El Gobierno regional plantea rebajas de impuestos, deducciones en el IRPF y medidas administrativas para agilizar trámites y reforzar los servicios públicos
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso más en su política económica y social con el impulso del Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, una norma que combina incentivos fiscales, apoyo al acceso a la vivienda y simplificación administrativa. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido la iniciativa durante su debate en las Cortes regionales, subrayando su carácter “ambicioso y riguroso”.
La propuesta, ya avanzada por el presidente Emiliano García-Page en el último Debate del Estado de la Región, se articula en torno a dos grandes ejes: un paquete de medidas tributarias orientadas especialmente a jóvenes y un conjunto de actuaciones para agilizar la administración pública.
Rebajas fiscales
El núcleo central de la ley está enfocado en mejorar el acceso a la vivienda, especialmente entre menores de 36 años. Entre las principales medidas destacan:
- Reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 5% al 3% para la compra de la primera vivienda habitual.
- Rebaja del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) del 0,50% al 0,25% para este mismo colectivo.
- Nueva deducción del 15% en el IRPF por aportaciones destinadas al ahorro para la compra de vivienda, con un máximo de 3.000 euros.
- Incremento de las deducciones por alquiler, que pasan de 450 a 500 euros, ampliadas a familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad.
Además, se eleva el límite del valor de la vivienda para acceder a estas deducciones, pasando de 180.000 a 240.000 euros, lo que amplía el número de beneficiarios.
A estas medidas se suma una iniciativa clave: la posibilidad de que la Junta facilite préstamos a tipo de interés cero para cubrir la parte no financiada por las entidades bancarias en la compra de la primera vivienda.
El segundo gran bloque del proyecto se centra en la simplificación administrativa, con el objetivo de reducir trámites y mejorar la relación entre ciudadanía y Administración. Ruiz Molina ha insistido en que esta línea permitirá “reforzar la eficacia y eficiencia” de los servicios públicos.
Otras medidas fiscales y sociales
La norma incorpora también otras iniciativas de carácter social y fiscal:
- Deducción del 30% en el IRPF por gastos veterinarios de perros de asistencia, con un máximo de 100 euros.
- Exención del pago de la ITV para vehículos adscritos a licencias de autotaxi.
- Supresión de tasas del Programa Acredita, facilitando la obtención de certificados profesionales.
Asimismo, se contempla la creación de un Fondo de Apoyo a la lucha contra la Despoblación, destinado a reforzar políticas frente al reto demográfico.
Bonificaciones en el canon del agua
El proyecto introduce también mejoras en el canon del agua, derivado de normativa europea:
- Bonificación del 100% para personas con discapacidad igual o superior al 33%.
- Reducción del 50% para personas en riesgo de exclusión social cuando no exista bonificación municipal total.
- Agilización de trámites para que familias numerosas accedan a descuentos.
Durante el debate parlamentario, el consejero lamentó la falta de acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular, que rechazó la propuesta de consenso planteada por el Ejecutivo, incluso en materia de vivienda.
Una ley orientada al bienestar
En conjunto, el Gobierno regional defiende que esta ley permitirá reducir la presión fiscal sobre los colectivos más vulnerables, especialmente los jóvenes, sin comprometer el estado del bienestar. Según Ruiz Molina, el objetivo final es claro: “mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía de Castilla-La Mancha”.
La tramitación parlamentaria continuará en las próximas semanas, en un contexto marcado por el debate político sobre el alcance real de estas medidas y su impacto en el acceso a la vivienda y los servicios públicos.
