La oferta incluye 1.303 plazas de Administración General, 910 de Educación y 1.591 del Sescam
La Mesa General de Negociación del personal empleado público ha dado luz verde este jueves a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 del Gobierno de Castilla-La Mancha. La propuesta, que ha obtenido la mayoría de votos favorables de las organizaciones sindicales con representación, contempla un total de 3.804 plazas distribuidas entre Administración General, Educación y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
La reunión, presidida por el director general de Función Pública, José Narváez, contó además con la participación del director general de Recursos Humanos de Educación, Cultura y Deportes, José Manuel Almeida, y del director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Íñigo Cortázar.
Distribución de las plazas
Tras el proceso de negociación colectiva, la oferta queda configurada de la siguiente manera:
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1.303 plazas en Administración General, destinadas a turno libre, discapacidad y promoción interna.
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827 para personal funcionario
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476 para personal laboral
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910 plazas para Educación, de las cuales:
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867 corresponden a turno libre y discapacidad
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43 a promoción interna
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1.591 plazas del SESCAM, repartidas en:
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1.429 para turno libre y discapacidad
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162 para promoción interna
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La OEP incluye además un cupo del 7% reservado para personas con discapacidad, del cual un 2% corresponde a discapacidad intelectual y un 5% a otros tipos de discapacidad.
Tras ser respaldada por la Mesa General, la oferta será elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.
Impulso continuado a los servicios públicos
Con esta convocatoria, la Junta continúa su estrategia de refuerzo de las plantillas públicas. Desde 2015, el Gobierno regional ha aprobado más de 30.000 plazas de empleo público. Este esfuerzo busca seguir reduciendo la temporalidad —una de las más bajas del país en la región—, garantizar la estabilidad de las plantillas, ofrecer oportunidades de acceso y promoción y fomentar la incorporación de personas con discapacidad a la función pública.
El Ejecutivo subraya que estas medidas contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante unos servicios públicos más sólidos y eficaces.