Castilla-La Mancha se sitúa como la comunidad autónoma mejor valorada de España en la aplicación del Sistema de Dependencia, según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que otorga a la región una puntuación de 8,25 sobre diez y la coloca en primera posición en solitario entre las comunidades autónomas. Además, se encuentra entre las seis únicas regiones que logran aprobar en la evaluación nacional.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha presentado este martes los datos tras informar al Consejo de Gobierno y ha destacado que el liderazgo de la región se basa en el buen rendimiento global del sistema, que ha obtenido la máxima puntuación en 15 de los 20 criterios que analiza el Observatorio.
Durante su comparecencia, García Torijano ha subrayado que Castilla-La Mancha “no es la mejor valorada por un dato aislado”, sino por un sistema “sólido, equilibrado y sostenido en el tiempo”. En este sentido, ha afirmado que detrás de estos resultados hay “prioridad política, inversión y cuidados de proximidad”.
Uno de los indicadores más destacados del informe es el tiempo medio de resolución de los expedientes de dependencia. Castilla-La Mancha tramita estos procedimientos en una media de 165 días, frente a los 341 días del conjunto de España, lo que supone resolverlos en menos de la mitad del tiempo que la media nacional.
La consejera ha señalado que este dato tiene un impacto directo en la vida de las familias, ya que “resolver en menos de la mitad de tiempo que el conjunto del país no es solo un dato técnico; es la diferencia entre que un derecho llegue a tiempo o llegue tarde”.
El informe también refleja avances en la reducción del denominado “limbo de la dependencia”, es decir, las personas que tienen reconocido el derecho pero aún no reciben la prestación. En Castilla-La Mancha la tasa se sitúa en el 4,1 %, por debajo del 8,3 % de la media estatal.
Además, la lista de espera total alcanza las 6.041 personas, lo que representa el 5,81 % del total, frente al 11,1 % que se registra a nivel nacional.
El sistema regional también presenta mejores resultados en cobertura e inversión. Según el dictamen, Castilla-La Mancha cuenta con 38,76 Programas Individuales de Atención (PIA) por cada 1.000 habitantes, frente a los 34,14 de media en España.
En cuanto al gasto público por persona dependiente, la comunidad destina 6.432 euros por beneficiario, superando también la media estatal, que se sitúa en 6.015 euros.
La titular de Bienestar Social ha señalado que estos resultados son fruto de una estrategia sostenida desde 2015, cuando el presidente regional, Emiliano García-Page, decidió reforzar el sistema para revertir la situación existente entonces.
La evolución del sistema regional en los últimos diez años ha sido uno de los aspectos destacados durante la presentación. Según ha recordado la consejera, Castilla-La Mancha obtenía en 2015 una puntuación de 4,6 en el dictamen del Observatorio, mientras que ahora alcanza el 8,25.
“En una década hemos pasado del suspenso al liderazgo en solitario”, ha señalado García Torijano, quien ha atribuido esta evolución a “una apuesta política real por las políticas sociales”.
Este impulso también se refleja en el incremento de la financiación pública. El Gobierno regional ha casi duplicado el presupuesto destinado a dependencia en los últimos años, hasta situar la inversión prevista para 2026 en cerca de 700 millones de euros.
Actualmente, el sistema de dependencia de Castilla-La Mancha atiende diariamente a más de 82.000 personas y cuenta con 118.432 prestaciones y servicios activos. Además, sostiene más de 27.500 empleos vinculados al sector.
El dictamen también destaca el impacto en la creación de empleo, con 1.303 nuevos puestos generados en 2025, superando la media nacional en número de empleos creados por cada millón de euros invertido.
Según la consejera, estos datos evidencian que el sistema regional “funciona, responde y cuida”, al tiempo que actúa como un elemento de cohesión territorial en una comunidad marcada por el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica y la importancia del medio rural.
Pese a los buenos resultados, el Gobierno regional ha reiterado la necesidad de mejorar la financiación estatal del sistema. García Torijano ha recordado que Castilla-La Mancha asume actualmente en torno al 71 % del coste de la dependencia, una cifra muy superior al reparto de corresponsabilidad financiera previsto en la Ley de Dependencia.
En este sentido, la consejera ha defendido que mantener un sistema estable y con capacidad de respuesta requiere no solo voluntad política y planificación, sino también una mayor implicación económica del Gobierno central.
La responsable de Bienestar Social ha concluido su intervención trasladando el reconocimiento del Ejecutivo regional a los profesionales del sistema, a los servicios públicos, a las entidades del Tercer Sector y a todas las personas que contribuyen diariamente al funcionamiento del sistema de dependencia en Castilla-La Mancha.


