El Pleno de las Cortes aprueba los Presupuestos de CLM para 2024 que ascienden a 12.473,3 millones de euros

La mayoría socialista ha rechazado las 782 enmiendas vivas del Grupo Popular en la ronda de votaciones.

 

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, presidido por Pablo Bellido, ha aprobado los Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2024 con los votos favorables del grupo mayoritario, el PSOE, y el voto en contra de los dos grupos de la oposición, PP y Vox. De este modo, la Cámara ha dado luz verde a las primeras cuentas de la legislatura, que han culminado con éxito su tramitación parlamentaria a tiempo para entrar en vigor el próximo 1 de enero.

 

La sesión que se ha prolongado durante cerca de ocho horas en el Convento de San Gil de Toledo se ha abierto con las intervenciones del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y del ponente designado, Fernando Mora, para defender el Proyecto de Ley de Presupuestos.

 

A continuación ha tenido lugar el debate de las 782 enmiendas parciales que el Grupo Popular había mantenido vivas tras el paso del proyecto de ley por la Comisión de Economía y Presupuestos, donde fueron rechazadas y se incorporaron siete del Grupo Socialista. Cabe recordar que Vox no había presentado ninguna enmienda, por lo que sus diputados no han intervenido en los debates de los 17 bloques en que han quedado divididas las diferentes secciones presupuestarias.

 

En la ronda de votaciones han sido rechazadas las enmiendas. Finalmente, el proyecto de Ley ha sido aprobado con los 17 votos socialistas a favor y con los 16 de los escaños de PP y Vox en contra. Justo antes, han intervenido los grupos para fijar posiciones y el consejero de Hacienda ha cerrado el debate.

 

La Mesa de las Cortes regionales se ha reunido al término de la sesión para proceder a la publicación de la Ley en el Boletín del Parlamento como paso previo a su aparición en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). El Presupuesto de la Junta para el próximo año asciende a 12.473,3 millones de euros, 41,7 millones de euros más que el anterior, lo que representa un incremento del 0,34%.

 

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido hoy el proyecto de Ley, que permitirá “seguir avanzando con el conjunto de la ciudadanía para hacer de Castilla-La Mancha una tierra cada vez más rica y más cohesionada”.
 

 
Ruiz Molina ha destacado que estas cuentas se han elaborado y tramitado “en un marco de estabilidad institucional y política”, que ha definido como “un oasis de tranquilidad y certidumbre”, y ha añadido que tienen “tres grandes objetivos”. En primer lugar, “garantizar nuestro sistema de bienestar y protección social, reforzando los servicios públicos fundamentales, pilares del Estado del Bienestar”, destinando para ello el 70 por ciento a gasto social, como se comprometió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
 

En segundo lugar, promover la modernización y transformación de la economía regional e impulsar la generación de empleo estable y de calidad, “contribuyendo a que Castilla-La Mancha avance hacia una economía del siglo XXI, con la transformación digital y la transición energética como motores de crecimiento”.  
 

Y, en tercer lugar, “impulsar nuestra Estrategia Regional frente a la Despoblación”, financiando las políticas dirigidas en el ámbito rural al emprendimiento, la innovación y las pymes; además de a la consolidación y ampliación de los servicios públicos o a la mejora de sus infraestructuras.
 

Compromiso con la responsabilidad fiscal y la prudencia financiera
 

Todo ello, como ha resaltado el consejero, “en un marco financiero marcado por el compromiso adquirido por este Gobierno en relación con la responsabilidad fiscal y la prudencia financiera, fundamentalmente en momentos de incertidumbre económica como las actuales”.
 

En este punto, ha enumerado tres aspectos. El primero, es que se trata de “un presupuesto equilibrado”, ya que “no vamos a generar nuevo endeudamiento en un contexto de subida de los tipos de interés. Y ha recalcado que este compromiso por equilibrar las cuentas es “más exigente” que el que ha propuesto el Gobierno de España a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado día 11, planteando un objetivo déficit para todas las regiones del 0,1 por ciento.

 
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital también ha incidido en que este esfuerzo se suma al que ya realizó el Ejecutivo autonómico en el presupuesto de 2023, con una reducción del déficit del 70 por ciento.

 
De igual modo, ha indicado que esa contención del déficit está permitiendo reducir el peso de la deuda viva en relación al PIB y ha reparado en el último dato publicado por el Banco de España correspondiente al tercer trimestre de 2023, según el cual, “somos la segunda Comunidad Autónoma que más ha reducido el peso de la deuda respecto al PIB, pasando del 35,8 por ciento en septiembre de 2019 al 31,2 por ciento en septiembre de 2023”.
 

Finalmente, ha subrayado que “vamos a mantener congelada la presión fiscal, como lo estamos haciendo desde 2015”, es decir, “no vamos a subir los impuestos”.
 

Aval de los agentes sociales y de la AIReF
 

Ruiz Molina ha hecho hincapié en la “seriedad y rigor” a la hora de diseñar este presupuesto, “que tiene un doble aval”. Por un lado, el de los agentes sociales, tras las reuniones informativas que se han mantenido en el marco del diálogo social, que es “una de las señas de identidad de este Gobierno”.
 

Y, por otro, ha proseguido, el de la AIReF, que ha avalado tanto las previsiones macroeconómicas que sustentan el límite de gasto no financiero para 2024, como el propio presupuesto, precisando que se ha elaborado “con prudencia” en cuanto a la estimación de ingresos y “con moderación” a la hora de determinar los gastos.

 
En definitiva, ha concluido el consejero, “un proyecto de presupuestos que debe ser, de nuevo, una herramienta clave para mantener la senda de progreso económico y cohesión social iniciada en 2015”.