La ONU urge al Ayuntamiento de Alovera a proporcionar vivienda digna a una madre y a su hija menor desahuciadas en 2025

El Sindicato de Inquilinas de Guadalajara denuncia fue desalojada en noviembre de 2025 sin que se hubiera facilitado a la familia una vivienda alternativa. Hoy vive en una habitación de 9m2

El Sindicato de Inquilinas de Guadalajara ha informado a través de una nota de prensa que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de las Naciones Unidas ha solicitado al Gobierno español, y en particular al Ayuntamiento de Alovera, "que adopte medidas urgentes para proteger a Ikram y su hija menor, quienes se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad tras ser desalojadas de su vivienda habitual en la localidad sin haber recibido una alternativa habitacional digna".

La denuncia, presentada el 10 de diciembre de 2025 alega la vulneración del derecho a una vivienda adecuada reconocido en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), del que España es Estado parte.  En una decisión adoptada el 18 de diciembre de 2025, el Comité DESC instó al Estado español a tomar "medidas para evitar posibles daños irreparables" a la autora y a su hija, garantizándoles "una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades" mediante una "consulta genuina y efectiva".

"Esta resolución provisional supone un reconocimiento internacional de la gravedad del caso y de la posible violación por parte de España de sus obligaciones en materia de derecho a la vivienda", se afirma desde el sindicato.

Hacinadas en una habitación de 9m2

Ikram, madre soltera de 26 años en situación de desempleo, fue despedida tras quedar embarazada en abril de 2024. Residía en régimen de subarriendo en una vivienda que fue objeto de un procedimiento de desahucio promovido por el propietario.

Aunque se le reconoció el derecho a justicia gratuita, la sentencia de desalojo ya era firme cuando tuvo conocimiento del proceso. A pesar de los informes sociales del propio Ayuntamiento de Alovera y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que destacaban su situación de vulnerabilidad y recomendaban la paralización temporal del desahucio, el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Guadalajara denegó la suspensión del lanzamiento al no existir previsión legal en el ordenamiento jurídico español que lo permitiera.

El desalojo se ejecutó el 18 de noviembre de 2025, sin que, según denuncia el Sindicato de Inquilinas de Guadalajara, se hubiera facilitado a la familia una vivienda alternativa. "En la actualidad, Ikram y su hija viven hacinadas en una habitación de 9 m2, sin condiciones salubres adecuadas y con un arrendamiento irregular".