El PCE de Guadalajara defiende la recuperación de su sede histórica tras el conflicto con el Centro Social Octubre

El PCE asegura que la actuación se desarrolló “sin violencia, coacción ni estrategias de desalojo ilegales” y desmiente las informaciones que apuntan a una posible venta del inmueble, calificándolas de “radicalmente falsas” y de una nueva difamación

 

El Partido Comunista de España (PCE) en Guadalajara ha defendido su actuación en relación con el incidente ocurrido en la mañana del pasado sábado, 9 de enero, en el inmueble de la calle Chorrón número 16, sede histórica del partido que fue cedido en 2005 por 20 años a la Asociación Centro Social Octubre. Según sostiene el PCE, la intervención de su militancia se produjo una vez vencido el contrato de cesión del local y tras haber agotado todas las vías de diálogo con el colectivo que lo utilizaba.

 

Los hechos han sido objeto de versiones contrapuestas. Desde la Asociación Octubre se denunció públicamente que miembros del Partido Comunista de Guadalajara “intentaron tomar por la fuerza” el centro social, llegando incluso a “reventar las cerraduras” para acceder a las instalaciones, que la entidad venía utilizando en virtud de un contrato de comodato firmado en 2005. Dicho acuerdo, de carácter gratuito, finalizó el pasado 27 de diciembre de 2025.

 

El secretario del Área Externa del PCE en Guadalajara, Daniel Touset, ha explicado a El Decano de Guadalajara, que los hechos no se desarrollaron en un clima de violencia y que por el contrario “la posición que hemos mantenido desde hace varios años en los que hemos intentado negociar con ellos ha sido compartir el espacio y encontrar puntos de unión, porque lo que no queremos es que haya división en la izquierda de Guadalajara”.

 

Touset señala que en ningún momento se forzaron las cerraduras, sino que asesorados por sus servicios jurídicos y tras haber notificado oportunamente la finalización del contrato a través de un burofax, se personaron en el lugar con un cerrajero. “Una vez la Policía nos dice que no se puede proceder así, lo que hacemos es sustituir las cerraduras y darles las llaves para iniciar los procedimientos oportunos. No sabemos qué violencia hay en ello. Eso es algo que en ningún momento hemos querido porque, de hecho, compartimos espacio con la gente del Octubre en algunos de los movimientos de Guadalajara”.

 

 

Frente a estas acusaciones, el PCE de Guadalajara ha difundido un comunicado en el que subraya que el local es una propiedad histórica del partido, adquirida durante los años de la Transición gracias a las aportaciones económicas de su militancia, que además fue la encargada de acondicionar el espacio con su propio trabajo. Según el partido, este origen del inmueble “se obvia intencionadamente” en algunas de las informaciones publicadas.

 

El comunicado recuerda que el contrato de comodato firmado en diciembre de 2005 tenía una duración de 20 años y que su vencimiento se produjo “de manera irrevocable” el 27 de diciembre de 2025. Ante la proximidad de esa fecha, y dado que el PCE en Guadalajara cuenta actualmente con organización propia y carecía de sede para su actividad ordinaria, el partido asegura haber iniciado contactos con el Centro Social Octubre ya en 2023.

 

Según la versión del PCE, la propuesta trasladada por escrito consistía en un uso compartido y pacífico del local durante los dos últimos años de vigencia del contrato, con la posibilidad de estudiar una prórroga en caso de que la convivencia resultara satisfactoria. El objetivo, señala el comunicado, era alcanzar una solución consensuada y evitar cualquier conflicto judicial. Sin embargo, el Centro Social Octubre habría rechazado de forma “rotunda y tajante” cualquier modalidad de uso compartido, llegando incluso a plantear que el PCE solicitara autorización previa para cada actividad concreta.

 

Una vez vencido el contrato y, según el partido, agotadas todas las vías de diálogo, la militancia del PCE procedió a recuperar el acceso a su propiedad. El partido insiste en que esta actuación se llevó a cabo “sin violencia, coacción ni estrategias de desalojo ilegales” y con la intención de evitar una intervención policial. No obstante, siempre según el comunicado, fueron los integrantes del Centro Social Octubre quienes acudieron a la Policía Nacional para oponerse a la devolución del local.

 

El PCE rechaza además de forma tajante las informaciones que apuntan a una posible venta del inmueble, calificándolas de “radicalmente falsas” y de una nueva difamación. “Es un local histórico del PCE que debe ser devuelto a sus legítimos propietarios”, afirma el partido, que reivindica su derecho a utilizar la sede para desarrollar su actividad política.

 

En este punto, el representante del PCE señala que vender la sede sería contrario a los estatutos del Partido Comunista: “La Dirección Nacional del Partido Comunista es la que gestiona el patrimonio del PCE y tiene prohibido vender espacios y sedes del partido salvo en contadísimas ocasiones” y añade que las campañas electorales del PCE siempre se han pagado con las cuotas de los militantes.

 

Touset considera que para hacer una afirmación de este calibre se tienen que aportar pruebas: “Desde 2023 empezamos a hablar con ellos porque no podíamos mantener la sede de IU en Guadalajara, que es la que utilizaba el PCE también para hacer nuestras reuniones. Queríamos ver si en los dos años que quedaban de contrato podíamos compartir el espacio, porque lo que queremos es que exista un espacio similar, en las condiciones que funciona hoy el Octubre. Un sitio en el que se puedan hacer charlas, conferencias, talleres o incluso actos más relacionados con el ocio, pero no queremos cerrarlo, ni venderlo”, insiste.

 

Al mismo tiempo, el PCE de Guadalajara señala que el uso del local no será excluyente y que, como ocurre en otras sedes del partido en todo el país, colectivos sociales de la ciudad podrán solicitar el espacio para actividades políticas, sociales y culturales, siempre en función de las coincidencias políticas y de manera organizada.

 

Finalmente, el partido anuncia que seguirá reclamando el uso íntegro de la sede y que recurrirá a todas las vías jurídicas que sean necesarias para defender su propiedad. El conflicto, que ha generado una notable polémica en la ciudad, queda ahora a la espera de una posible resolución legal si no se alcanza un acuerdo entre las partes.