La justicia ha dado la razón a UGT Servicios Públicos en dos sentencias que obligan a la empresa concesionaria del transporte sanitario en Guadalajara, SGG, a abonar un total de 166.695 euros a dos trabajadores en concepto de horas extraordinarias no pagadas. En concreto, uno de los empleados percibirá 76.629 euros y el otro 90.066 euros, tras acreditarse que la empresa no retribuyó como horas extra el tiempo trabajado en los dispositivos de localización.
La primera de estas resoluciones, dictada por el Tribunal Supremo, supone un cambio de criterio jurídico de gran relevancia, al reconocer que este tipo de disponibilidad debe computar como tiempo efectivo de trabajo y, por tanto, ser remunerado como hora extraordinaria cuando se superan los límites legales. Este pronunciamiento del Alto Tribunal ha sido determinante para una segunda sentencia favorable, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Desde UGT destacan que el fallo del Supremo sienta jurisprudencia y abre la puerta a que otros trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario que se encuentran en la misma situación puedan reclamar las cantidades adeudadas. De hecho, la asesoría jurídica del sindicato se encuentra a la espera de la resolución de numerosos procedimientos judiciales similares actualmente en curso.
Además, a instancias del Comité de Empresa de SGG —en el que UGT ostenta la mayoría— ya se han presentado más de un centenar de demandas correspondientes a horas extraordinarias realizadas durante 2024 por parte del personal del transporte sanitario urgente, no solo de quienes prestan servicio en dispositivos de localización. De cara a 2025, el comité está gestionando la interposición de otro centenar de reclamaciones judiciales por el mismo motivo.
UGT fundamenta estas acciones legales en la sentencia del Tribunal Supremo y en el reconocimiento expreso de que cualquier jornada que supere las 1.800 horas anuales debe ser compensada como horas extraordinarias, una obligación que, según el sindicato, SGG viene incumpliendo de forma sistemática.
El sindicato considera que estas resoluciones suponen un punto de inflexión en la defensa de los derechos laborales del personal del transporte sanitario y reclama a la empresa concesionaria que adecúe de inmediato sus prácticas laborales a la legalidad vigente para evitar nuevos conflictos judiciales.