La Diputación provincial de Guadalajara ha aprobado, en la sesión de la Junta de Gobierno celebrada esta semana, la nueva convocatoria del Fondo de Cooperación y Desarrollo de los Municipios (Focodem), dotada para 2026 con 2.590.000 €.
Esta convocatoria vuelve a dirigirse a municipios, pedanías y Eatims de la provincia con una población de hasta 1.000 habitantes, con el objetivo de financiar inversiones en infraestructuras, equipamientos y servicios municipales que se ejecuten entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026.
La convocatoria se desarrolla en régimen de concurrencia competitiva, si bien no establecerá un orden de prelación entre las solicitudes presentadas, ya que el crédito consignado es suficiente para atender todas las solicitudes al establecer una cuantía máxima de las ayudas para cada entidad local, en función de su tipología jurídica y número de habitantes.
Al igual que en las convocatorias anteriores, las cuantías establecidas para cada pueblo o pedanía beneficiarios son las siguientes: los municipios de hasta 100 habitantes y las Eatims podrán recibir hasta 7.000 €; los municipios de entre 101 y 250 habitantes podrán optar a ayudas de hasta 10.000 €; los municipios con una población de entre 251 y 1.000 habitantes podrán obtener una subvención de hasta 12.000 €; para los barrios y pedanías, sus ayuntamientos pueden pedir ayudas de hasta 2.000 € por para cada uno de ellos.
Los ayuntamientos que deseen acogerse a las ayudas del Focodem 2026 deberán presentar sus solicitudes de forma telemática en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
La Diputación de Guadalajara creó el Focodem en el año 2020, coincidiendo con el primer presupuesto del actual equipo de Gobierno. El objetivo de este programa de subvenciones fue desde el principio financiar pequeñas inversiones en infraestructuras, equipamientos y servicios municipales en los pueblos más pequeños de la provincia.
Las convocatorias del Focodem dejan en manos de los ayuntamientos beneficiarios las decisiones y la gestión sobre las actuaciones que consideran prioritarias en cada localidad, consiguiéndose de esa forma varios objetivos: aumentar la autonomía municipal, agilizar la ejecución de obras en los pueblos durante el ejercicio presupuestario, mejorar infraestructuras y servicios municipales y dinamizar las economías locales en las zonas rurales de la provincia con estas pequeñas inversiones.