La Inspección de Trabajo obliga a JT Hiring ETT a retirar una cláusula que hacía pagar los EPIs a los trabajadores

La Inspección de Trabajo ha reaccionado así a una denuncia presentada por UGT-Castilla-La Mancha contra la ETT que trabaja para la compañía logística GXO en Marchamalo

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Guadalajara ha vuelto a dar la razón a UGT tras constatar que la empresa JT Hiring ETT incluía en sus contratos una cláusula que obligaba a las personas trabajadoras a asumir el coste de los Equipos de Protección Individual (EPIs) si estos se devolvían deteriorados. La práctica ha sido declarada contraria a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La actuación inspectora se produce tras una denuncia presentada por FeSMC UGT Castilla-La Mancha contra esta Empresa de Trabajo Temporal, que desarrolla su actividad para la compañía logística GXO en el centro de trabajo de Marchamalo (Guadalajara). Según el requerimiento emitido por la ITSS, la empresa deberá eliminar de forma inmediata dicha cláusula contractual, al vulnerar la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

La Inspección recuerda que los EPIs constituyen una obligación empresarial y que su coste no puede recaer, en ningún caso, sobre las personas trabajadoras. Así lo establece el artículo 14.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como el Real Decreto 773/1997, que obligan a las empresas no solo a proporcionar los equipos de protección necesarios para el desempeño del trabajo, sino también a su reposición cuando sea preciso.

Entre los equipos afectados se encuentran, entre otros, botas de seguridad, chalecos reflectantes, guantes o cúteres, considerados herramientas imprescindibles para el desarrollo de la actividad laboral en el centro logístico.

Desde UGT, la secretaria general de FeSMC UGT Castilla-La Mancha, Ana González, ha valorado de forma contundente la resolución de la Inspección. “Los EPIs no se pagan, no se descuentan de la nómina y no pueden ser objeto de amenazas económicas ni cláusulas abusivas”, ha afirmado, denunciando unas prácticas que califica de “inadmisibles”.

González ha subrayado además la gravedad de este tipo de actuaciones en una provincia como Guadalajara, que registra año tras año algunos de los índices más elevados de siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha. “No es un problema administrativo: es un problema de salud y de vidas humanas. Cada medida de protección que se intenta cobrar es un paso atrás en la prevención de accidentes laborales”, ha advertido.

El sindicato ha anunciado que continuará vigilante y seguirá denunciando cualquier incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. “La seguridad no es un privilegio, es un derecho. Ningún trabajador ni trabajadora debe pagar por trabajar”, ha concluido González.