EDITORIAL. Otro servicio municipal en pie de guerra y van…

Las cerca de 80 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Guadalajara (SAD), entre auxiliares de asistencia sociosanitaria y coordinadoras, han iniciado una serie de movilizaciones en defensa de las condiciones laborales de un colectivo que atiende a cerca de doscientas personas dependientes en la capital. 

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El motivo es la ruptura de las negociaciones con la empresa Macrosad que, después de más de diez meses de conversaciones, se ha negado a aplicar el mismo convenio colectivo a todas las auxiliares. La adjudicataria pretende aplicar condiciones diferentes para las auxiliares quienes, por hacer exactamente el mismo trabajo, recibirían distinta remuneración. Así, se plantea que las nuevas incorporaciones se rijan por el convenio colectivo estatal de dependencia -con peores condiciones- mientras que la plantilla actual se regiría por el convenio de empresa -mucho mejor en todos los aspectos- vigente desde hace más de 30 años.

Macrosad trata así de engrosar sus beneficios a la espera de que sus actuales trabajadoras, compuesta en su mayoría por mujeres cercanas a la edad de jubilación, se vayan marchando para pagar peor en las nuevas contrataciones. Negocio redondo se mire por donde se mire. 

El comité de empresa, en el que CCOO es mayoritario, ha instado al Ayuntamiento a que intervenga en defensa de las trabajadoras de un servicio esencial en la ciudad. No olvidemos que el SAD, dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales, capitaneada por Eva Henche, de Vox, se ocupa de atender a personas dependientes que no pueden desenvolverse con autonomía en su entorno habitual.

Un trabajo totalmente vocacional que consiste en cuidar de aquellos que más lo necesitan, que en demasiadas ocasiones se presta en condiciones precarias, que requiere de no pocos esfuerzos físicos y mentales para las trabajadoras -algunas de la cuales son incluso más mayores que los usuarios-, que supone un gran desahogo para las familias y que evita derivaciones a residencias, prolongando el envejecimiento o la vida en el propio domicilio, lo que aumenta el bienestar de las personas en situación de dependencia.

CCOO denunció públicamente esta situación la semana pasada. No obstante, según han confirmado fuentes sindicales a El Decano de Guadalajara, la concejala del ramo ha estado informada de las negociaciones desde el inicio del proceso y no ha movido un dedo en defensa de las empleadas del servicio. Ante su inacción, ha sido el comité el que ha tenido que solicitarle una reunión, prevista para el próximo lunes. 

Parece ser que la señora Eva, que no se pierde un 'sarao' de los organizados por el Ayuntamiento, y que posa encantada de haberse conocido para las fotos 'oficiales', no ha tenido tiempo de descolgar el teléfono para interesarse y mediar con la empresa antes de que la plantilla se haya visto obligada a sacar sus protestas a la calle. Estos son los 'servicios sociales' que tenemos en la ciudad, con una Concejalía que se interesa más por las 'fiestuquis' que por unos usuarios totalmente vulnerables que no pueden quedarse sin atención por sus especiales características. 

Ante la falta de escucha por parte de la empresa y del equipo de Gobierno, la plantilla ha decidido que la mejor forma de comenzar a movilizarse es 'dejarse ver'. Y vaya si lo han hecho. Pertrechadas con pelucas, brillantina, batas o de luto y con camisetas y pancartas con los lemas 'Siempre en precario' o 'Convenio ya', se 'plantaron' en los actos organizados por PP y Vox con motivo del Carnaval. Salieron a calle junto al resto de participantes en las comparsas del Jueves Lardero, en el desfile de disfraces del sábado y en el Entierro de la Sardina, con una consigna muy clara. Recordar a la administración, y muy especialmente al Ayuntamiento, que su paciencia tiene un límite. "Queremos que nos vean y nos escuchen, sí o sí, aunque no quieran", se afirma desde CCOO. Eso sí, no busquen sus camisetas ni sus carteles reivindicativos en las fotos y vídeos colgados en las redes sociales institucionales del Ayuntamiento de Guadalajara, porque 'alguien' se ha cuidado muy mucho de que no aparezcan.

El comité ha anunciado que, de no solucionarse la situación, no descarta "ningún escenario a corto plazo". A buen entendedor pocas palabras bastan. En caso de paros o huelga en el servicio, las consecuencias serían nefastas para los usuarios y sus familias, que no solicitan este tipo de ayuda por placer, sino por auténtica necesidad.

Porque este es, sin duda, uno de los servicios esenciales y más sensibles del Ayuntamiento ya atiende a los más vulnerables. Por ello, el Consistorio no puede escudarse en que se trata de una negociación entre trabajadores y empresa -como ya ha hecho en otros conflictos recientes como el de los autobuses urbanos-. Ha de ejercer su poder de presión, porque lo tiene. Al fin y al cabo paga millones de euros a esta y a otras empresas por prestar servicios a los ciudadanos.

En este punto cabe preguntarse qué está pasando en esta legislatura con los servicios municipales de Guadalajara, cuyos trabajadores andan o han andado a la gresca con el Ayuntamiento: la Policía Local, los Bomberos, los trabajadores de la grúa, las brigadas de Parques y Jardines y Limpieza Viaria, las trabajadoras de la Biblioteca Suárez de Puga, las del Centro de Atención a Mujeres víctimas de malos tratos o las de las escuelas infantiles, los profesores y alumnos de las Escuelas Municipales, y ahora el SAD.

Ana Guarinos, el PP y la ultraderecha están consiguiendo convertir su paso por la Casa Consistorial en histórico por la cantidad de conflictos abiertos en unas contratas que cada día cobran más pero prestan peores servicios, ya sea por falta de medios, conflictos laborales o por la nula de vigilancia del cumplimiento de los pliegos por parte de la Administración municipal. 

El PSOE de Guadalajara denunciaba hace ya un año que la política de privatización de los servicios municipales que durante años ha llevado a cabo el Partido Popular "nos lleva a la ruina". El Grupo Municipal Socialista estimaba en 2025 que la cifra superaba los 10 millones de euros en revisiones de precios de precios y "en contratos a la carta para las empresas", con un balance de "calles sin iluminación suficiente; una ciudad más sucia; un servicio de autobuses que no funciona y el agua más cara", por poner cuatro ejemplos.

La realidad es que alguien en este equipo de Gobierno debería hacer examen de conciencia. Si los trabajadores de las contratas municipales están que trinan y los vecinos siempre son quienes acaban perjudicados, es cuestión de hacérselo mirar. Dada la nula capacidad de escucha del equipo de Guarinos, mucho nos tememos que la cosa no va a acabar aquí y que al PP y a Vox se les avecina un final de legislatura 'calentito' en materia de servicios públicos. 

Tiempo al tiempo.