El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado hoy, y de manera urgente, que tenga lugar la apertura de la consulta pública que permita poder modificar las reglas del trasvase Tajo-Segura “para iniciar el plazo de alegaciones y que este cambio normativo llegue al Consejo de Ministros cuanto antes”, tal y como ha aseverado hoy la consejera Portavoz, Esther Padilla.
Precisamente, esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha estado visitando las infraestructuras del Trasvase Tajo-Segura a su paso por Almonacid de Zorita, acompañado por el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero.
Desde allí ha lanzado una reflexión que ha compartido a través de las redes sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, inisistiendo en la necesidad de apostar por el agua desalada, en lugar de acudir al agua de la cabecera del Tajo: "Lo cierto y verdad es que es un río al que nos hemos empeñado los últimos 40 años en dejarlo sin agua. Hoy, sinceramente, desde aquí, desde estas instalaciones hay que reivindicar, que teniendo como tenemos la posibilidad de coger agua del mar, agua que sale de aquí y que en todo caso tiene que seguir llegando al mar, los que tienen muy cerca el mar, tienen que utilizar esa fuente de alimentación y, sólo de manera muy residual y muy necesaria, porder acudir a quirtar el agua de su curso natural. En eso consiste la sostenibilidad, la vida y el sentido común", ha manifestado el presidetne castellano-manchego.
Mientras tanto, la portavoz del Gobierno en Toledo ha hecho hincapié en que “ha llegado el momento de revertir esa herida profunda que el trasvase Tajo-Segura ha hecho en nuestra región durante más de 40 años”, a la vez que ha considerado que es necesario “seguir avanzando, porque cada día que pasa se está perjudicando a los intereses de Castilla-La Mancha”.
Además, la portavoz del Ejecutivo de Emiliano García-Page ha puntualizado de forma contundente que “hace más de una semana que nosotros presentamos ya ese informe para que se pueda abrir por parte del Ministerio de manera inmediata dicha consulta pública”. Por lo que ha solicitado celeridad ya que, de lo contrario, “nunca llegará la documentación al Consejo Nacional del Agua si no vamos dando pasos para conseguir avanzar en la modificación de dichas reglas de explotación”.
En este sentido, la consejera ha advertido que actualmente “no hay más solución que optar al 100 por cien en la desalación en el Levante”, ya que, tal y como ha explicado, si en esta zona de España “se ponen en funcionamiento todas las desaladoras, no necesitan agua del trasvase. Y no entendemos por qué no lo hacen”.
Durante su discurso en defensa del río Tajo, Esther Padilla ha reiterado también que la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha “es muy firme”, ya que “cada vez habrá menos recursos hídricos y hay que trabajar para hacer más eficiente el uso del agua”, ha advertido.
En relación a las declaraciones del presidente de la Comunidad Valencia, Carlos Mazón, en las que ha afirmado que es necesario sentarse a hablar, Padilla ha respondido que “en Castilla-La Mancha estamos sentándonos, estamos hablando y estamos trabajando”. De este modo, ha repetido que ese diálogo tiene que producirse para alcanzar la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura”, situación que, a su modo de ver, “es ineludible y por lo que no se puede seguir mareando la perdiz”.
Ha recordado también Padilla que en febrero de 2023 se aprobó el Plan Hidrológico del Tajo, un decreto que establecía un plazo de un año para hacer una modificación de las reglas de explotación. Cumplido ese año el pasado mes de febrero de 2024, “no tenemos noticia ninguna, y estamos en abril”, a lo que ha añadido de forma tajante que “no estamos dispuestos a seguir esperando de manera injustificada, llevamos haciéndolo ya 40 años”.
Por último, la consejera ha explicado que la cantidad de agua alcanzada en los embalses por las últimas lluvias “es algo excepcional” porque, tal y como ha recordado, vivimos “una emergencia climática de la que todas las comunidades autónomas deben de ser conscientes”, situación que, a su juicio, el Ejecutivo central debe tener en cuenta ya que “el hecho de que tengamos una situación de emergencia y un Gobierno ecologista hace totalmente injustificable que se haya producido un parón en la modificación de esas reglas de explotación”.
