UGT CLM reclama una Ley Básica de Bomberos y Bomberas que garantice una mayor coordinación, igualdad y eficacia

Castilla-La Mancha, con unos 1.200 efectivos y diez servicios de bomberos, es una de las tres comunidades autónomas que todavía no cuenta con un marco legal para un servicio que todavía se regula con la LBRL de 1985

Castilla-La Mancha cuenta con nueve servicios de bomberos, más el servicio aeroportuario de Albacete, que engloban unos 1.200 efectivos, de los que unos 160 se encuentran en Guadalajara, entre el Consoricio Provincial CEIS Guadalajara y el servicio municipal del Ayuntamiento capitalino. Castilla-La Mancha es una de las tres únicas comunidades autónomas, junto con Extremadura y la Comunidad Canaria que carecen de un marco legal que regule este servicio en la región. Desde UGT Servicios Públicos, reclaman una Ley Básica de Bomberos y Bomberas a nivel estatal, “que establezca unos contenidos mínimos comunes para todos los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del país y que sirva de base para que cada comunidad autónoma cree o adapte su propia normativa. Una Ley que ponga ponga fin a la fragmentación actual y que garantice un modelo coordinado y seguro para toda España”. También reclaman la creación de cuerpos de bomberos autonómicos y la integración progresiva de los Speis locales en los mismos.

Esta mañana, han comparecido en rueda de prensa, Almanzor Guerra, responsable federal del Sindicato Profesional de Bomberos de UGT, Pablo Bailón, responsable autonómico del Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, junto con la secretaria regional del sector de Administración Local de UGT Catilla-La Mancha, Ana Concha Sanz, para explicar las motivaciones de esta reivindicación que comenzaba a tramitarse en el Congreso en la legislatura pasada, con un amplio apoyo de la cámara, pero que se daba de bruces con las elecciones, por lo que su tramitación ha tenido que empezar de cero, siendo el único cuerpo que todavía queda pendiente de una regulación propia, todavía sujeta a la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 (LBRG), que atribuye la competencia a los municipios directamente; a través de las Diputaciones; o con fórmulas consorciadas. Un marco legislativo que después de más de 40 años “ha quedado obsoleto y es insuficiente”.

La LBRG ya establecía la necesidad de un estatuto específico para los cuerpos de bomberos que a fecha de hoy no se ha desarrollado y sigue pendiente después de 40 años. “También existe una normativa muy dispersa de la regulación del personal de los Servicios de Extinción de Incendios, sin un marco específico que ordene de forma clara su régimen y escala profesional”, aclara.

“La realidad de hoy es muy distinta a la de hace décadas y el modelo actual está claramente superado. La emergencia climática, los nuevos riesgos tecnológicos y la creciente complejidad de las intervenciones exigen un servicio público fuerte, coordinado y homogéneo en toda España”, señalaba la secretaria regional del sector de Administración Local de UGT CLM, quien recordó que en España existen más de 130 modelos distintos de cuerpos de bomberos, con diferencias en la organización, en los cursos de formación, tiempos de respuesta y condiciones laborales, lo que genera una gran desigualdad y dificulta una respuesta eficaz, ante emergencias que no entienden de fronteras.

El responsable autonómico apuntó que en Castilla-La Mancha existen diez servicios de bomberos y 35 instalaciones, entre parques, servicios centrales, servicios de comunicaciones, más un centro coordinador del 112 que se ubica en Toledo. “Se llama centro coordinador porque recibe las emergencias y nos moviliza, pero actualmente no disponemos de un catálogo actualizado de recursos existentes. El 112 sabe dónde hay un parque de bomberos, pero si necesita una embarcación porque una persona se está ahogando, desconoce si un parque tiene ese recurso. Desconocen las infraestructuras concretas que tenemos en muchas ocasiones y tampoco tenemos un mapa de riesgos orientado a las necesidades de los bomberos, desconocemos que infraestructuras críticas tenemos más allá de los planes catalogados por otras normativas como la Seveso de Mercancías Peligrosas o Productos Químicos”, afirma Bailón.

Asimismo, puso de manifiesto que si la media nacional se sitúa en un bombero para cubrir 33 km², mientras en Castilla-La Mancha se encuentra en un bombero para 66 km³: “Aquí los bomberos tenemos que atender territorios muy alejados con tiempos de respuesta muy largos”. Con esta Ley Básica se pretende que “se fijen los criterios mínimos que tienen que tener un servicio de bomberos en los ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas para evitar cuestiones como que no atienda un siniestro el parque más cercano, que no haya esa formación tan dispar entre los distintos servicios, o que no tengamos dotaciones reducidas al mínimo, porque a día de hoy hay parques que están saliendo a las intervenciones con dos o tres efectivos”, comenta Bailón.

“Hay lugares en los que un bombero realiza 600 horas de formación cuando aprueba su oposición y lugares donde no recibe ninguna hora. Esto en los nuevos ingresos, pero cuando los bomberos promocionan y ascienden a las escalas de mando hay lugares donde se les da una formación de 500 o 600 horas y otros sitios en los que aprueban su promoción interna y no reciben ningún tipo de formación”, relata Guerra.

En este sentido, Guerra explicó que la ausencia de una legislación estatal ocasiona problemas de coordinación; diferencias en los estándares mínimos de los bomberos; en la formación; en la adaptación de puestos de trabajo; en las jornadas de trabajo; en los tiempos de actuación, etc., en un contexto de cambio, con la aparición de nuevas emergencias como la DANA de Valencia o los grandes incendios forestales, que exigen a los efectivos movilizarse de una comunidad a otra y, por lo tanto, una regulación común que garantice una respuesta ágil, que ahora no existe.

Además, señaló, que por ejemplo, ante un accidente de tráfico lo que cabe esperar es que acudan los efectivos del parque de bomberos más cercano, pero en ocasiones la dinámica no es así, debido a que los límites territoriales “se convierten en barreras territoriales en las emergencias”, cuando no existe convenio de colaboración.

En las catástrofes como en la DANA o en los grandes incendios forestales, explica el responsable federal, se requieren movilizar medios de unas comunidades autónomas a otras de una manera ágil y rápida, ya que las vidas se salvan en las primeras horas después de la emergencia: "Pero ocurre que con 21.000 bomberos que somos en España, teniendo en cuenta que la UME son 3.200 soldados, no tenemos un marco regulatorio que permita aprovecharlos para que en un margen de ocho horas se puedan movilizar de una comunidad a otra. Se acaban movilizando, pero tarde, mal o nunca”.

Almanzor Guerra aclaró que los cuerpos de bomberos ya están integrados en el Sistema Nacional de Protección Civil y tienen un papel fundamental en la resolución de las emergencias ordinarias y extraordinarias. En los Planes Territoriales de Emergencias de las Comunidades Autónomas, “los bomberos somos el grupo de acción”, es decir, “los que llegan a la emergencia, resuelven el problema, mitigan las consecuencias y hacen los rescates pertinentes”

Lo que UGT reclama, según Sanz, es muy claro “una Ley Básica de Bomberos y Bomberas que fije unos mínimos comunes para todo el país. Queremos acabar con la improvisación, con la desigualdad territorial y con la falta de coordinación. Queremos un marco común que garantice formación homogénea, dotaciones seguras, derechos laborales dignos, reconocimiento profesional y una respuesta eficaz donde quiera que se produzca la emergencia”.

Asimismo, reclaman a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que “regule los servicios en nuestra región con garantías de coordinación, eficacia y seguridad”. A preguntas de los medios a este respecto, el responsable autonómico señaló que ya han mantenido varias reuniones con la Junta y existe interés por regular este servicio: "Nos indicaron que estaban trabajando en la modificación del Estatuto de Autonomía para poder permitir la regulación en materia de Protección Civil. Aun así, se puede regular porque no es una competencia exclusiva del Estado, sino compartida con las Comunidades Autónomas y de hecho de las 15+2 que lo tienen regulado, siete de ellas no tienen una mención específica de sus Estatutos de Autonomía de asunción de comptencias en materia de Protección Civil", aclara.