El PCE de Guadalajara defiende la recuperación de su sede histórica tras el conflicto con el Centro Social Octubre

El PCE asegura que la actuación se desarrolló “sin violencia, coacción ni estrategias de desalojo ilegales” y desmiente las informaciones que apuntan a una posible venta del inmueble, calificándolas de “radicalmente falsas” y de una nueva difamación

El Partido Comunista de España (PCE) en Guadalajara ha defendido su actuación en relación con el incidente ocurrido en la mañana del pasado sábado, 9 de enero, en el inmueble de la calle Chorrón número 16, sede histórica del partido que fue cedido en 2005 por vente años a la Asociación Centro Social Octubre. Según sostiene el PCE, la intervención de su militancia se produjo una vez vencido el contrato de cesión del local y tras haber agotado todas las vías de diálogo con el colectivo que lo utilizaba.

Los hechos han sido objeto de versiones contrapuestas. Desde la Asociación Octubre se denunció públicamente que miembros del Partido Comunista de Guadalajara “intentaron tomar por la fuerza” el centro social, llegando incluso a “reventar las cerraduras” para acceder a las instalaciones, que la entidad venía utilizando en virtud de un contrato de comodato firmado en 2005. Dicho acuerdo, de carácter gratuito, finalizó el pasado 27 de diciembre de 2025.

Frente a estas acusaciones, el PCE de Guadalajara ha difundido un comunicado en el que subraya que el local es una propiedad histórica del partido, adquirida durante los años de la Transición gracias a las aportaciones económicas de su militancia, que además fue la encargada de acondicionar el espacio con su propio trabajo. Según el partido, este origen del inmueble “se obvia intencionadamente” en algunas de las informaciones publicadas.

El comunicado recuerda que el contrato de comodato firmado en diciembre de 2005 tenía una duración de 20 años y que su vencimiento se produjo “de manera irrevocable” el 27 de diciembre de 2025. Ante la proximidad de esa fecha, y dado que el PCE en Guadalajara cuenta actualmente con organización propia y carecía de sede para su actividad ordinaria, el partido asegura haber iniciado contactos con el Centro Social Octubre ya en 2023.

Según la versión del PCE, la propuesta trasladada por escrito consistía en un uso compartido y pacífico del local durante los dos últimos años de vigencia del contrato, con la posibilidad de estudiar una prórroga en caso de que la convivencia resultara satisfactoria. El objetivo, señala el comunicado, era alcanzar una solución consensuada y evitar cualquier conflicto judicial. Sin embargo, el Centro Social Octubre habría rechazado de forma “rotunda y tajante” cualquier modalidad de uso compartido, llegando incluso a plantear que el PCE solicitara autorización previa para cada actividad concreta.

Una vez vencido el contrato y, según el partido, agotadas todas las vías de diálogo, la militancia del PCE procedió a recuperar el acceso a su propiedad. El partido insiste en que esta actuación se llevó a cabo “sin violencia, coacción ni estrategias de desalojo ilegales” y con la intención de evitar una intervención policial. No obstante, siempre según el comunicado, fueron los integrantes del Centro Social Octubre quienes acudieron a la Policía Nacional para oponerse a la devolución del local.

El PCE rechaza además de forma tajante las informaciones que apuntan a una posible venta del inmueble, calificándolas de “radicalmente falsas” y de una nueva difamación. “Es un local histórico del PCE que debe ser devuelto a sus legítimos propietarios”, afirma el partido, que reivindica su derecho a utilizar la sede para desarrollar su actividad política.

Al mismo tiempo, el PCE de Guadalajara señala que el uso del local no será excluyente y que, como ocurre en otras sedes del partido en todo el país, colectivos sociales de la ciudad podrán solicitar el espacio para actividades políticas, sociales y culturales, siempre en función de las coincidencias políticas y de manera organizada.

Finalmente, el partido anuncia que seguirá reclamando el uso íntegro de la sede y que recurrirá a todas las vías jurídicas que sean necesarias para defender su propiedad. El conflicto, que ha generado una notable polémica en la ciudad, queda ahora a la espera de una posible resolución legal si no se alcanza un acuerdo entre las partes.