La Asociación Nacional de Secretarios Interventores Interinos (Ansiti), con sede en la provincia de Guadalajara, ha denunciado que el proceso de estabilización de la Subescala de Secretaría-Intervención de la Administración Local resulta “claramente insuficiente” para resolver la situación de precariedad que afecta a cientos de profesionales que llevan años ejerciendo en los ayuntamientos.
La organización ha reaccionado así tras la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes que han superado el proceso extraordinario de estabilización mediante concurso en la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Según Ansiti, la adjudicación de 563 plazas evidencia la magnitud de un problema estructural en la Administración Local. Más de 3.000 profesionales presentaron su solicitud en este proceso, lo que, a juicio de la asociación, demuestra que la convocatoria no ha sido capaz de absorber la bolsa de interinos que durante años —y en algunos casos décadas— han sostenido la legalidad administrativa de numerosos ayuntamientos.
Desde la organización señalan que cientos de profesionales han quedado fuera del proceso de estabilización, permaneciendo en una situación de temporalidad que consideran contraria a la normativa europea sobre abuso en la contratación temporal.
El presidente de Ansiti, Lorenzo Campillo, ha trasladado un mensaje crítico al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, al considerar que la medida llega tarde y es insuficiente para resolver el problema.
“Este proceso de estabilización nace cojo y llega tarde. No se puede pretender solucionar un abuso sistémico con parches que dejan en la cuneta a la mayoría de los afectados”, ha señalado Campillo.
El dirigente de la asociación también advierte de que la limitada oferta de plazas podría tener consecuencias más amplias para la administración pública. En su opinión, la reducción efectiva de la temporalidad en el sector público está vinculada a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, lo que podría afectar a la llegada de fondos europeos si no se cumplen los objetivos de estabilidad en el empleo público.
Desde Ansiti defienden que la única solución compatible con el derecho de la Unión Europea es el reconocimiento de la fijeza como sanción frente al abuso de la temporalidad. “No pedimos privilegios, pedimos que se sancione el abuso de la administración de forma efectiva”, sostiene Campillo, quien asegura que mientras haya profesionales en situación irregular el conflicto continuará abierto.
El comunicado también responde a las críticas realizadas por la asociación APSITAL, que había cuestionado el proceso de estabilización al considerar que se trata de una vía extraordinaria que podría debilitar el modelo profesional de acceso a la función pública.
Desde Ansiti rechazan esta interpretación y sostienen que se trata de una lectura “parcial” que ignora tanto la normativa europea como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de la contratación temporal.
Para la organización, el problema no reside en la estabilización del personal interino, sino en haber mantenido durante años a profesionales en una situación de interinidad prolongada dentro de la Administración Local.
En este sentido, la asociación defiende que el mérito y la capacidad no se acreditan únicamente mediante pruebas teóricas, sino también a través de la experiencia profesional acumulada durante años de trabajo en los ayuntamientos.
Ansiti concluye que continuará impulsando iniciativas y acciones en diferentes ámbitos para lograr el reconocimiento de la estabilidad laboral de los profesionales afectados, al considerar que la fijeza no es una concesión administrativa, sino la solución a una situación que califican de irregularidad prolongada en el tiempo.
