afectó a las islas de Ibiza y Formentera, donde la Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso rojo por riesgo extremo de precipitaciones que alcanzaron hasta 236 litros por metro cuadrado. Las intensas lluvias provocaron inundaciones en calles y viviendas y cortes de carreteras.
Entre los días 9 y 13 de octubre de 2025, la dana Alice mantuvo bajo avisos rojo y naranja a varias zonas del litoral mediterráneo peninsular y Baleares, con lluvias muy fuertes y tormentas que ocasionaron inundaciones, cortes de tráfico y actuaciones de los servicios de emergencia, especialmente en la Comunitat Valenciana, Baleares, Cataluña y la Región de Murcia,
Asimismo, dentro del periodo comprendido entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre se registraron diversos incendios forestales en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunitat Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Galicia e Illes Balears.
Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican la intervención de la Administración General del Estado, con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, como complemento a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.
Todas las personas afectadas por estos episodios han podido ya solicitar las ayudas que son competencia del Ministerio del Interior, destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; actuaciones de las corporaciones locales; daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a la emergencia.
Además, y a partir del acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Ministros, otros ministerios podrán adoptar diversas medidas para paliar las consecuencias de estas emergencias, como determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.
