El Gobierno de Castilla-La Mancha, ASAJA y UPA han cerrado un acuerdo para modificar las condiciones de trabajo agrícola durante la temporada de incendios. La nueva Orden de Prevención de Incendios, que la Consejería de Medio Ambiente publicará en los próximos días, elevará de cinco a 20 hectáreas la superficie forestal a partir de la cual se aplican restricciones a las labores de cosecha en periodos de riesgo alto y extremo.
El acuerdo, alcanzado después de varios meses de reuniones entre el Ejecutivo autonómico y las organizaciones agrarias, busca compatibilizar la actividad del campo con la prevención de incendios forestales, en un contexto de condiciones climáticas cada vez más adversas durante el verano.
El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado que las medidas son fruto del trabajo conjunto entre los sectores implicados para, desde la colaboración y la coordinación, conciliar los intereses de los agricultores con la necesaria prevención de incendios.
Uno de los principales cambios será que los terrenos agrícolas próximos a superficies forestales de menos de 20 hectáreas podrán cosecharse en cualquier momento, también durante los periodos de riesgo alto y extremo.
La principal novedad de la futura Orden afecta a las explotaciones próximas a masas forestales de más de 20 hectáreas. En estos casos, se podrá habilitar una franja perimetral de 10 metros de anchura en las zonas colindantes con el monte, que deberá permanecer sin cultivar o dedicarse al girasol.
La existencia de esta franja permitirá que las cosechadoras trabajen sin restricciones horarias, independientemente del momento del día.
Para las explotaciones que superen el umbral de las 20 hectáreas y no dispongan de esta medida de protección, se mantendrá el régimen de restricciones vigente cuando el Índice de Propagación Potencial de Incendios (IPP) alcance niveles muy altos o extremos.
La modificación también flexibilizará los requisitos de prevención exigidos durante las jornadas con IPP extremo. Hasta ahora, las condiciones contemplaban la disponibilidad de 400 litros de agua con presión. La nueva regulación ampliará las opciones para cumplir con las medidas de seguridad.
En concreto, los agricultores podrán optar por una de estas tres alternativas:
Disponer de un vehículo con un depósito de al menos 400 litros de agua y un equipo de impulsión.
Contar con una máquina sopladora cuya potencia de soplado supere los 30 newtons.
Tener un disparador de cartucho pirotécnico contra incendios con un mínimo de ocho cartuchos.
Con estos cambios, el Gobierno regional y las organizaciones agrarias pretenden adaptar las exigencias preventivas a las condiciones de trabajo en el campo y ofrecer más alternativas a los profesionales agrícolas sin renunciar a la protección de las masas forestales.