El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha han presentado un requerimiento formal ante la Consejería de Desarrollo Sostenible para exigir la elaboración urgente del Plan de Recuperación del lobo ibérico (Canis lupus signatus), una especie catalogada “en peligro de extinción” en la región.
Las entidades otorgan a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un plazo máximo de tres meses para dar respuesta. De no producirse avances, advierten, iniciarán acciones judiciales por lo que consideran un incumplimiento prolongado de la legislación ambiental vigente.
El escrito subraya que la ausencia de este plan vulnera tanto la Ley estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como la Ley regional 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, que obligan a desarrollar planes específicos para especies amenazadas en peligro de extinción.
“El mal estado de conservación del lobo exige un plan transparente, con recursos y medidas claras”, señala Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en la región, quien denuncia que la administración autonómica lleva “casi 30 años” sin cumplir esta obligación.
Las organizaciones reconocen que la presencia reciente del lobo en la provincia de Guadalajara y algunos avistamientos en Toledo son indicios positivos, fruto de procesos de recolonización natural. Sin embargo, advierten de que esta recuperación se encuentra estancada.
Según explican, la especie ha dejado de observarse en zonas donde históricamente estaba presente, como Sierra Morena o los Montes de Toledo, lo que evidencia la fragilidad de su situación en Castilla-La Mancha.
“El hecho de que el lobo haya vuelto por sus propios medios no exime a la Junta de su responsabilidad”, subraya Ernesto Díaz, representante del Fondo Lobo, quien insiste en que la catalogación como especie en peligro de extinción “exige medidas urgentes, concretas y vinculantes”.
Las entidades destacan además la función ecológica del lobo ibérico como depredador clave en los ecosistemas, contribuyendo a regular las poblaciones de ungulados silvestres, como ciervos o jabalíes.
En este sentido, sostienen que una adecuada gestión de la especie permitiría reducir los recursos que la administración destina actualmente al control de estas poblaciones, además de favorecer el equilibrio natural.
El futuro plan, señalan, no solo debe centrarse en la conservación del lobo, sino también en garantizar la coexistencia con la actividad ganadera. Para ello, proponen medidas preventivas frente a ataques, sistemas ágiles de indemnización y campañas formativas e informativas.
Sara González, abogada ambientalista del equipo jurídico impulsor del requerimiento, recuerda que la obligación de aprobar este plan “no es discrecional”, sino un mandato legal directo. “La inactividad de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental”, afirma.
Las organizaciones concluyen que Castilla-La Mancha atraviesa uno de los momentos más delicados para la conservación del lobo ibérico en su territorio. La falta de una herramienta de planificación, advierten, pone en riesgo la viabilidad a largo plazo de la especie.
Con este requerimiento, Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico dan el que consideran el último paso antes de acudir a la vía judicial, en un intento de forzar a la administración autonómica a actuar de manera inmediata.


