El Ayuntamiento de Torija defiende la “absoluta legalidad” y transparencia en el proceso de adjudicación del contrato de limpieza del colegio
El Consistorio ha expresado su apoyo a las trabajadoras afectadas por impagos
El Ayuntamiento de Torija ha rechazado de forma contundente las acusaciones realizadas por las trabajadoras del servicio de limpieza del Colegio Público Virgen del Amparo en relación con el proceso de adjudicación del contrato a la empresa Meprosa Mantenimientos y Servicios S.L. La respuesta municipal llega después de que las trabajadoras hicieran pública una nueva denuncia en la que cuestionaban la solvencia económica y técnica de la empresa adjudicataria y sostenían que muchos de los problemas surgidos durante la ejecución del contrato podrían haberse detectado durante la propia licitación.
En un comunicado oficial difundido este miércoles, el Ayuntamiento asegura que las acusaciones son "rotundamente falsas" y carecen de base jurídica o documental. El Consistorio afirma que la adjudicación se realizó conforme a la legislación vigente y recuerda que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, las empresas licitadoras no están obligadas a presentar desde el inicio toda la documentación acreditativa de solvencia, sino en la fase procedimental correspondiente.
Según explica la administración local, la empresa adjudicataria presentó en tiempo y forma toda la documentación exigida por los pliegos y acreditó tanto su solvencia técnica como económica y financiera en los términos previstos por la normativa para una empresa de nueva creación. "De no haber cumplido dichos requisitos, ni siquiera habría podido resultar adjudicataria del contrato", señala el comunicado.
El Ayuntamiento sostiene además que toda la documentación consta en el expediente administrativo y fue examinada durante la tramitación del procedimiento. Asimismo, indica que la información relativa a este expediente fue puesta a disposición de los representantes del Grupo Municipal Socialista de Torija, a quienes, asegura, se facilitó acceso completo al mismo.
Apoyo a las trabajadoras
Pese a rechazar las acusaciones, el Consistorio expresa públicamente su apoyo a las trabajadoras afectadas por los impagos salariales que, según reconoce, vienen produciéndose desde el pasado mes de marzo como consecuencia de los incumplimientos de la empresa adjudicataria.
El Ayuntamiento asegura ser consciente de las dificultades personales y familiares derivadas de esta situación y destaca la profesionalidad de las empleadas, que han continuado prestando el servicio de limpieza en el centro educativo.
No obstante, considera que la defensa de sus derechos laborales "no puede amparar acusaciones infundadas" contra una administración pública que, según mantiene, ha actuado siempre con respeto a la legalidad y al interés general.
Sobre la ejecución del contrato
En relación con las críticas por la falta de sanciones a la empresa, el Ayuntamiento sostiene que las incidencias registradas durante la ejecución del contrato no constituían una causa legal de resolución contractual en los términos previstos por la normativa vigente.
El Consistorio afirma que actuó en todo momento con el objetivo de proteger los derechos de las trabajadoras y garantizar la continuidad de un servicio esencial para la comunidad educativa del Colegio Virgen del Amparo.
Además, asegura que las facturas derivadas del contrato fueron abonadas únicamente después de acreditarse el pago de los salarios a las trabajadoras y que se aplicaron los mecanismos de control legalmente procedentes en cada momento. En este sentido, considera que la imposición de penalidades económicas iniciales, como planteaban las denunciantes, no habría garantizado el cobro de los salarios ni mejorado la ejecución del contrato.
Respecto a la rescisión del contrato, el Ayuntamiento confirma que esta se produjo cuando tuvo conocimiento de la existencia de una prohibición para contratar derivada de la situación de la empresa ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, circunstancia que, según indica, obligaba legalmente a la administración a actuar en consecuencia.