APAG apoya a los agricultores ante las presiones de un macroproyecto fotovoltaico en Fuentelencina

Los propietarios han recibidor cartas certificadas presionando para firmar contrartos en un plazo de 15 días, bajo la amenaza de incluir sus parcelas en una solicitud de Declaración de Utilidad Pública, como paso previo a su expropiación

 

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara se suma a la denuncia de Ecologistas en Acción en relación a las presiones de la promotora de una planta fotovoltaica en Fuentelencina a los propietarios de los terrenos. Un grupo de afectados ha denunciado públicamente la situación de “indefensión” en la que aseguran encontrarse ante el desarrollo de un parque solar fotovoltaico (PSFV) impulsado por Alfanar Energía. El proyecto, que abarca aproximadamente 275 hectáreas, inició su tramitación en 2021, aunque, según los afectados, muchos titulares no recibieron información clara ni suficiente hasta fechas recientes.

 

La preocupación entre los propietarios se intensificó tras la recepción de cartas certificadas en las que se les instaba a firmar contratos en un plazo de 15 días hábiles. En dichas comunicaciones se advertía de que, en caso de no alcanzar acuerdos, sus parcelas podrían incluirse en una solicitud de Declaración de Utilidad Pública, paso previo a un posible proceso expropiatorio.

 

Los afectados consideran que este procedimiento limita su capacidad de negociación y genera una presión indebida. Denuncian, además, que han tenido conocimiento real del alcance del proyecto apenas hace unos meses, pese a que la iniciativa lleva años en tramitación.

 

Del total previsto, al menos 94 hectáreas permanecen sin contratos de arrendamiento firmados. Muchas de ellas están actualmente en explotación por agricultores locales, que temen perder su medio de vida.

El colectivo cuenta con el respaldo de la organización agraria APAG, que ha canalizado la presentación de alegaciones a través de asesoramiento jurídico especializado. Desde la organización califican la situación como un “atropello” que podría expulsar a los agricultores de una actividad esencial para el sustento de numerosas familias.

 

Polémica política en el municipio

La controversia adquiere una dimensión política al coincidir que el alcalde del municipio y delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es Santos López. Los vecinos denuncian falta de apoyo institucional y reclaman mayor implicación por parte del responsable autonómico.

 

Desde APAG se subraya la necesidad de “máxima transparencia” en un proceso que, según indican, podría afectar gravemente al tejido agrario local. Además, señalan que el propio Ayuntamiento tendría parcelas incluidas dentro del ámbito del proyecto.

 

El impacto del proyecto no se limita a la planta fotovoltaica. La infraestructura contempla una línea de evacuación de aproximadamente 48,05 kilómetros que conectaría Fuentelencina con una subestación en Alcalá de Henares.

 

Este trazado atravesaría zonas de regadío con cultivos de alto valor añadido, como el espárrago verde con Indicación Geográfica Protegida, además de áreas de monte bajo y vegetación de frondosas, lo que amplía considerablemente el impacto territorial y ambiental.

 

Desde APAG, su presidente Juan José Laso ha reiterado la oposición a la proliferación masiva de estos proyectos en la provincia de Guadalajara. “No es razonable ni sensato que Guadalajara tenga que albergar una superficie tan elevada y superior a la media regional y nacional”, ha señalado.

 

La organización insiste en que no se opone al desarrollo de energías renovables, pero reclama un equilibrio que garantice la protección de la actividad agraria y el medio rural. A su juicio, este tipo de instalaciones no contribuyen a fijar población ni a generar empleo local, a diferencia de las actividades agropecuarias.

 

A la preocupación por la pérdida de tierras se suma la incertidumbre sobre la viabilidad técnica del proyecto. Los afectados apuntan a la existencia de un conflicto de conexión entre Alfanar Energía y Red Eléctrica de España, relacionado con los plazos de ejecución de las infraestructuras necesarias para la evacuación de la energía.

 

Ante este escenario, el colectivo ha solicitado la intervención de las administraciones competentes para revisar el procedimiento y garantizar el respeto a los derechos de los propietarios. No descartan, además, emprender acciones legales si la situación no se reconduce.

 

El conflicto reabre el debate sobre el modelo de transición energética en el medio rural y la compatibilidad entre el desarrollo de energías renovables y la preservación de la actividad agraria, en un contexto de creciente presión sobre el territorio.