Los vecinos denuncian presión, falta de información y riesgos para el empleo agrario en un proyecto fotovoltaico de 275 hectáreas aún rodeado de incertidumbre
Ecologistas en Acción de Guadalajara denuncia que la promotora Alfanar Energía ha dado un ultimátum de quince días a un grupo de propietarios de Fuentelaencina que aún no han arrendado sus terrenos para el desarrollo de la planta fotovoltaica Haza del Sol. Según informan a través de un comunicado de prensa, en una carta remitida recientemente, la empresa advierte de que, si no obtiene respuesta en ese plazo, iniciará los trámites para incluir las parcelas en la solicitud de Declaración de Utilidad Pública, paso previo a una posible expropiación.
El proyecto contempla una superficie total de 275 hectáreas, de las cuales unas 94 siguen sin ser cedidas por sus propietarios. La iniciativa comenzó su tramitación en 2021, pero los afectados aseguran que no fueron informados de manera adecuada desde el inicio del proceso. Ahora, consideran que el ultimátum les sitúa en una posición de “indefensión” y bajo una “fuerte presión”, limitando su capacidad real de negociación.
A la tensión por la posible expropiación se suman las incertidumbres técnicas que rodean la infraestructura. Según señalan los propietarios, el desarrollo de la planta está condicionado por un conflicto abierto entre la promotora y Red Eléctrica en relación con los plazos necesarios para habilitar las infraestructuras de evacuación de la energía generada.
El proyecto prevé una línea de evacuación de 48 kilómetros que conectaría Fuentelaencina con la subestación de Alcalá de Henares, atravesando zonas de regadío, monte bajo y áreas arboladas. Este trazado ha generado inquietud tanto por su impacto ambiental como por su afección al territorio.
Impacto en la actividad agraria
Los propietarios destacan además que buena parte de las 94 hectáreas pendientes de arrendamiento están actualmente en explotación agrícola por parte de agricultores locales. La cesión de estos terrenos, advierten, supondría la pérdida de actividad agraria y de empleos en la zona, en un contexto especialmente sensible para el medio rural.
“Estamos a favor de las energías renovables, pero no a cualquier precio”, sostienen. En este sentido, reclaman que el desarrollo de este tipo de proyectos se lleve a cabo con mayor transparencia, garantías jurídicas y equilibrio con la protección del entorno y la economía local.
Ante esta situación, los afectados han solicitado la intervención de las administraciones competentes para revisar el procedimiento y asegurar la defensa de los derechos de los propietarios. También piden que se tengan en cuenta el impacto sobre el empleo agrario y el futuro del municipio.
Mientras tanto, no descartan emprender acciones legales si el proceso continúa en los términos actuales, lo que podría añadir un nuevo frente de conflicto a un proyecto que, cinco años después de su inicio, sigue sin despejar todas sus incógnitas.
