EDITORIAL. Pinocho

Esta semana el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha probado de su propia medicina. Después de un año lanzando un mensaje machacón sobre el denominado canon del agua, uno de los suyos ha reconocido en un acto judicial que se trata de una ‘mentirijilla’. 

Les ponemos en situación. El PSOE CLM informaba este miércoles de que alcalde de la localidad toledana de Quismondo, José Castillo, del PP, firmaba un acto de conciliación judicial en el que asegura que dicho canon no es un impuesto del Gobierno de Emiliano García-Page sino una obligación de Europa. Todo ello a raíz de una demanda interpuesta por los socialistas después de que se distribuyese en la localidad un panfleto en el que se aseguraba que el canon era una imposición de la Junta de Comunidades.

El regidor afirma textualmente: "Las afirmaciones realizadas en el panfleto 'El Ayuntamiento de Quismondo informa', son inexactas, por tratarse el canon del agua (canon DMA), de un canon puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha para dar debido cumplimiento a una normativa vinculada a una Directiva Marco del Agua de la Unión Europea". 

Ante tal afirmación en un documento legal en el que se exige decir la verdad a un juez, los populares de la región y, en concreto su líder, Paco Núñez, deberían proceder de dos maneras. O pedir perdón por llevar un año mintiendo a los ciudadanos. O realizar alguna declaración pública demostrando que realmente llevaban razón en sus afirmaciones sobre lo que han venido denominado el "impuestazo de Page", cosa que dudamos. 

Principalmente porque no tienen forma de demostrarlo, ya que este impuesto es una obligación derivada de una Directiva Marco de la UE -Directiva Marco del Agua Europea (DMA)- que se aplica en todas las comunidades autónomas, incluidas las del PP que, en muchos casos imponen tramos de pagos más altos que el de la región. 

El PP CLM ha desplegado durante meses una campaña de desinformación para hacer creer a los vecinos y vecinas que este impuesto había sido un “capricho” de Page y para ello no ha escatimado en recursos. 

En esta iniciativa ha estado muy activo el PP de Guadalajara, tanto en ruedas de prensa como en comunicados a través de sus redes sociales. Las últimas intervenciones al respecto han venido del alcalde de El Casar, José Luis Fernández Lamola, quien en una comparecencia ante los medios el pasado 30 de enero calificaba de "injusto y perjudicial" para las economías de los casareños el nuevo canon del agua "impuesto a los ayuntamientos por la Junta de Comunidades de Emiliano García Page".

El pasado 24 de febrero, era el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alovera, Juan Carlos Martín, quien en rueda de prensa denunciaba el "perjuicio" que el impuesto "está causando en los bolsillos de sus vecinos: "Vamos a seguir exigiendo la derogación del canon del agua de Page". 

En este aspecto, el Ayuntamiento de Guadalajara ha sido especialmente beligerante. Hace un año, en marzo de 2025, el concejal de Hacienda y responsable del servicio de Agua y Alcantarillado en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, acompañado por el concejal de Infraestructuras y Servicios Municipales, Santiago López Pomeda, ofrecía una rueda de prensa en la que afirmaba: "Este impuesto es un capricho de Page y del Gobierno regional para meter mano a los vecinos, a los servicios públicos y a las empresas de toda la región y de Guadalajara". 

Por su parte, López Pomeda explicaba que, a partir de ese mismo trimestre, en la factura del agua aparecería el nuevo concepto en un apartado diferente al del agua y el alcantarillado para 'informar' a los vecinos y que fuesen conscientes de que no se trata de un impuesto municipal. En el reverso de la factura se incluyó una ‘explicación’ en cuya primera línea, a la pregunta "¿Qué es el canon del agua?", la respuesta no deja lugar a dudas:  "Es un impuesto del Gobierno de Castilla-La Mancha".

El concejal aseguraba entonces que de esta manera "queremos ser transparentes ante los ciudadanos". A la vista de lo dicho por su compañero de Quismondo, de transparentes nada de nada. Manipuladores, quizás. O mentirosos. 

Lo más grave es que se utilizaron recursos públicos de los guadalajareños para que la 'información' llegase a todos los domicilios a través de la factura emitida por la empresa Guadalagua, a la que el Ayuntamiento paga sus buenos miles de euros por la gestión del servicio, que también incluye el envío de las notificaciones.  

Además, ese mismo mes del año pasado, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, junto a la ultraderecha de Vox, que también entró al juego, presentaron una moción en la que solicitaban al Gobierno de Castilla-La Mancha "la eliminación de todas las disposiciones que regulan el mal llamado canon medioambiental del agua", una medida que califican de "nuevo impuesto encubierto", que "solo servirá para que Page recaude más a costa de los guadalajareños". 

Una vez que ellos solitos se han encargado de destapar el engaño, queda por saber qué tienen que decir el PP regional, provincial y local al respecto. ¿Seguirán en sus trece o reconocerán que no han sido todo lo honestos y veraces que se espera de los cargos públicos?

Una cosa queda clara, en su afán por hacerse con la Presidencia regional - junto a Vox según ha reconocido ya abiertamente- a Paco Núñez últimamente le está creciendo demasiado la nariz.