Guadalajara refuerza la coordinación policial con un nuevo protocolo entre Policía Nacional y Policía Local

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento avanzan en la lucha contra la violencia de género con un acuerdo previo a la renovación del sistema VioGén

La Subdelegación del Gobierno en Guadalajara y el Ayuntamiento de la capital han dado un nuevo paso en materia de seguridad ciudadana con la firma del Protocolo Operativo entre la Policía Nacional y la Policía Local, un instrumento que refuerza la coordinación y mejora la eficacia en la actuación conjunta de ambos cuerpos.

La Junta Local de Seguridad, celebrada en el Ayuntamiento de Guadalajara, ha estado copresidida por la subdelegada del Gobierno, Susana Cabellos, y la alcaldesa, Ana Guarinos. Durante el encuentro se ha formalizado este acuerdo que permitirá optimizar los recursos disponibles, agilizar la comunicación entre cuerpos policiales y establecer procedimientos de actuación más precisos.

Este protocolo se enmarca dentro de una estrategia más amplia de colaboración institucional, y constituye un paso previo y complementario a la renovación del Convenio VioGén, que será suscrito nuevamente por el Ayuntamiento de Guadalajara y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Este sistema es clave en la protección de las víctimas de violencia de género, al facilitar el seguimiento y la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad.

El Ayuntamiento de Guadalajara se adhirió al sistema VioGén en julio de 2017, reforzando su compromiso en la lucha contra la violencia machista. Posteriormente, en septiembre de 2021, se llevó a cabo una primera renovación del convenio, consolidando la implicación municipal en este ámbito.

Una vez firmado, el nuevo Protocolo Operativo será remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad para su validación definitiva, un trámite necesario para su plena aplicación. Con esta iniciativa, las administraciones implicadas reafirman su voluntad de seguir trabajando de forma conjunta para garantizar la seguridad de la ciudadanía y, especialmente, para proteger a las víctimas de violencia de género mediante una respuesta más coordinada y eficaz.