El lunes arranca el proceso presencial de regularización que beneficiará a más de 13.000 migrantes en Castilla-La Mancha

La subdelegada de Gobierno en Guadalajara afirma que han recibido infinidad de consultas desde que se anunciara el proceso, para lo que se ha habilitado un servicio de atención telefónica

 

El próximo lunes, 20 de abril, se inicia el plazo de solicitud presencial para la regularización de personas migrantes en oficinas de Correos y de la Segurisad Social, siempre con cita previa, pero desde este jueves, 16 de abril, ya se puede realizar de manera telemática. Según datos de la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha se estima que entre 13.000 y 15.000 personas puedan acogerse a este proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España, una medida que permitirá a los beneficiarios obtener autorización para trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional durante un año.

 

Tal y como ha señalado la subdelegada de Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, a preguntas de los medios en una rueda de prensa para presentar los datos del Veículo de Identificación Documental (Vidoc), desde que se anunció este proceso de regularización extraordinaria se han recibido infinidad de consultas y esperan que la actividad se intensifique, "no sólo en el proceso de regulrarización extraordinaria que vamos a vivir hasta el mes de junio, sino dentro de un año cuando se consolide este proceso". En este sentido, ha recordado que en el último año se ha duplicado la plantilla de la Subdelegación, de cinco a once plazas. 

 

La subdelegada ha destacado que en Guadalajara se ha puesto en marcha un servicio de consulta telefónica para facilitar información a las personas interesadas: "En la Subdelegación de Gobierno de Guadalajara tenemos una buena práctica que exportamos a otras provincias que consiste en un tramo por la mañana con atención telefónica por parte de tres o cuatro funcionarios que está funcionando muy bien".

 

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha una página web con toda la información sobre el proceso, donde se puede encontrar,entre otras cosas, una batería con las preguntas y respuestas más frecuentes.

 

Por último, ha manifestado que se encuentran expectantes "ante la avalancha de solicitudes de este proceso extraordinario, el quinto de la democracia, que creemos que va a ser un buen mecanismo para consolidar derechos de gente migrante que está trabajando de manera irregular". En esta línea, ha recordado que "se podrá trabajar desde el mismo momento en el que se presentan los papeles". 

 

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha defendido la regularización de los inmigrantes como una medida de “normalización, justicia y necesidad”. Normalización porque “estamos hablando de personas que ya viven con nosotros en la calle y en nuestras casas”, justicia debido a que “mucha gente, por el hecho de no estar regularizada, se encuentra en un estado que afecta a su propia dignidad” y necesidad “desde el punto de vista económico, social e incluso de mantenimiento del sistema”. “No cabe ninguna duda de que los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España”, ha sentenciado.

 

Sabrido ha defendido que la regularización de los inmigrantes cuenta además con el respaldo de los sindicatos, los empresarios y la Iglesia católica, además de una aprobación inicial en el Congreso de los Diputados con 310 votos a favor tras una recogida de firmas con el apoyo de más de 700.000 personas. Por ello, el delegado del Gobierno defiende que es una medida “de toda la sociedad”.

 

Además, el delegado del Gobierno ha explicado que las condiciones para que un inmigrante sea regularizado pasan por no contar con antecedentes penales ni en España ni en el país de origen, por lo que ha desmentido que se vaya a regularizar a delincuentes: "No nos vamos a llenar, como alguien pretende, de delincuentes. Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia".

 

Requisitos y perfiles beneficiarios

Podrán acogerse a esta regularización las personas extranjeras que hayan solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026 o aquellas que se encuentren en situación administrativa irregular y hayan llegado a España antes de esa fecha.

 

El Real Decreto establece dos requisitos fundamentales: acreditar la permanencia en España antes del 1 de enero de 2026, con al menos cinco meses de residencia continuada en el momento de la solicitud, y carecer de antecedentes penales, así como no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.

 

Además, quienes no sean solicitantes de protección internacional deberán acreditar alguna de estas condiciones: haber trabajado en España, contar con una unidad familiar con menores o personas dependientes, o encontrarse en situación de vulnerabilidad debidamente certificada.

 

Cómo solicitar la regularización

El procedimiento podrá realizarse por dos vías. La telemática permitirá presentar solicitudes las 24 horas del día a través del portal habilitado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, utilizando certificado electrónico, mediante representantes autorizados o a través de entidades colaboradoras.

 

Por su parte, la vía presencial requerirá cita previa obligatoria y permitirá tramitar solicitudes en oficinas de la Seguridad Social, oficinas de extranjería habilitadas y oficinas de Correos, con horarios ampliados para absorber la demanda. También se contempla la posibilidad de gestionar en una sola cita las solicitudes de una misma unidad de convivencia.

 

Las citas podrán solicitarse a través del portal web mediante sistema Cl@ve, mediante un formulario online o llamando al teléfono 060.

 

Documentación exigida

Los solicitantes deberán presentar un modelo oficial de solicitud, copia del pasaporte o documento identificativo válido, acreditación de su presencia en España antes del 1 de enero de 2026, pruebas de permanencia continuada durante al menos cinco meses y certificados de antecedentes penales tanto en España como en los países de residencia anteriores.

 

Todos los documentos deberán ser nominativos y fechados. Las autoridades insisten en la importancia de acudir a la cita con el expediente completo para evitar retrasos.

 

Permiso de trabajo y limitaciones

Una vez iniciado el procedimiento, los solicitantes recibirán una comunicación oficial que les permitirá trabajar legalmente en España desde ese momento. Además, se les asignará de oficio un Número de Seguridad Social y tendrán derecho a asistencia sanitaria.

 

La autorización tendrá una vigencia inicial de un año, tras el cual los beneficiarios deberán acogerse a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería. Este permiso no habilita para trabajar ni residir en otros países de la Unión Europea.

 

Críticas sindicales 

Pese a la relevancia del proceso, la Confederación General del Trabajo ha expresado su preocupación por la falta de personal y planificación, especialmente en las oficinas de Correos, donde se tramitará parte del procedimiento. El sindicato alerta de que la plantilla actual es insuficiente y que la formación del personal aún está en curso, lo que podría comprometer la calidad del servicio.

 

Según el sindicato, el servicio no estará disponible en toda la red, sino en 371 oficinas ubicadas en capitales de provincia o ciudades de más de 50.000 habitantes. La atención presencial se realizará exclusivamente con cita previa gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No obstante, se prevé que entre el 80% y el 90% de las solicitudes se tramiten por vía telemática, lo que reducirá parcialmente la presión en las oficinas, pero se anticipa una afluencia significativa de usuarios.

 

Asimismo, señalan que durante la reunión mantenida con los sindicatos, se puso de manifiesto la falta de preparación operativa del servicio a escasos días de su puesta en marcha. Entre las principales carencias destacan la ausencia de formación específica para cerca de un millar de trabajadores que deberán gestionar estos trámites, así como la tardía comunicación del listado de oficinas implicadas y la existencia de numerosas dudas aún sin resolver.

 

Desde el sindicato CGT se ha criticado la planificación del proceso, calificándola de insuficiente para afrontar un procedimiento de gran impacto social que podría beneficiar a más de medio millón de personas. Denuncian la falta de personal, la elevada temporalidad y parcialidad en la plantilla de Atención al Cliente y el riesgo de sobrecarga laboral.

Además, reclaman una mejora estructural en las condiciones laborales, incluyendo la integración de Correos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), con el objetivo de equiparar derechos y garantizar una prestación de servicios públicos de calidad.

 

Por su parte, Comisiones Obreras ha puesto en marcha en Guadalajara un Punto de Atención a Personas Migrantes para ofrecer asesoramiento gratuito ante la previsión de una alta demanda. La organización también ha advertido sobre posibles fraudes por parte de intermediarios que cobran por gestiones que son gratuitas, instando a acudir únicamente a fuentes oficiales o profesionales cualificados.

 

Desde el sindicato consideran que esta regularización supone una oportunidad clave para que miles de personas salgan de la economía sumergida y mejoren sus condiciones laborales y sociales, aunque reclaman mayor claridad en las instrucciones y coordinación institucional para garantizar el éxito del proceso.