El portavoz del PP denuncia que desde la Diputación se podría estar "vistiendo" como un proceso público algo que podría estar ya cerrado previamente con la propietaria de un local en Mondéjar, localidad donde gobierna el presidente de la institución
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Román García, ha informado hoy en rueda de prensa que el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha decidido por decreto anular el procedimiento de contratación para la adquisición de un inmueble por valor de 310.000 euros para Centro de Innovación y de promoción de las denominaciones de origen. El mismo procedimiento sobre el que el pasado 23 de mayo "este Grupo Popular puso todas las sospechas porque todas las informaciones apuntaban a que podría haberse elaborado un pliego a medida para la compra de un inmueble ya elegido en el pueblo del presidente de la institución provincial, quien parece ser que, desde la Diputación, estaría ‘vistiendo’ como un proceso público algo que podría estar ya cerrado previamente con la propietaria de un local en Mondéjar".
"Esto demuestra de forma palmaria", ha dicho hoy el portavoz del PP, "que el Grupo Popular llevaba razón con todas las dudas que nos habíamos planteado y que habíamos dado a conocer públicamente. El presidente ha venido a reconocer que no se habían hecho las cosas bien, que los interrogantes tenían todo el sentido del mundo y que podía haber algo detrás de este procedimiento de compra, que le ha llevado incluso a anularlo".
Ahora, y ante esta situación, ha dicho García, pedimos a Vega "que no se esconda y que explique públicamente qué está pasando en relación a este procedimiento, qué hay detrás de todo esto y de esta nueva decisión". De hecho, surgen muchos interrogantes y por ello "exigimos transparencia" y que Vega cuente "qué ha pasado para dar marcha atrás, por qué lo interrumpe justo cuando iba a culminarse, si es cierto que el inmueble que nosotros señalábamos estaba elegido por el señor Vega o qué pasa ahora con la oferta que, según se nos dijo, ya se encontraba presentada". Y "lo más importante", ha apuntado el portavoz popular, "qué habría sucedido si el Grupo Popular no ejerce su labor de oposición y plantea los interrogantes que se hicieron públicos".
Román García ha informado también de los pasos dados por el Gobierno socialista de la Diputación, ya que una vez celebrada la rueda de prensa del Grupo Popular el pasado 23 de mayo "recibimos una comunicación de la portavoz PSOE para celebrar una Junta de Portavoces un día después, el viernes 24 de mayo, que, curiosamente, estuvo presidida por el propio presidente con asistencia de la secretaria general, algo totalmente inusual".
En dicha reunión, el propio Vega anunció que "se nos concedía a los grupos políticos un plazo de dos días para la formulación de cuantas modificaciones estimásemos oportunas de los pliegos de condiciones administrativas y prescripciones técnicas", ha relatado García, quien ha calificado esto de "algo insólito pues el procedimiento se publicó en el BOP del 30 de abril, los pliegos se encontraban aprobados e igualmente publicados y desde esa fecha se encontraba abierto el plazo de presentación de ofertas". Además, ha añadido, "se confirmó, a preguntas del Grupo Popular en dicha reunión, que incluso ya existía al menos una oferta registrada".
García ha informado también que en el plazo de esos dos días, el 28 de mayo el Grupo Popular presentó escrito de respuesta argumentando que "no cumplía con el principio de legalidad, es decir, que las normas han de ser anteriores a su aplicación y que el artículo 122.1 de la Ley de Contratos del Sector Público fija que si éstos se quieren modificar lo que procede es la retroacción, es decir, un nuevo procedimiento de facto".
Por lo tanto, desde el Grupo Popular han denunciado que "el presidente nos quería hacer partícipes de una maniobra que consistía en cambiar las reglas del juego con el partido ya en marcha y casi finalizado".
