Los gobiernos de Castilla-La Mancha, Euskadi y Canarias han dado un paso conjunto para tratar de encauzar el conflicto de la huelga médica estatal. Sus responsables de Sanidad han remitido una carta a la ministra, Mónica García, en la que proponen la creación de una figura de mediación independiente que facilite el diálogo entre el Ministerio y el comité de huelga, en un contexto marcado por el desacuerdo sobre el Estatuto Marco.
Los consejeros Jesús Fernández (Castilla-La Mancha), Alberto Martínez (País Vasco) y Esther Monzón (Canarias) plantean la necesidad de establecer un marco neutral que permita reactivar unas negociaciones actualmente bloqueadas. A su juicio, la intervención de un mediador independiente contribuiría a generar confianza entre las partes y abrir un espacio de diálogo constructivo orientado a alcanzar una solución pactada.
En la misiva, las tres comunidades sugieren que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría asumir ese papel mediador, destacando su independencia y su orientación hacia el interés general. No obstante, subrayan que la decisión final sobre la figura concreta corresponde al ámbito estatal, al tiempo que insisten en la urgencia de activar cuanto antes un mecanismo eficaz de mediación.
El llamamiento de estas comunidades autónomas se produce en un momento en el que los efectos de la huelga ya se dejan sentir con intensidad en los sistemas sanitarios. Aunque el conflicto tiene carácter estatal, las consecuencias recaen directamente en los servicios de salud autonómicos y, especialmente, en los pacientes.
Los consejeros advierten de una creciente presión asistencial, con repercusiones en la continuidad y la calidad de la atención sanitaria. Esta situación, señalan, hace imprescindible avanzar hacia una solución dialogada que permita aliviar la tensión actual y evitar un deterioro mayor del sistema.
Asimismo, trasladan a la ministra su preocupación por la falta de avances significativos en las negociaciones entre el Ministerio y el colectivo médico, subrayando que la ausencia de entendimiento prolonga un escenario de incertidumbre que afecta tanto a profesionales como a ciudadanos.
En el tramo final de la carta, los responsables autonómicos reiteran su disposición a colaborar activamente con el Ministerio de Sanidad para lograr una salida al conflicto. El objetivo, coinciden, es alcanzar una solución que beneficie tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía, garantizando la estabilidad del sistema y la calidad asistencial.
La propuesta de mediación independiente se presenta así como una vía para desbloquear un conflicto enquistado, en el que el acuerdo sobre el Estatuto Marco sigue siendo el principal punto de fricción entre las partes.