El Pleno ha aprobaado por unanimidad a las obras de asfaltado previstas dentro de los Planes Provinciales de la Diputación para 2026 y declara la utilidad pública del suelo de la Avenida de Málaga, tras frustrarse su compra por 101.000 euros, como paso previo a su expropiación
El Ayuntamiento de Yunquera de Henares ha dado un paso relevante en la planificación de su futuro inmediato tras la celebración del último Pleno municipal, en el que se abordaron dos asuntos clave: la aceptación de los Planes Provinciales 2026 para el asfaltado de vías públicas y la continuación del procedimiento de expropiación de una parcela destinada a la construcción de una residencia de mayores.
Según ha informado el propio Consistorio, ambas decisiones marcan “dos líneas claras de actuación”: la mejora progresiva de las infraestructuras municipales y el impulso a un equipamiento asistencial considerado estratégico para la localidad.
El Pleno aprobó por unanimidad la aceptación de las obras incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios 2026 de la Diputación Provincial de Guadalajara.
La institución provincial financiará una parte importante de la actuación, mientras que el Ayuntamiento asumirá el porcentaje que le corresponde, además de constituir un aval por el importe de su aportación. Con este acuerdo, se habilita a la Diputación para iniciar el expediente de contratación y proceder a la ejecución de las obras.
La inversión permitirá continuar con la planificación progresiva de asfaltado que el municipio viene desarrollando en los últimos años, con el objetivo de mejorar el estado de sus calles y reforzar la calidad de los servicios urbanos.
Declarada la utilidad pública para la residencia de mayores
El punto central del Pleno fue la aprobación de la continuación del expediente de expropiación de una parcela situada en la Avenida de Málaga nº 46, destinada a la futura construcción de una residencia de mayores y centro asistencial de referencia para Yunquera.
El acuerdo adoptado no supone todavía la expropiación efectiva del suelo, sino la declaración formal de utilidad pública e interés social del proyecto, requisito imprescindible para poder tramitar legalmente el procedimiento. Asimismo, se aprobó la relación concreta e individualizada de los bienes afectados, es decir, la identificación oficial de la parcela y su titularidad.
Desde el Ayuntamiento se explica que, con carácter previo, se intentó adquirir el inmueble mediante compraventa directa. El procedimiento administrativo se tramitó íntegramente y llegó incluso a adjudicarse formalmente por importe de 101.000 euros, fijándose día y hora para la firma en notaría. Sin embargo, la propiedad comunicó finalmente su decisión unilateral de no formalizar el contrato.
Ante esta situación, y considerando el interés social del proyecto, el Consistorio optó por iniciar la vía de la expropiación como “única alternativa viable” para poder desarrollar la residencia.
Información pública y siguientes pasos
El acuerdo incluye la apertura de un periodo de información pública de quince días. Durante este plazo, los propietarios podrán presentar alegaciones, corregir posibles errores o formular las observaciones que estimen oportunas. También cualquier persona podrá aportar antecedentes relevantes.
Además, se solicitará la anotación del procedimiento en el Registro de la Propiedad para dejar constancia formal del inicio del expediente.
Tras la fase de información pública, el Pleno deberá resolver de manera definitiva sobre la necesidad de ocupación. Posteriormente se determinará el justiprecio —el valor económico de la parcela conforme a los criterios legales establecidos— y, una vez fijado y abonado, el suelo pasará a formar parte del patrimonio municipal.
El Ayuntamiento subraya que se trata de un procedimiento reglado y garantista, desarrollado conforme a la Ley de Expropiación Forzosa y con todas las garantías legales para las partes implicadas.
El expediente recoge que el Consistorio carece actualmente de suelo dotacional en propiedad y que, tras analizar la configuración urbana del municipio, no existe otra parcela cercana al núcleo urbano que reúna las condiciones necesarias para albergar una dotación de estas dimensiones.
Por ello, la expropiación se plantea como última vía, una vez agotada la opción de adquisición voluntaria, con el objetivo de desarrollar un equipamiento considerado estratégico para el municipio y dar respuesta a las necesidades asistenciales de su población.