El acuerdo contempla avances históricos en materia de conciliación, cuidados y acompañamiento, entre los que destacan, por ejemplo, la ampliación hasta diez días laborables del permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad —padres y madres, abuelos y abuelas, hermanos y hermanas, hijos e hijas, y nietos y nietas—, la creación de un nuevo permiso de quince días laborables para el cuidado de familiares cercanos, también hasta segundo grado, que se encuentren en procesos terminales bajo cuidados paliativos, garantizando el derecho a cuidar y acompañar sin poner en riesgo el empleo, o la incorporación de un permiso específico de un día para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la prestación de ayuda para morir, con independencia de la existencia de vínculo familiar, siempre que la persona trabajadora haya sido designada para dicho acompañamiento.
La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, Isabel Carrascosa; ha pedido sensibilidad y responsabilidad a los grupos parlamentarios para que no rechacen una norma “justa y humana”, y que también tiene relación con la prevención de riesgos laborales y la salud mental.
“Esta es una necesidad que tarde o temprano vamos a tener todas las personas trabajadoras, y la normativa actual de 4 días por fallecimiento de familiar es algo claramente irrisorio. Además, no estamos hablando únicamente de ser sensibles con el dolor ajeno. Sino también de prevención de riesgos laborales, y para la salud mental de las personas trabajadoras, especialmente en un contexto en el que el duelo requiere un tiempo de recuperación emocional y personal adecuado. Además, la ampliación de este permiso nos igualaría a la situación que ya existe en los países europeos de nuestro entorno”.
Desde el sindicato piden sentido común a todos los grupos parlamentarios para que este acuerdo se tramite con la máxima celeridad en el Congreso de los Diputados y pueda aprobarse y entrar en vigor a la mayor brevedad posible. UGT hace también un llamamiento a las organizaciones empresariales para que reflexionen y demuestren que la salud mental y emocional de las personas trabajadoras importa, sumándose a un marco de derechos que acompaña también a las empresas en los momentos más duros, aportando seguridad jurídica, estabilidad y cohesión social.