El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presentó esta mañana en Toledo lo que ha definido como una “estrategia frontal” para defender los intereses hídricos de la región frente a la “falta de vocación de escucha” por parte del Gobierno central. La medida se anunció durante el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, presidido junto a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.
García-Page subrayó la necesidad de solicitar a Europa y al Ejecutivo español una prórroga de la actual Directiva Marco del Agua, argumentando que el nuevo proyecto de normativa resulta “absolutamente nocivo” para los intereses del sector agrícola español y para el sistema de gestión hidráulica de la región. “Nos genera muchísimas dudas y eso nos va a llevar a crear nuestra propia red de medidores, de piezómetros”, explicó, justificando esta medida ante la percepción de un “monopolio absoluto sobre la información” que limita el consenso social y el control técnico autónomo.
La estrategia regional incluye además ofrecer personal autonómico para agilizar la gestión de expedientes en las confederaciones hidrográficas, con especial atención a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, donde se detectan retrasos significativos. “Nos estamos ofreciendo para poner recursos autonómicos con los que aligerar muchos expedientes”, afirmó el presidente.
García-Page también anunció que, ante la crítica situación hídrica en el este de la región, se estudiará la posibilidad de que Castilla-La Mancha se integre en los planes de desaladoras, como medida complementaria de abastecimiento. Asimismo, no descartó la necesidad de que la comunidad autónoma se manifieste públicamente o lleve a cabo movilizaciones si no se atienden las demandas hídricas, reafirmando el compromiso del Gobierno regional con el crecimiento y desarrollo de Castilla-La Mancha.
En otro orden de cosas, el presidente regional se refirió al Consejo de Ministros extraordinario convocado para aprobar un plan Anticrisis derivado de la guerra en Irán. García-Page criticó la falta de consulta a las comunidades autónomas y advirtió que las medidas que se adopten podrían afectar “a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”. “No somos una administración cualquiera”, señaló, insistiendo en que los impuestos y las decisiones sobre ingresos requieren diálogo y consenso con las regiones.
Con esta doble estrategia —la defensa de los recursos hídricos y la protección de la financiación autonómica—, García-Page refuerza la postura de Castilla-La Mancha como actor activo en la gestión de políticas clave para la región, apostando por la interlocución con Europa y la búsqueda de soluciones técnicas propias frente a la “falta de vocación de escucha” del Gobierno central.